En la mañana del día jueves 11 de agosto del presente año, un operativo militar procedió a desalojar a los habitantes de la comunidad de Nankims al sur de la Amazonía ecuatoriana. Este hecho ocurrió debido a que el Estado ecuatoriano concesionó este territorio para explotar el proyecto de cobre denominado Panantza San Carlos a la empresa Corriente Resources, ahora propiedad de las empresas transnacionales chinas CRCC y Tonling.
Previo a este operativo militar, los hostigamientos, las amenazas de desalojo realizadas por la fuerza pública junto con la empresa minera y autoridades de gobierno, han sido constantes para los indígenas Shuar de Nankims, quienes finalmente fueron desalojados sin siquiera haber recibido notificación alguna.
Resulta inaudito que en el país pionero en elevar a nivel Constitucional los Derechos de la Naturaleza, el Derecho a la Resistencia, el Derecho Humano al agua, entre otros, se utilice a las Fuerzas Armadas con el objetivo de desplazar a comunidades campesinas e indígenas, para imponer megaproyectos mineros que generan contaminación, violación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.
El proyecto Panantza-San Carlos está ubicado al sur-este del Ecuador, en la provincia amazónica de Morona Santiago, en la que se encuentran la mayor parte del territorio del pueblo Shuar, históricamente conocido como “el pueblo de las cascadas sagradas”.
Este proyecto minero está bajo control de ExplorCobres S.A (EXSA), empresa minera subsidiaria de Corriente Resources Inc., de capital chino aunque registrada en Canadá; la misma que es titular de las trece concesiones que conforman el “Proyecto Panantza-San Carlos” cuya superficie abarca 14.000 hectáreas ubicadas en los cantones Limón Indanza (parroquia San Miguel de Conchay) y San Juan Bosco (parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón), en la provincia de Morona Santiago. Estas mismas empresas controlan el proyecto Mirador, conocido por los lamentables atropellos cometidos contra pobladores de Zamora Chinchipe, donde también hubo desplazamiento violento.
El proyecto Panantza-San Carlos pretende explotar un yacimiento de 3.200 hectáreas con cobre, oro y molibdeno. Para ello, la empresa proyecta construir dos minas a cielo abierto en las que procesará 90.000 toneladas de cobre al día, generando grandes cantidades de desechos, utilizando miles de litros de agua cada día. El proyecto tiene una vida útil de 21 años, en los que se extraerá de la tierra un total de 678 millones de toneladas de mineral procesado. Al finalizar las operaciones, la empresa propone que las dos minas a cielo abierto se llenen con agua dulce.
Recordemos que para el proyecto Mirador que es menos de la mitad del proyecto Panantza-San Carlos, se calculó que solo en 54.000 mil toneladas extraídas, la cantidad de desechos al cabo de 17 años llegará a los 325 ́000.000 de toneladas, unas 4 veces el volumen del Cerro Panecillo de Quito.
Violaciones cometidas
La empresa de capitales chinos a cargo de este proyecto ha violado el derecho a la consulta, consagrado en el artículo 57.7 de la Constitución Ecuatoriana, en los artículos 6 y 15.2 del Convenio 169 de la OIT, y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental al proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, cuando estaba vigente otra normativa constitucional, otra legislación minera, y distinta legislación ambiental. Es incomprensible que la principal institución del Estado encargada de vigilar la preservación del medio ambiente del país se haya valido de un estudio sin consistencia jurídica para otorgar licencia a una operación de semejante envergadura, que genera enormes impactos. Todo esto fue corroborado por la Contraloría General del Estado desde febrero del 2010, institución que también concluyó que en este proyecto se incumplió el mandato minero.
El proyecto Panantza-San Carlos afecta a múltiples comunidades de al menos 10 Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, al igual que a numerosas familias campesinas. En la zona de influencia del proyecto están los Centros Shuar Kupiamais, Waakis, Ayantás, Piunts, que pertencen a las Asociaciones Shuar Bomboiza y Arutam. En esta zona se encuentran fincas y recintos campesinos: Rocafuerte, Santa Rosa, La Delicia, San Miguel, La 27 y otros.
La entrada inconsulta de esta empresa minera ha generado una serie de conflictos que han derivado en criminalización contra las comunidades indígenas y campesinas de este territorio.
Frente a estos acontecimientos:
Alertamos al gobierno ecuatoriano sobre la gravedad de sus acciones u omisiones, y de su responsabilidad sobre la inevitable violación de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, así como de los crecientes conflictos socio ambientales que podría provocar la explotación del mencionado Proyecto Minero, exhortamos al Estado ecuatoriano a revertir la decisión de esta apertura minera.
ACCIÓN ECOLÓGICA
Más información: mineria@accionecologica.org