El municipio de Pungesti y su entorno sufre la represión del Ejército que protege los intereses de la transnacional
Por Samuel Martín-Sosa Rodríguez* / Madrid
“¿A dónde va, abuela? Por aquí no se puede pasar”, dijo el policía antidisturbios. “Voy en busca de mi muerte. Si estáis golpeando brutalmente a la gente de mi pueblo ahí abajo, es ahí donde yo también quiero estar”. Así respondía la anciana María Dediu, palo en mano, cuando a las cuatro de la madrugada del lunes 2 de diciembre intentaba acceder a la zona donde cientos de antidisturbios, traídos desde varias zonas de Rumanía, desmantelaban brutalmente y por sorpresa el campamento de resistencia que los habitantes de Pungesti, al nordeste del país, habían montado el 16 de octubre, en oposición al comienzo de las obras de fracking por parte de Chevron.
Resistencia pacífica
Levantado en el terreno particular de uno de los acampados, el campamento siempre fue pacífico –según defienden los vecinos de Pungesti–, y visibilizaba la fuerte oposición local a los trabajos de perforación que habían comenzado a desarrollarse en un terreno cercano, que había pasado ilegalmente de titularidad pública a ser propiedad del alcalde para poder otorgar la licencia a la multinacional petrolera Chevron. “Vosotros tenéis porras, nosotros las manos vacías”, cantaban ya por la mañana los últimos activistas resistentes del campamento evacuado.
La compañía estadounidense cuenta con varios permisos en Rumanía para buscar gas no convencional mediante la técnica de la fractura hidráulica. Las últimas estimaciones de la Administración de Información de la Energía (del Gobierno de EE UU), publicadas en 2013, sitúan las reservas europeas de gas de pizarra en torno a los 470 billones de pies cúbicos, de los cuales algo más de una décima parte estarían en suelo rumano.
En Rumanía, las promesas de prohibir la fractura hidráulica contribuyeron a la elección del Gobierno actual de Victor Ponta, del Partido Socialdemócrata, en las elecciones de mayo de 2012. Se estableció una especie de moratoria de facto hasta finales de ese año, que sin embargo el nuevo Gobierno no respetó al conceder súbitamente cinco licencias a Chevron y a Shell.
La población ha llevado a cabo desde hace meses protestas masivas y hasta tres referendos en Dobrogea, una de las zonas afectadas en el sureste del país, que han dejado clara la oposición masiva a la actividad. En el condado de Vaslui, donde se ubica Pungesti, se han multiplicado los municipios que se autodeclararon libres de fracking. En Mosna, en el corazón de Transilvania, se levanta desde hace días otro campamento de resistencia contra otro de los permisos de exploración otorgados. Actualmente, gran parte del territorio del país está afectado por permisos para perforar la tierra en busca de gas. Según Alex Summerchild, ecologista rumana, el hombre en la sombra que ha motivado este cambio de opinión en el presidente rumano es Wesley Clark, antiguo general del ejército americano, presentado como un “excelente economista” y principal asesor de Ponta para asuntos de estrategia económica.
Desde el 2 de diciembre se ha instaurado una especie de ‘ley marcial’ en la zona de Pungesti. Existen restricciones para moverse, carreteras de acceso cortadas, vigilancia policial, patrullas de antidisturbios en cada calle, y los vecinos denuncian abusos de autoridad por parte de los policías. Además, el acceso a la prensa fue vetado durante esos días y la mayoría de los actos de represión policial tuvieron lugar durante la noche para evitar las grabaciones con cámaras o teléfonos móviles.
Concentración multitudinaria
Cinco días después del desmantelamiento del campamento, el 7 de diciembre, cientos de personas acudieron a Pungesti desde distintos puntos de Rumanía para mostrar su solidaridad. La valla perimetral del campo de Chevron fue derribada al grito de “Chevron vete a casa” y “Rumanía Estado policial”, incluso hay testigos que aseguran a este periódico que la policía incitó y participó en el derribo. Pero fue entonces cuando los antidisturbios cargaron con dureza, golpeando también a personas mayores y arrestando, sin alegar motivos, a numerosas personas.
Ese día, ya entrada la noche, los antidisturbios sembraron el miedo en el pueblo de Pungesti y entraron en muchas casas sacando a la gente de la cama e incluso propinando palizas y acusando a muchos vecinos de alojar “ilegalmente” a algunas de las personas que habían viajado desde distintos lugares de Rumanía para mostrar su solidaridad, según relatan varios activistas a DIAGONAL. El resto de familias permanecían escondidas a oscuras en sus propias casas, por temor a que entraran los antidisturbios. Entre esa tarde y el día siguiente se produjeron ‘cacerías’ aleatorias por parte de patrullas policiales, que lo mismo propinaban palizas y detenían a personas que se encontraban en una tienda, como a personas que se encontraban en el monte sacando a pastar al ganado. “Puede que no tengamos dinero, pero tenemos agua limpia y salud, y queremos que nos dejen en paz”, declaraba recientemente una habitante de la zona.
Algunos activistas locales comparan la represión con la ejercida por el régimen comunista. “Es la misma situación, sólo que ahora se trata de terrorismo corporativo. El Gobierno vende el país a empresas extranjeras y declara la guerra contra sus ciudadanos”, explica María Olteanu, una artesana que ahora dedica todos sus esfuerzos a luchar contra el fracking. La denuncia de cooptación de las instituciones democráticas por parte de las corporaciones es general estos días entre la población. La puntilla ha sido la decisión la semana pasada de un tribunal que desestimó la demanda interpuesta por los habitantes de Pungesti contra el bloqueo militar que sufre el pueblo. Por su parte, Chevron ha presentado una demanda contra los habitantes de Pungesti por el derribo de la valla.
“Estamos decepcionados con la falta de reacción internacional a la militarización de nuestro pueblo”, apunta Olteanu. Varias organizaciones sociales y ambientales, como Ecologistas en Acción en el Estado español, se han dirigido al Parlamento europeo pidiendo su intervención, sin que al cierre de esta edición se haya producido ninguna reacción. Tampoco la embajada de Rumanía en España ha respondido a los requerimientos de la organización ecologista.
Chevron ha presentado también una demanda en Polonia contra los agricultores que se oponen al fracking y, que bajo la campaña Occupy Chevron, llevan instalados meses en un campo de Zurawlow donde la compañía quiere iniciar las obras sin los permisos. En Lituania Chevron amaga con retirarse si no encontraba facilidades, lo que está motivando reacciones políticas para dar mayor seguridad jurídica a las empresas y facilitar la vuelta de Chevron. Esto contrasta con la campaña de imagen iniciada por Chevron, en la que muestra fotos de personas felices porque la compañía explote el gas de esquisto “con responsabilidad”.
En otros países
Además de lo sucedido en Rumanía y en Polonia, las protestas antifracking han sido reprimidas con dureza en lugares como el Reino Unido, las manifestaciones antifracking han sido reprimidas con dureza, donde la oposición a las perforaciones de Cuadrilla en Balcombe (West Sussex) concitaron el pasado verano una de las mayores luchas contra este método, y una de las mayores protestas en décadas en este país. Pero no sólo en Europa; en otras partes del mundo la oposición al fracking ha generado importantes movilizaciones, como es el caso de New Brunswick, en Canadá, o de Neuquén en Argentina.
*Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de Internacional de Ecologistas en Acción