Busca acomodar la actividad minera a lo que determina la Ley 7722. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, busca desmitificar la explotación no metalífera y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
El 17 de diciembre de 2015, hace un mes, la Suprema Corte de Justicia le puso punto final (y por goleada) al largo conflicto entre mineros y ambientalistas por la constitucionalidad de la ley 7.722. Hoy, con las reglas claras, el Gobierno provincial intenta desmitificar la actividad y avanzar con iniciativas que si cumplen la legislación vigente.
El fallo de la Suprema Corte clausuró la posibilidad de desarrollar proyectos metalíferos que utilicen productos químicos como el cianuro en la provincia. Sin embargo, eso no significa que se le haya firmado el certificado de defunción definitivo a la actividad.
“El término minería se ha estigmatizado, pero la minería tiene 3 grados y el que no se puede hacer es únicamente el metalífero”, deslizó Humberto Mingorance (foto abajo), secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, en diálogo con Radio Andina.
“El resto de las actividades mineras si se pueden hacer, están dentro de la ley siempre y cuando cumplan con todos los controles ambientales. Hay un montón de actividad minera que hoy no se hace y se podría hacer, porque es legal y no impacta en la ley 7.722, un montón”, destacó el funcionario, quien asumió en su cargo prácticamente al mismo tiempo que la Suprema Corte resolvió a favor de la famosa “ley antimenera”.
Así, desde Ambiente están recibiendo y buscando proyectos no metalíferos que cumplan la legislación vigente. Algunos, como Hierro Indio, podrían mutar para cumplir con la legislación, ya que no utiliza necesariamente sustancias prohibidas, pero antes de comenzar a operar debe pasar nuevamente por la Legislatura provincial.
De esta manera, ahora que las reglas de lo prohibido y lo permitido están claras en Mendoza para la actividad minera, el Ejecutivo intenta conseguir la licencia social para avanzar en proyectos que están permitidos por la ley. Uno de ellos es el archiconocido Vale, en Malargüe, donde el cambio de Gobierno y, sobre todo, la modificación del paradigma económico nacional generan optimismo en el Ejecutivo.
“Uno de los proyectos que estamos tratando de reimpulsar es justamente Vale, pero no depende de nosotros exclusivamente. La empresa brasilera deberá decidir qué destino le dará a ese proyecto. Nosotros vemos con muy buenos ojos la reactivación de Vale, pero obviamente repasando todo el proceso de impacto ambiental como corresponde”, agregó Mingorance.
La realidad indica que Vale no es el único proyecto que quedó trunco en Mendoza: la minera San Jorge también pretende explotar una mina en Uspallata, si bien la ley 7.722 le permite utilizar el sistema que necesitan. Ante esto, la idea del empresariado de sacar las piedras de Mendoza y realizar el proceso de extracción en San Juan no tiene el aval del Ejecutivo: “No lo estamos estudiando, no nos parece conveniente”, destacaron desde la nueva gestión.