Este viernes Jaime Martínez Veloz, titular para la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación federal, sostuvo un encuentro en Tetela de Ocampo con cientos de habitantes de la Sierra Norte de Puebla, a quienes les ofreció revisar los permisos que tienen las mineras en esa región.
Lo relevante de esta reunión es que no sólo se trata de la intervención de un funcionario de alto rango, sino que es la primera vez que el gobierno federal muestra cierto interés en atender los conflictos que están generando los proyectos mineros, hidroeléctricos y de gasoductos, cuando siempre ocurría que los tres niveles de gobierno terminaban actuando en contra de las comunidades y a favor de las empresas.
Es deseable que, efectivamente, la intervención del gobierno federal no se limite únicamente a intentar apaciguar temporalmente el ánimo en contra de estos proyectos; se trata de que se haga una real evaluación, y que sea detectado que el enorme rechazo popular a estas obras es consecuencia de la depredación que se causa al medio ambiente, los abusos que cometen las empresas y que al final los beneficios que las corporaciones dejan a las comunidades son insignificantes.
Tiene razón Jaime Martínez Veloz en el sentido de que es indispensable evitar que el conflicto y el malestar que han brotado por estos proyectos acaben en un estallido social. Para ello es necesario que el gobierno federal cambie de actitud y haga caso de los reclamos ciudadanos contra las mineras, pero sobre todo se revise el marco normativo que permite a las compañías de este sector apoderarse de territorios y causar daños ambientales de manera impune.