Por: Humberto Campodónico
En los últimos días, la prensa internacional ha informado acerca del plan de inversiones de Antamina por US$ 1,288 millones. Como se sabe, este plan incluye reinversiones por US$ 900 millones, las que no pagarán impuesto a la renta (IR), debido al convenio de estabilidad tributaria que la empresa firmó bajo Fujimori en 1999 (ver Antamina: reinvirtiendo con nuestros impuestos, www.cristaldemira.com, 23/11/2009).
El no pago del IR implica que Sunat dejará de recaudar US$ 270 millones (900 millones x 30%), lo que afectará en 50% al gobierno central y en 50% a la Región Áncash (gobierno regional y gobiernos locales). Eso desató importantes movilizaciones en toda la Región.
Hemos dicho en esta columna que ese incentivo tributario fue derogado en setiembre del 2000 porque ya no estamos en 1990-91 y por su alto costo fiscal. Si bien todavía rige para Antamina debido al convenio de estabilidad, la actual coyuntura de altos precios hace innecesario que la empresa lo utilice.
Miren, si no, lo que acaba de declarar Greg Waller, vicepresidente de Teck (empresa canadiense que tiene el 22.5% de Antamina): “El proyecto se financiará con el propio flujo de caja de la empresa. Agregó el Sr. Waller que Teck no invertirá “cash”, sino que solo reducirá la distribución de utilidades en una cifra no mayor a US$ 100 millones en los próximos dos años” (13/1/2010, http://www.tcetoday.com/tcetoday/NewsDetail.aspx?nid=12424).
En cristiano, el Sr. Waller dice que de ese mismo cuero saldrán las correas. Claro que sí. Antamina ha tenido utilidades superiores a los US$ 1,000 millones anuales del 2006 al 2009 (en total US$ 6,320 millones). Y las seguirá teniendo, pues los precios del cobre y del zinc siguen altos. Así, la inversión se iba a hacer de todas maneras, con o sin incentivo tributario (para ellos, un ripio).
Así, la reinversión, que se hará en cuatro años, del 2010 al 2013, se financiará con el flujo de caja. Lo mismo sucederá con los US$ 388 millones adicionales del total del plan de inversión. No solo eso. Antamina seguirá teniendo utilidades netas todos esos años, las mismas que “solo se reducirán en algo”. ¡Qué bonito negocio! No queda duda de que la empresa ha logrado un faenón para sus accionistas (no para el Perú), que es legal, pero no legítimo.
El problema aquí tiene que ver solo en parte con las empresas, que siempre van a buscar maximizar sus utilidades. El otro lado del problema –el principal– es que el actual gobierno no le ha planteado a la empresa, en ningún momento, sentarse a la mesa para discutir la repartición de las sobreganancias por los extraordinarios altos precios de los minerales. Por eso aceptan, sin mover una ceja, no recaudar US$ 270 millones que podrían invertirse en educación, salud e infraestructura.
No solo eso. El premier interpuso sus “buenos oficios” para que el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, que al principio objetó el programa de reinversión, también lo acepte. La empresa le aseguró a Álvarez que cubriría cualquier “faltante” que se presentara en los programas de inversión de la Región y de las municipalidades en los próximos años por el menor pago del IR.
La cuestión es que en Áncash quizá no falte dinero porque, de un lado, hay excedentes acumulados del canon de años anteriores y, de otro, que Antamina seguirá teniendo utilidades, por lo que va a haber poco o ningún “faltante”.
Pero aun si lo hubiera (y la empresa lo cubre), el problema central es, repetimos, que el Estado peruano no asume la responsabilidad que le corresponde: aprovechar los beneficios que generan los precios extraordinarios de los recursos naturales, que son de la Nación. No lo hace con los contratos pasados y tampoco modifica la legislación para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y la oposición? Bien, gracias.