El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, firmó la resolución, en la que trabajaron tanto el Ministerio de Minería como Fiscalía de Estado, y que fue comunicada a la Justicia Federal, a la minera Los Pelambres, a la Cancillería y a la Secretaría de Minería de la Nación, suspendiendo un cuestionado acuerdo para «aislar» el basurero tóxico que Minera Los Pelambres alojó en esa provincia. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que interpretan que la compañía no tiene ninguna intención de sacar las 52 millones de toneladas de rocas y que sólo hará la tarea de mitigación.
En el Gobierno dicen que exigirán el cumplimiento de medidas precautorias ante las autoridades que corresponda, aunque no revelaron la estrategia a seguir.
El gobernador Uñac se esmeró en no enojar a la megaminera chilena diciendo que “se rompió el acuerdo con (la minera) Pelambres, con mucha prudencia y sin que esto implique ningún tipo de confrontación, debido a que hay un error de interpretación por parte de la minera. El convenio venía solamente a ser una medida precautoria ambiental, mientras tanto se lograba una solución definitiva a través de la vía judicial y de Cancillería, que es la restitución de las cosas a su estado anterior, es decir el retiro de los neumáticos y los escombros».
“Leyendo, de acuerdo a las expresiones de quien representa la empresa minera Los Pelambres, quien manifiesta que el aislamiento ambiental y las demás medidas del acuerdo constituyen una solución definitiva, y coincidiendo con el Fiscal de Estado y el ministro de Minería de San Juan, he decidido decretar la baja del acuerdo e instruir medidas en el orden judicial y administrativo, principalmente tendientes a preservar el cuidado del medio ambiente”.
En la Provincia señalaron que los dichos del directivo desvirtuaron el convenio, ya que si bien se estableció el aislamiento de la llamada escombrera Cerro Amarillo, se dejó asentado que era una tarea a realizar de manera inmediata para evitar una mayor contaminación y aclaraba que el retiro de los residuos estaba sujeto a una definición de la Justicia o la diplomacia entre ambos países. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que interpretan que la compañía no tiene ninguna intención de sacar las 52 millones de toneladas de rocas y que sólo hará la tarea de mitigación.
Todo se desencadenó a raíz de la entrevista que le concedió Veloso a este medio, en la que ante una repregunta sobre si iban a retirar la escombrera, respondió que “nosotros lo que creemos que corresponde es efectivamente realizar este aislamiento de la instalación”.
En el Gobierno no ocultaron el desencanto, ya que dicha medida tenía como objetivo una solución ambiental y precautoria, hasta tanto se resolviera la remoción, ya sea por la vía judicial o diplomática. De hecho, San Juan siempre apuntó a que le sacaran la basura de su territorio.
El Ejecutivo había firmado este año el acuerdo con Los Pelambres, en el que se fijaron acciones de mitigación, las cuales se sumaron a las que se habían dispuesto el Juzgado Federal Nº1 en una cautelar. El caso llegó a esa instancia tras una demanda de Glencore, la empresa que planea explotar Pachón en Calingasta, debido a que la escombrera fue armada en su área de trabajo. La Provincia se hizo parte del pleito y surgió el convenio, en el que se imponían medidas urgentes como el retiro de casi 500 neumáticos, la instalación de una geomembrana y la construcción de un canal en la base de la escombrera para contener y tratar las aguas de lluvia y deshielo.
Pero el propio Uñac había mostrado su voluntad de suspender el convenio en el caso de que hubiera otro superador. ¿Cuál sería?
Según se había informado ya en la gobernación sanjuanina, Sergio Uñac le envió una carta a la canciller Susana Malcorra expresando que si las gestiones con su par chilena alcanzaban un acuerdo para que las más de 500 toneladas de roca estéril y cerca de 600 neumáticos de gran tamaño sean quitados del territorio nacional, San Juan suspendería el acuerdo alcanzado con la minera Pelambres en el marco de una medida cautelar que tramita en el Juzgado Federal de San Juan, por el cual, hasta tanto la causa judicial determine qué hacer con la escombrera, se puedan evitar sus efectos contaminantes.