El vicecanciller Carlos Foradori confirmó en el Congreso que dos análisis oficiales confirman que la minera chilena Antofagasta Minerals, que explota el proyecto Los Pelambres, en Chile, montó parte de un botadero del lado argentino de la frontera y que la zona está contaminada. El primero de esos reportes se realizó en abril de 2014, pero nunca se hizo público.
El «megabasurero» minero tiene 105 hectáreas, la mitad de las cuales están en territorio argentino. Allí Antofagasta Minerals arrojó desde 2007 unas 55 millones de toneladas de residuos potencialmente contaminantes con el aval del gobierno chileno.
Luego de que Infobae publicara una extensa investigación sobre la escombrera, hubo una serie de reuniones en el Senado impulsadas por el legislador Fernando «Pino» Solanas, a la última de las cuales concurrió Foradori.
El vicecanciller contó que en agosto de 2014 se produjo una reunión entre las autoridades de Chile y Argentina, que mantuvieron el conflicto en reserva. Allí se acordó que una comisión bilateral realice una visita a la zona, que recién se concretó el 30 de diciembre de 2015. «En esa oportunidad se volvió a constatar la existencia del botadero o vertedero, sus dimensiones, la presencia de rocas con mineralización de pirita y calcopirita y, también, neumáticos en desuso», informó el vicecanciller.
Y reveló: «Se efectuaron tomas de muestras y los análisis efectuados por el Segemar, el Servicio Geológico Minero Argentino, encontraron niveles de metales considerados nocivos para la calidad de la vida acuática, para la potabilidad humana, para la bebida del ganado y para la irrigación. Esto corroborando resultados de una campaña anterior del Segemar que había tenido lugar en abril de 2014».
Estas declaraciones dejaron al desnudo que el gobierno kirchnerista supo, por lo menos desde abril de 2014, que la zona está contaminada. Y que lo corroboró al año siguiente. Sin embargo, ninguno de los dos análisis está publicado en la página del Segemar hasta el día de hoy.
El tema incomoda a ambos gobiernos. Hasta el momento las gestiones se han limitado al intercambio de algunas notas. Por ahora, sólo se encontró una solución para una porción pequeña del problema: el retiro de 470 neumáticos gigantes, de 3,8 toneladas cada uno, que Antofagasta Minerals arrojó al botadero sin el más mínimo tratamiento ambiental, pese a que son peligrosos para el medio ambiente. No obstante, la actual gestión se ha puesto firme en un aspecto: que se trata de un problema bilateral y no entre empresas privadas, como pretenden instalar desde el Palacio de la Moneda.
Hasta el momento había dos estudios sobre el impacto ambiental de la escombrera: uno que confirma la contaminación y otro que la niega. Este último lo elaboró para la minera chilena la empresa SGS, la misma que trabaja en Argentina para Barrick Gold en Veladero, donde se produjeron reiterados derrames de solución cianurada en los últimos años. A partir de una serie de reuniones entre lobistas chilenos y autoridades del Ministerio de Minería trasandino, Antofagasta Minerals logró que esos análisis sean presentados en la justicia argentina con el timbrado oficial, como si los hubiese realizado el propio Gobierno.
Infobae resumió esas irregularidades en un artículo publicado el 29 julio, a partir de una serie de mails que prueban que el gobierno chileno ayudó a la minera a ocultar su responsabilidad. Quizás para entender el porqué, hay que dimensionar a los personajes involucrados. En primer lugar, Antofagasta Minerals está controlada por el Grupo Luksic, que es el consorcio empresario más rico de Chile. De hecho, la ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por los Luksic. El abogado de la minera, Andrés Jana, es amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos. Y la ex canciller Soledad Alvear, que tenía ese cargo cuando el gobierno autorizó la instalación del «megabasurero», actualmente asesora a la minera. Todos trabajaron en equipo para hacer pasar estudios privados como públicos.
El otro informe lo realizó la consultora URS AECOM por pedido de Glencore, que tiene la concesión de la mina El Pachón, en San Juan, Argentina, a donde fue instalado parte del «megabasurero». Las conclusiones son lapidarias. La más preocupante es que la escombrera va camino a contaminar el río Carnicería, que es afluente del río San Juan. Además, los técnicos detectaron que ya desparecieron algunas lagunas y se secaron vegas, hay menos agua en la zona, se modificó su escurrimiento normal y hay «contaminación por nitrato como nutriente limitante».
Uno de los grandes problemas de todas las escombreras en general es su capacidad de generar drenaje ácido. En este punto, desde Antofagasta Minerals aclararon que si este botadero contamina, todos lo hacen. Y a confesión de parte, relevo de prueba… Pero el estudio de URS AECOM le puso cifras al impacto ambiental en el «megabasurero» de Los Pelambres. Y advirtió que «casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas».
Un ejemplo de la contaminación: en la laguna LC4 que está a unos 200 metros del megabasurero se encontró «un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera». La misma laguna, según el análisis de URS AECOM, «presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna LC5, actualmente semicubierta por la escombrera».
En su Estudio de Impacto Ambiental, la propia minera reconocía que el agua en la zona es «de buena calidad». Además, tenía «una biomasa considerable de flora acuática y macroinvertebrados». Hoy, más de una década después, ya no lo es. Las autoridades lo sabían hace rato. Y la ciudadanía se acaba de enterar.