Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.
Al inicio, la mina extraía sólo plomo y poco después también zinc, oro y plata con el efecto secundario de echar al aire de la ciudad todo tipo de metales y ácidos contaminantes. También era la única fundición polimetálica del Perú, lo que significaba que procesaba todo tipo de metales, también provenientes del extranjero.
Se dice que algunos países procesaron sus metales altamente contaminantes en La Oroya porque era ilegal en sus propios países debido a políticas ambientales. Los circuitos metálicos, primero en manos de una empresa estadounidense posteriormente nacionalizada, fue adquirida por DRP en 1997, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), tras ser privatizada por debajo de su valor con el objetivo de atraer la inversión extranjera al Perú. La empresa empezó a explotar la mina bajo la condición de aceptar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que obligaba a DRP a limpiar la contaminación y cambiar la maquinaria extractora nueva y sustentable. Sin embargo, el PAMA nunca llegó a ser implementado. DRP solicitó tres veces al gobierno peruano posponer la implementación del programa y se declaró oficialmente en bancarrota en el 2009, dejando a la industria, de la que toda la ciudad depende, en añicos.
Sin embargo, DRP dio un paso más y demandó al Estado peruano por US$800 millones basándose en el Tratado de Libre Comercio que Perú firmó con EEUU, vigente desde el 2009. Este tratado coloca el bienestar de la economía sobre todas las otras políticas y por ello el Perú puede ser denunciado debido a que se debe permitir a las empresas estadounidenses operar libremente sin ninguna restricción. Y el PAMA era una restricción y una de las razones por las que DRP cayó en bancarrota, al menos de acuerdo con la versión de la empresa. Expertos afirman que es muy posible que DRP gane este caso.
Trabajadores defienden a empresa
Para diciembre del 2013, la situación se había calmado y ya no se producían enfrentamientos en las calles de la ciudad pero hace algunos años la situación era muy diferente. En vez de implementar el PAMA, DRP invirtió en relaciones públicas. Las comunidades recibieron presentes como semillas y ovejas que mostraron ser insostenibles. Los animales murieron en los años siguientes debido al clima andino que era inapropiado para ellos y los cultivos no pudieron sobrevivir a la lluvia ácida causada por las actividades mineras de la empresa. Los niños recibieron regalos de navidad y se organizaron talleres sobre cómo tener éxito en los negocios o los pasos para crear un negocio, sólo que en La Oroya no había posibilidad de negocio salvo el de la mina. Todos esos regalos, sin embargo, tuvieron el efecto que DRP esperaba. Cuando los problemas con el gobierno empezaron y el PAMA no se había implementado, la mayoría de la población se puso fuerte y defendió a la empresa con huelgas generales y manifestaciones que con frecuencia se tornaban violentas contra ambientalistas y organizaciones no gubernamentales.
Según un poblador que pidió mantener su nombre en reserva, “era como estafar a un niño —te doy un caramelo y te quedas tranquilo (…) La filosofía de DRP es el incumplimiento. En los últimos años fueron condicionando a la población, preparándola para el momento en que necesitara de su ayuda. Cuando DRP necesitaba que ellos se enfrentaran al Estado, todo el mundo era usado y todo el mundo venía en apoyo de DRP. Los trabajadores, sus esposas, todo el mundo llegaba”.
No era un secreto que debido a las actividades mineras, los niños de los empleados y los propios trabajadores desarrollaron graves enfermedades, hasta cáncer. Después de todo, no sólo había plomo en el aire. Otros agentes carcinógenos como arsénico fueron encontrados en 99% de la sangre de niños y adultos del lugar. Mucha gente desarrolló enfermedades a los pulmones y el hígado sin tener problemas de alcohol. Nada crecía en la región y las montañas se cubrieron de un contaminante polvo blanco. Pero para los trabajadores, la prioridad no estaba en dar solución al problema de polución ambiental sino en tener un trabajo para mantener a sus familias y por eso se manifestaban a favor de la empresa, dejando de lado la naturaleza y su salud. Las manifestaciones eran tan intensas que integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) no abandonaban sus casas por temor a resultar heridos o hasta muertos. Una vez, durante una marcha, una persona neutral hizo un llamado contra la violencia y ni siquiera contra la propia minera, pero fue arrastrada por el puente por el pelo y casi resultó muerta si no fuera porque apareció un líder religioso de la ciudad y la salvó. Las manifestaciones aumentaron especialmente después que DRP fue cerrada debido a la supuesta quiebra en el 2009 y los trabajadores de ONGs y ambientalistas se encontraban en permanente peligro. Se produjeron ataques, insultos e intimidaciones hasta de autoridades en cargos públicos. Luego de todos estos años de apoyo total, muchos trabajadores se dieron cuenta que DRP no es sostenible, no sólo ambientalmente sino económicamente, y que al no implementar el PAMA, declararse en bancarrota y demandar al Estado, en realidad ellos mismos estaban contribuyendo a su propia inestabilidad laboral al defender a la empresa.
Maximización del lucro
Aun así, las personas que trabajaron para ONGs están marcadas de por vida, no pueden obtener ningún cargo oficial ni no oficial. La única respuesta que reciben cuando presentan su solicitud para un empleo es “usted ha trabajado en una ONG, por eso no puede trabajar aquí”.
A diciembre del 2013, la ciudad de La Oroya no se ve tan mal. Se ha recuperado gran parte de la naturaleza. Cuatro años de silencio ha tenido un impacto positivo en la naturaleza. Plantas y árboles han comenzado a crecer otra vez y el aire no es tan pesado como antes, como lo señalan pobladores de La Oroya. Aun así, todavía se siente irritación en la garganta luego de un par de horas en la ciudad. Podría ser del humo que sale durante la noche de una de las chimeneas más altas en toda América Latina, cuando es demasiado oscuro para verlo. Los entrevistados, que prefieren mantenerse en el anonimato, no están muy optimistas. Uno de los entrevistados está seguro que el PAMA nunca será implementado ya que DRP ha recuperado su inversión y quiere dejar la planta. La tecnología obsoleta proviene en su mayoría de la década de 1970 y fue poco modernizada. Sólo se realizó una mejora en el circuito de cobre pero DRP avanzó únicamente en 57%, señalando que no terminaría porque el Estado no había cumplido con su parte del contrato. El requisito era limpiar el suelo, pero de acuerdo con las autoridades peruanas esto no podía hacerse porque DRP seguía contaminándolo.
Otro entrevistado no sólo estaba decepcionado por DRP porque “esa es la forma como las empresas mineras trabajan en el Perú”, pero también por el gobierno del Perú. De acuerdo con él, la minería sostenible es posible pero no en medio de corrupción, favoritismo y negligencia absoluta respecto a todos los principios sociales y ambientales a favor de la maximización del lucro. Agregó que DRP probablemente tratará de vender la planta y retirarse, mientras que el Estado una vez más trataría de atraer a La Oroya una empresa implacable, probablemente extranjera, pero llegará sólo bajo la condición de no implementar ninguna política ambiental para ahorrar dinero. Esta empresa chupará la sangre de la ciudad y de los trabajadores y abandonará la operación cuando ya no sea rentable**, dejando La Oroya como un pueblo fantasma ya que sin la industria minera los ciudadanos tendrán que trasladarse a otro lugar. La Oroya podría permanecer como un museo de la contaminación.—Noticias Aliadas.
*Maija Susarina, estudiante de Antropología Social y Cultural en la Universidad Libre de Berlín, hizo su pasantía en Comunicaciones Aliadas durante el segundo semestre del 2013.
**Nota de edición: Tras declararse en quiebra, DRP se encuentra actualmente en liquidación. En abril del 2014 la junta de acreedores de DRP planteó que entre 500 y 600 trabajadores, de un total de 2,800, deberán acogerse a un programa de retiro voluntario para reducir costos. El 9 de junio fue aprobado el plan de venta de los activos de la empresa y se prevé que para diciembre de este año el complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza tengan nuevos dueños.