La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano proteger mediante medidas especiales la vida y la integridad de la familia Chaupe pero son las fuerzas de seguridad pública las que se encargan de hostilizarla hasta el cansancio.
El viernes 8 de agosto, mientras se efectuaba una conferencia de prensa en el Congreso de la República para exponer la crítica situación de 46 personas protegidas por la medida cautelar (1), Roció Silva Santisteban informó a los presentes que en esos mismo instantes, un contingente policial se hallaba en su predio rural, hostilizándola, para que lo abandone.
Como lo han confirmado numerosos testimonios los efectivos policiales de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) se encuentran en las zonas de conflicto en Cajamarca no para servir al Estado y a los ciudadanos.
Los efectivos policiales uniformados están al servicio de la minera Yanacocha que mediante contratos secretos e ilegales los ha vuelto en la práctica mercenarios, según un informe presentado en las Naciones Unidas (2).
El viernes 8 de agosto los ronderos de Cajamarca y los miembros de la familia Chaupe -que no vinieron a Lima para resguardar su propiedad- recibieron la solidaridad de diversos congresistas que por cumplir su compromiso de servir al pueblo y no a las empresas han terminado distanciados de la bancada parlamentaria oficialista.
Los congresistas Jorge Rimarachín y Verónika Mendoza, recibieron a la senadora Laurecen Cohen, del parlamento Francés, quien desde el 2012 sigue de cerca el conflicto, con organizaciones solidarias de Perú y Francia.
Luego de visitar el área en conflicto Cohen confirmó que “Yanacocha es un Estado dentro del Estado” y que el proyecto minero Conga “tendrá efectos desastrosos para el medio ambiente, un bien común de la humanidad”.
“Estoy indignada por lo que he visto en Cajamarca. He visto las tranqueras de la empresa impidiendo el paso por caminos ancestrales. He visto las presiones para despojar de sus tierras a la familia Chaupe. He visto cómo se le trata, como si fuera un criminal solo por defender el derecho al agua, a la vida” expresó.
Laurecen Cohen se preguntó si deberíamos actuar como si no pasara nada, cuando Perú será sede de la cumbre climática COP 20 y su país, Francia, sede de la COP 21.
La senadora francesa informó que las inversiones de su país en el Perú se han incrementado en un 50 por ciento según un reporte de 2013 y manifestó que no se puede ser indiferente a los conflictos socio ambientales en este país.
Anunció que insistirá ante el ministro de Relaciones Exteriores de su país entre otras instancias a fin de estar vigilantes ante este proyecto minero.
El golpe de la indiferencia
El numeroso grupo de ronderos que arribó a Lima a fin de difundir las conclusiones del Primer Encuentro Internacional de los Pueblos Guardianes del Agua y de la Madre Tierra (3) nunca imaginó el nivel de indiferencia burocrática de la instancia oficial encargada de proteger su vida e integridad.
Luego de muchas horas de viaje, de acudir raudos al Congreso -algunos sin desayuno- para la conferencia de prensa y luego salir con apuro -sin almorzar- para llegar a la cita de las 3 de la tarde con el procurador público Luis Huerta, se hallaron de cara con la frialdad del Estado.
El procurador especializado supranacional de la República hizo esperar una hora y media a la comitiva de diecisiete personas con el argumento de que no podía recibir a todos juntos por cuestión “de seguridad”.
Al procurador se le ofreció un espacio en el Congreso de la República para sostener una reunión en un espacio amplio con la mayoría de beneficiarios de la medida cautelar pero este rechazó el ofrecimiento por lo apretado de su agenda.
La comitiva rondera estuvo acompañada por dirigentes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas – que interpuso la medida cautelar -, de las abogadas del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) y Grufides, y Rocío Silva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Los cuatro beneficiarios de la medida cautelar (3) presentes en la comitiva abundaron en detalles al exponer los continuos maltratos, detenciones arbitrarias y amenazas que sufren a pesar de la medida cautelar.
La abogada de la familia Chaupe describió con detalles el drama permanente en que vive Máxima Acuña, Jaime Chaupe y los hijos de ambos. Además del acoso de la empresa y la Dinoes la propia fiscalía admite a proceso denuncias arbitrarias de la empresa Yanacocha que además de injustas son irregulares debido a que sustentan el mismo motivo.
La celeridad institucional pública para obrar contra los Chaupe no es la misma cuando ésta solicita garantías. Han pasado tres meses desde que lo han hecho y aún no reciben respuesta.
Vecinos influenciados por la empresa contribuyen al clima de zozobra y discriminación hacia la familia Chaupe. No pueden llegar a su hogar sin recibir improperios. Las amenazas por teléfono son una constante que nadie investiga.
Incluso las únicas dos empresas de transporte público que los acerca a su hogar no quiere recoger a los miembros de la familia, obligándolos a caminar muchas horas.
Luego de las frías y displicentes respuestas del procurador Luis Huerta cuya labor -al parecer, por lo expuesto- se reduce a cursar oficios a las “entidades correspondientes”, por los “canales pertinentes” para que actúen “según corresponda” el rondero Manuel Ramos humanizó el diálogo al pedir que no se olviden de él cuando sea asesinado por desconocidos.
Abatidos por la ineficacia burocrática que no asimila que la medida cautelar exige medidas especiales, extra ordinarias debido a que los canales institucionales no funcionan, los ronderos confirmaron su percepción de que el poder de Yanacocha no es solo en Cajamarca sino en todo el Perú.
Finalmente, el procurador Luis Huerta admitió que en el Perú “estamos lejos de los estándares idóneos en materia de derechos humanos” y prometió insistir en requerir a las diversas instancias el compromiso de sus obligaciones.
Cabe destacar que es la primera vez que se produce un diálogo entre los beneficiarios de la medida cautelar y el representante del Estado peruano a pesar que la medida se otorgó el 5 de mayo de 2014 y que las acciones a adoptarse debieron ser concertadas entre el Estado peruano y los beneficiarios.
Los beneficiarios invitaron en dos ocasiones al procurador para concertar las medidas en Cajamarca sin recibir su visita. Recién entonces tomaron la iniciativa de enviar sus propuestas para concertar acciones.
En esta oportunidad, frente a frente, cara a cara, el funcionario respondió que respondería a través de la CIDH.
Ante la pregunta de la abogada Zulma Villa sobre si esa respuesta implica descartar el concertar las medidas de manera directa con los beneficiarios, Luis Huerta afirmó que no descartaba esta posibilidad en algunos aspectos donde podría hacer coincidencia.