Por Stefania Summermatter
Minas de La Jagua, escenario de graves conflictos entre la empresa suiza Glencore y los trabajadores.En Colombia la actividad minera ha generado riqueza, pero no para todos. Si las multinacionales mantienen su expansión es a costa de un precio muy alto para las comunidades locales: poblaciones desplazadas, ríos y campos contaminados, sindicalistas silenciados. Violaciones de los derechos humanos que ponen en tela de juicio también a una empresa suiza, misma que niega las acusaciones.
Colombia es el quinto país exportador de carbón en el mundo. De las mineras del norte, esta materia prima es transportada a Europa –sobre todo a Alemania– y utilizada para la producción de energía eléctrica. Las centrales de carbón alemanas proveen en parte a las empresas suizas, que en los últimos años han aumentado sus inversiones en carbón para cubrir las necesidades básicas.
En diversos países europeos la utilización de este combustible fósil se ha topado con la oposición de los ecologistas por la elevada emisión de CO2 que difunde en la atmósfera. Las incógnitas (o los reproches?)vinculadas al carbón no se limitan solamente a las centrales, último eslabón de una cadena productiva, sino que conducen hasta las grandes minas a cielo abierto que han desdibujado el perfil de la cordillera andina.
En países como Colombia, la extracción del carbón ha generado importantes violaciones de los derechos humanos y el deterioro del ecosistema. La denuncia no es nueva: desde hace varios años Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo Suiza Colombia luchan porque las comunidades locales recuperen el beneficio de sus materias primas.
“La situación en el norte de Colombia es particularmente difícil. Durante años esa región ha sido escenario de enfrentamientos entre la guerrilla, las fuerzas paramilitares y el ejército estatal”, explica Alfredo Tovar, sindicalista y obrero de una mina del departamento del César. “Y el precio lo paga sobre todo la población local: familias enteras han tenido que irse o han sido reportadas desaparecidas. Trabajadores, representantes comunales y dirigentes sindicales fueron acallados o asesinados”.
Alfredo Tovar acudió a Suiza para pedir justicia. Reivindica seguros sociales para todos los obreros, normas de seguridad en las minas e indemnización a la población por los daños sufridos. “El impacto medioambiental de la extracción del carbón es enorme: los ríos son contaminados y con ellos también la tierra y el ganado. Esto significa que esos campesinos que vivían de la agricultura y la pesca, ahora no tienen qué comer. Y ello, amén de que de la mina libera una nube negra de polvillo que causa graves problemas respiratorios”.
» El impacto medioambiental de la extracción del carbón es enorme: los ríos son contaminados y con ellos también la tierra y el ganado. Esto significa que esos campesinos que vivían de la agricultura y la pesca, ahora no tienen qué comer «
Alfredo Tovar, sindicalista
Multinacional suiza en punto de mira
En Colombia la extracción de las materias primas es, de hecho, monopolio de un puñado de multinacionales, algunas de las cuales tienen su sede en Suiza. Alfredo Tovar trabaja desde hace años en la mina la Jagua, propiedad de Glencore International AG cuya filial colombiana es Prodeco.
Poco conocida por el gran público, la Glencore International AG tiene su sede principal en el cantón de Zug y el año pasado realizó el volumen de negocios más elevado de Suiza (117 millones de francos), superando gigantes como Nestlé o Novartis. En Colombia controla dos minas de carbón a cielo abierto en el departamento del César y tiene un acceso privilegiado al puerto de Santa Marta (Magdalena).
Acompañado por representantes de ONG suizas y en representación del sindicato colombiano Sintramienergetica, Alfredo Tovar llamó a la puerta de Glencore International AG, sin obtener respuesta. La multinacional es acusada de promover una política poco transparente, hostil a los sindicatos y nociva al medio ambiente.
“No podemos negar que Glencore ha creado puestos de trabajo en Colombia, pero eso no le confiere el poder de violar los derechos de los trabajadores, de obstaculizar la libertad sindical, amenazando o despidiendo obreros que se atreven a levantar la cabeza”, denuncia Alfredo Tovar.
En los departamentos del César y de Magdalena se concentra gran parte de la riqueza del país, pero a menudo los pueblos han quedado sin agua potable, electricidad y servicios sanitarios. “La mano de obra llega sobre todo de otras regiones del país y los beneficios se van al extranjero … mientras aquí sólo quedan contaminación y pobreza. Como empleado de Glencor pido una indemnización para la región por los daños causados y pido respeto a los acuerdos sindicales firmados con los trabajadores”.
No solamente minas
La Glencore International AG se mantuvo sorda al llamado de Alfredo Tovar y las ONG suizas. Declinó también hacer declaraciones a swissinfo.ch. y se limitó a respondernos con un comunicado de prensa –firmado por la empresa Prodeco – en el que dice tener un programa de responsabilidad social y medioambiental.
En sustancia, la multinacional se presenta como el motor económico de la región: no sólo ha puesto a disposición “más de 5.000 empleos (directos o indirectos), 84% de los cuales en los departamentos del César y de Magdalena)”, sino que también ha intentado “mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, mediante la creación de escuelas y otras infraestructuras”.
Con respecto a las acusaciones de violación de los derechos sindicales, la sociedad con sede en Zug aduce actuar “en conformidad con las leyes colombianas que garantizan la libertad de asociación, prohíben el trabajo forzado y garantizan condiciones humanas de trabajo”.
Suiza, mediación sin intervención
Ante la gravedad de las acusaciones, las ONG suizas han solicitado de manera reiterada la intervención de las autoridades suizas. “La respuesta es siempre la misma”, nos explica Stephan Suhner de Ask! Grupo de Trabajo Suiza-Colombia. “Suiza sigue de cerca los debates sobre la industria extractiva en los países del Sur, pero mantiene el máximo de reserva para no inmiscuirse en cuestiones de política interna”. El Ministerio suizo de Exteriores (DFAE) se limita a “invitar a las empresas a atenerse a los principios voluntarios en materia de seguridad y derechos humanos”, sin intervenir.
El portavoz del DFAE, Pierre-Alain Eltschinger, precisó a swissinfo.ch que “Suiza sigue de cerca este caso, en particular en lo que se refiere el respeto de los derechos humanos, y está en contacto regular con la empresa suiza concernida, la Glencore, el sindicato y la ONG colombiana”. Además, prosigue Eltschinger, “la embajada suiza en Colombia busca favorecer el diálogo entre las multinacionales y las organizaciones de defensa de los trabajadores”.
Alfredo Tovar volvió a Colombia sin respuestas. Lo esperaba una región golpeada por años de violencia y ultraje, el miedo a las represalias y la incertidumbre del mañana. En Suiza se quedaron los beneficios de una actividad considerada arbitraria y una advertencia que tiene el sabor de la lucha obrera: “¡El agua no es negociable. La vida no es negociable!”