La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
Ayer me encontré con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a analizar la constitucionalidad de la Ley Minera y su posible aplicación cuando las concesiones afecten los derechos de las comunidades indígenas. Van a retomar su competencia para revisar un amparo promovido por la comunidad me’phaa (tlapaneca) de San Miguel del Progreso, ubicada en el municipio de Malinaltepec, en la región de la Montaña de Guerrero.
Esta comunidad presentó en julio de 2013 una demanda para ampararse contra el otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, con el argumento de que éstas violaban la Constitución (particularmente el artículo 2), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana de Derechos Humanos. En marzo de 2014 la Secretaría de Economía (órgano que otorgó las concesiones) presentó un recurso de revisión negando, entre otras cosas, la existencia del derecho a la consulta previa, libre e informada.
A finales de junio de 2014, el juez tercero auxiliar de la séptima región con sede en Acapulco, concedió el amparo a la comunidad, quedando así sin efecto las concesiones en cuestión. Desde entonces, las autoridades de San Miguel del Progreso solicitaron a la SCJN que determinara la constitucionalidad de la Ley Minera desde la perspectiva de los derechos indígenas. Finalmente, antier decidió la SCJN reasumir su competencia para conocer el amparo.
Me parece muy buena noticia que por fin la SCJN le vaya a entrar al tema, pues son muchas las zonas indígenas del país que están enfrentando el peligro de que las empresas mineras invadan su territorio, con todas las consecuencias que eso tendrá para ellos, y son muchos pueblos los que están luchando abiertamente, de distintas formas, contra esa invasión.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
El hecho de que la SCJN analice el asunto podría sin duda resolver los conflictos que hay ahora y los que vengan, pero más allá de eso, el fallo en este tema podría definir el futuro de muchos de los pueblos indígenas de México. Si resuelve en contra de los derechos de estos pueblos, varios estarán en peligro de desaparecer, pues tarde o temprano serán expulsados de sus territorios por las empresas del ramo en cuestión. Esperemos que la resolución sea positiva, para que por lo menos se lleve a cabo la consulta previa, libre e informada en cada caso y sean los pueblos los que decidan sobre su futuro.
Por cierto, hablando de leyes relacionadas con los pueblos indígenas, seguimos esperando la tan mentada “armonización legislativa”, así como la ley para la consulta, mismas que ofreció la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México hace ya un año, pues no es solamente la Ley Minera la que presenta problemas de incompatibilidad con los derechos de los pueblos originarios, plasmados tanto en la Constitución como en el Convenio 169 de la OIT.