Hay una mina en Guatemala que ha sido de especial atención para políticos y empresarios extranjeros que presumen de su potencial y que al mismo tiempo ha dejado una estela de violencia, criminalización y contaminación en las comunidades en la región nor-oriente del país. Se trata de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que tras muertes en su propiedad, violaciones sexuales, privilegios fiscales y dudas sobre la consulta a comunidades mayas q´eqchíes, ahora tiene un expediente abierto en la Corte Suprema de Justicia donde se discute su continuidad. Esta es su historia reciente.
Capítulo 1: El pasado de la mina como argumento para su futuro
En la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia hay un nuevo debate sobre minería. El 17 de septiembre de 2018, doce magistrados escucharon los argumentos de los abogados de la mina CGN y su planta procesadora de níquel Pronico, y de empresarios y pobladores de El Estor, departamento de Izabal. De un lado un grupo pedía el cierre de la mina, del otro, la continuidad.
Lo que se disputa en este amparo es que, según los comunitarios, el Estado debió realizar una consulta en el año 2006, cuando el Ministerio de Energía del gobierno de Óscar Berger, renovó la licencia de explotación minera de la CGN para el proyecto Fénix, 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas equivalentes a casi 36 mil campos de fútbol dedicados la extracción de níquel en el municipio de El Estor, un territorio donde habitan comunidades indígenas q´eqchíes.
Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).
Para defender la continuidad de las operaciones, los abogados de la CGN utilizaron dos argumentos. El primero, sin un sustento documental, es que, en los años 70, los entonces dueños de la mina supuestamente realizaron una consulta comunitaria. De ser así, lo habrían hecho tres décadas antes de que Guatemala incluso ratificara el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el que regula el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre megaproyectos que puedan afectar su entorno.
Su segundo argumento es el derecho al trabajo.
– Sí se hizo una consulta (comunitaria) en 1970 cuando la minera empezó a operar para Exmigua. Si se suspenden las operaciones, se estaría violando el derecho al trabajo de los empleados de la mina y también el de sus proveedores, dijo el abogado de la CGN, Óscar Fernando Scheel, en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia.
Los argumentos de la contraparte también inician en los años 70.
Rafael Maldonado, abogado que representa a las comunidades que piden la suspensión de la mina por falta de consulta a los pobladores indígenas, recordó a los magistrados que en esos años, diputados y académicos fueron atacados a tiros, asesinados y exiliados por su oposición a las operaciones de la mina.
En esa época el poder político de Inco/Exmibal era tal, que en 1962 sus dueños sugirieron al gobierno de Idígoras Fuentes que aprobara una nueva ley de minería que redactaron abogados contratados por la compañía, con el argumento de estimular las inversiones en Guatemala.
El nuevo código de minería se aprobó en 1965, con Enrique Peralta Azurdia como presidente. El libro Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder, detalla que ese código fue la base para que meses después el gobierno de Carlos Arana Osorio le diera a la mina el permiso para explotar, por 40 años, 410 kilómetros de tierra entre Izabal y Alta Verapaz.
La relación entre la minera y esos gobiernos se puso bajo la lupa a finales de los años 60, cuando el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) la creación de una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. El resultado de las investigaciones fue muerte y exilio.
Presidía la comisión Rafael Piedrasanta Arandi, entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac; los otros miembros eran Óscar Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques cuatro meses antes de que Arana tomara el poder y que la minera obtuviera los permisos del gobierno.
En artículos de opinión publicados en 2004, Bauer Paiz contó cómo fueron los ataques:
“Varios de los profesionales que habíamos asumido la responsabilidad ciudadana de oponernos a esa concesión a EXMIBAL, fuimos víctimas de atentados: el primero, el abogado Julio Camey Herrera, quien fue asesinado; luego a mí se me quiso secuestrar y al resistirme fui acribillado a balazos y, milagrosamente sobreviví. También fue víctima de secuestro el economista Rafael Piedrasanta Arandi, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC, quien pudo evadir esa acción criminal y tuvo que salir al destierro. Fue cruelmente asesinado el doctor en Derecho, Adolfo Mijangos, a pesar de su condición de incapacitado motriz”.
Bauer Paiz escribió que las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución, sino un gobierno de facto y que el Código de Minería fue hecho a la medida de los intereses de Inco-Exmibal.
“(…) Las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL: la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es una casaca hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices”.
También recordó que entre las preocupaciones de la comisión de la USAC estaba la necesidad de derogar el código minero y que se replantearan las condiciones de la concesión, ya que en el proceso de extracción de níquel Guatemala aportaría otros servicios como carreteras, agua, vigilancia y protección para la empresa. Además, denunciaron que la compañía usaría la mayor parte de un muelle que le costaría al país más de 6 millones de dólares y la falta de controles adecuados a las operaciones de la empresa, especialmente con relación a la cantidad de mineral extraído y qué metales contenía.
Los problemas que la Comisión detectó en 1970 siguen vigentes. Guatemala quedó en desventaja frente a la concesión minera y la relación entre los gobiernos militares e Inco-Exmibal, dejó abierto el camino para que se propiciara un “desarrollo hacia afuera y nocivo para el país”, escribió Bauer Paiz en el 2004.
La extracción de níquel en Guatemala tiene un origen oscuro y sus recientes operaciones han dejado un rastro de conflictividad y violencia en El Estor. Sus dueños ahora son otros y el amparo de las comunidades para que se suspendan las operaciones de la mina no es la única batalla legal de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Desde los años sesenta las operaciones de la mina han recibido apoyo del Estado de Guatemala. Se repiten los patrones de los beneficios de los gobiernos para la empresa, así como la represión a quienes cuestionan o fiscalizan sus operaciones.
Capítulo 2: Dueños de Canadá, Suiza y Rusia
En 1982 Inco-Exmibal se retiró del país. El cierre de las operaciones de la mina sucedió cuando el gobierno intentó aumentar el porcentaje de las regalías de 1% a 5%.
La tensión en El Estor volvió en el año 2004, cuando la compañía canadiense Sky Resources-Hudbay Minerales, compró las acciones de Inco e inició las gestiones para renovar la licencia de explotación minera por 40 años más.
En el 2006, el Ministerio de Energía —a cargo de Luis Romero Ortíz Peláez—, renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas. Ese año la conflictividad en El Estor llegó a un nuevo punto: los comunitarios reclamaban ser propietarios de espacios de terreno donde la mina quería operar y el gobierno ordenó desalojos que terminaron en quema de casas de los agricultores y violaciones en grupo a mujeres q´eqchíes.
En 2011, la CGN cambió de dueño. En esa transición tres jóvenes universitarios murieron en las instalaciones de la mina. En marzo del 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle se encontraban en el lugar haciendo un monitoreo de cocodrilos del Río Dulce. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente, en distintos puntos y con golpes extraños. Sus padres buscan justicia y que se esclarezca su muerte.
El consorcio suizo Solway Investment Group adquirió la mina por US$170 millones. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico. Es dueña de mineras que extraen metales que no tienen hierro en su composición química. Está registrada en Suiza, su matriz está en Malta y tiene proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Solway está registrada en Suiza y su casa matriz se encuentra en Malta. En su ficha de identificación menciona a sus tres directores. El presidente es Dan Bronstein, de nacionalidad alemana. Los otros dos son Denis Gerasev, de nacionalidad israelí, y Alexey Tsvetkov, de nacionalidad rusa. El director de la matriz en Malta es Aleksandr Bronstein.
Dan Bronstein, el presidente de Solway, llegó a la compañía en el 2000, cuando comenzó a trabajar para la compañía Romtrade Group como jefe del departamento de Fusiones y Adquisiciones, donde reorganizó las funciones y activos de Solway. También es miembro del Consejo Asesor de NR Growth Consulting, una firma de inversiones fundada en agosto de 2006 con sede en Moscú.
Capítulo 3: El interés de Rusia en Guatemala
Además de comprar la Compañía Guatemalteca de Níquel, Solway asegura en su página web que desde el 2001 han invertido US$600 millones en la mina, especialmente para crear la Planta Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), a través de la cual convierten el mineral húmedo de las montañas de El Estor, en ferroníquel, un material que contiene dos partes de hierro y una de níquel y que es utilizado como producto final en industrias que, principalmente, producen acero inoxidable. La empresa vende a compañías de construcción, ingeniería, transporte, metalúrgicas y electrónicos.
El níquel de Guatemala parece ser muy apreciado en el mundo. Solway describe el mineral que extraen del proyecto minero Fénix (CGN) como uno de los 10 más ricos y puros del mundo, y por ser un yacimiento de gran potencial en tamaño y calidad representa “un hito importante” en su estrategia para convertirse en uno de los cinco principales productores de níquel del mundo.
Para lograrlo, en Guatemala tuvieron el apoyo del gobierno. El 30 mayo del 2014, cuando reinauguraron la planta, junto con los gerentes de la compañía, sonriente, estaba el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Días antes, el 7 de marzo de 2014, los ministros Sergio de la Torre (Economía), Erick Archila (Ambiente) y Mauricio López Bonilla (Gobernación) viajaron a Londres para reunirse con representantes de Solway y 9 grandes compañías más para explorar oportunidades de comercio e inversión.
El 26 de marzo de 2015, Serguéi Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se reunió con Otto Pérez Molina. El periodista australiano John Helmer, basado en Moscú, escribió que la visita habría tenido como fin, intervenir por las inversiones rusas en el país y por los propietarios de Solway.
Pérez Molina dijo que, en la visita del canciller ruso, “se habló del comercio, ya que en Guatemala una de las empresas más grandes es de origen ruso, que se dedica a la extracción de níquel”.
En su visita Lavrov se reunión con sus homólogos de Centroamérica y pidió que Rusia fuera un miembro observador extrarregional del Sistema de Integración Económica y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Otros países observadores son Alemania, Australia, Taiwán, Francia, etcétera. Lavrov dijo que Centroamérica y Rusia tienen una “estructura de exportaciones afín”, por lo que deberían unir esfuerzos para aumentar los intercambios y optimizar la logística.
Meses después, en noviembre de 2015, mientras en el Congreso se aprobaba el presupuesto del Estado, diputados del Partido Patriota y Líder, propusieron aumentar el pago de regalías por actividades mineras, de 1% al 10%, pero no para todos los minerales. El níquel y el jade quedaron fuera de esa propuesta. En ese tiempo, el diputado Amílcar Pop dijo que el porcentaje de pago de regalías lo discutió el gobierno con el sector empresas extractivas.
Con el gobierno de Jimmy Morales el último acercamiento ocurrió la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Lavrov se reunió el 25 de septiembre con su homóloga guatemalteca, la canciller Sandra Jovel y posteriormente hubo un encuentro entre el jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander Bortnikov, embajador especial de Rusia en Guatemala, Alexander Hoholikov y el vicepresidente Jafeth Cabrera.
—Se discutieron temas del estado y perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales. Cabrera reafirmó el enfoque de la parte guatemalteca en la profundización del diálogo político, el aumento de la cooperación en varios campos, el fortalecimiento de la base jurídica de las relaciones ruso-guatemaltecas—, comunicó Rusia.
Capítulo 4: El mineral
Con la mina operando para Solway, en 2015 la Compañía Guatemalteca de Níquel extrajo 2.5 millones de toneladas métricas de mineral húmedo. En 2016 la producción fue más baja: 2,015 millones de toneladas. La desaceleración fue causada por un accidente en una de sus calderas, reportó la compañía. Lo que sucedió fue que, en agosto de ese año, una explosión en la planta procesadora de níquel mató a cinco personas e hirió a 20 más. La CGN la reparó y al año siguiente reportó un aumento del 40% de su producción. En sus informes públicos, se lo atribuyó a la construcción de nuevas calderas, más equipo y la exploración de nuevas áreas.
Más allá de los reportes que Solway publica en su página web, en Guatemala no hay certeza de ninguna autoridad ambiental, energética o fiscal que sepa cuánto y qué se exporta.
Datos de la Unidad de Información Pública de la Empresa Portuaria Santo Tomás (EMPORNAC), detallan que, desde 2014 a junio de 2018, la CGN descargó 10.7 millones de toneladas de mena de níquel. Esto a través de la Empresa Comercializadora Pahame, la que transporta la tierra roja que contiene el mineral, desde El Estor a Puerto Barrios, a la sede de la portuaria.
Pahame quería tener un acceso privado en la portuaria, su propia terminal. En 2015 EMPORNAC le concesionó el uso de 21 mil metros cuadrados para que instalara plataformas flotantes para descargar el níquel. La Contraloría General de Cuentas denunció este negocio y por órdenes de la presidencia, la Procuraduría General de la Nación lo declaró lesivo. El caso está en investigación en la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. En el Congreso, el diputado Luis Hernández Azmitia —Movimiento Reformador— tenía especial interés en este contrato. ElPeriódico reveló que detrás de su supuesta fiscalización al funcionamiento de la portuaria hay millonarios contratos que su esposa y su suegro han ganado.
Los sindicatos de empleados de la portuaria Siempornac, Sinepornac y Sintraport, el año pasado denunciaron algo más grave: la destrucción masiva de flora y fauna en la construcción del muelle privado y la instalación de pontones flotantes y removibles de 60 metros de ancho y 180 metros de largo. Esto en uno de los atracaderos de la Bahía de Amatique que la Portuaria Santo Tomás utiliza como área de fondeo y resguardo de las embarcaciones.
Ese nuevo muelle es para “la importación y exportación de graneles sólidos como la mena de níquel y el carbón mineral”, denunció el sindicato. Además, sería utilizado para la carga de contenedores de fruta gresca, así como buques de turismo y de graneles líquidos. Su preocupación es la destrucción masiva de flora y fauna en la Bahía de Amatique, una reserva natural y área protegida de Izabal. La construcción del nuevo muelle perjudicó en la tala inmoderada de mangle rojo, mangle blanco y mangle negro.
En octubre del 2014, cuando el muelle privado estaba instalado, la Portuaria lanzó un concurso en Guatecompras para contratar la empresa que prestara los servicios técnicos para cargar y descargar los buques de granel sólido. La frase “servicios técnicos” fue clave porque la Ley de Contrataciones dice que en esos casos no es necesario hacer una licitación o cotización. Así, la única empresa ofertante y por ende ganadora, fue Pahame.
Esa situación fue denunciada por el sindicato, además de otro caso por descombros en la construcción de un predio de Pahame de 300 metros de frente y 70 metros de fondo, usado para almacenar los contenedores con mena de níquel. Según los demandantes, no hubo un estudio de prefactibilidad ni un diseño de proyecto ni se anunció la supervisión de las obras.
En la PNC aparece un registro de mayo del 2017 vinculado a Pahame. Ese día fue aprehendido el piloto de una retroexcavadora de la empresa Caribe Gru cuando trabajaba en un área protegida. Según el reporte de la policía, el vehículo dañó dos árboles de guarumo, que aparece en el listado de especies amenazadas de Guatemala. Los agentes detuvieron al piloto y le devolvieron la retroexcavadora al gerente de Pahame, que se presentó a reclamarla.
En Canadá, la CGN tiene casos abiertos por violaciones de derechos en Guatemala. Aunque Hudbay Minerals vendió la mina en el 2011, se quedó responsable de las denuncias en Canadá. Hay un proceso que iniciaron 13 pobladores de El Estor, indígenas q´eqchíes, por el asesinato de Adolfo Ich y el ataque que dejó paralizado a un hombre más. Por estos hechos en Guatemala es señalado el general Mynor Melgar Padilla, exjefe de seguridad de la compañía.
El mineral es enviado en grandes buques a Ucrania, a la Planta de Procesamiento Pobuszhsky. Esa instalación era una empresa estatal soviética construida en 1972 para producir ferroníquel; por “por la baja calidad del níquel local” fue cerrada durante años. Solway la compró en el 2003 y reinició sus operaciones en el 2005 y con una inversión de US$204 millones echaron a andar la producción de ferroníquel a partir de minerales importados de Indonesia, Nueva Caledonia y Guatemala.
En su página, la compañía asegura que la planta es el mayor productor de ferroníquel en Europa, “beneficiándose de una base de recursos de mineral seguro y de bajo costo de producción”. Los clientes de Solway, luego de procesar el mineral en Ucrania, son del sector de acero inoxidable.
¿De dónde proviene todo ese dinero para invertir? Los orígenes de la planta y de la empresa se remontan a la primera década de opacas empresas rusas después de la caída de la Unión Soviética en 1991.
Un poco de historia: En la década de 1990, el grupo Solway poseía varias empresas metalúrgicas clave en la Federación de Rusia, en particular, plantas de aluminio de Volgogrado, Volkhov y Pikalevsky. En 2006, la compañía vendió todos los activos de aluminio a SUAL, que más tarde se convirtió en parte de RUSAL —de las empresas de alumnio más grandes del mundo—. En 2002, el Grupo Solway fundó el Solway Investment Fund, que se convirtió en accionista del holding automotriz Genser.
La planta Pobuzhsky está ubicada en una zona del conflicto militar entre ucranianos pro-europa y ucranianos pro-rusos. Pese a eso, afirma la compañía, las operaciones no se vieron afectadas.
En el 2015 procesó 1 mil 449 millones de toneladas métricas de mineral húmedo y 17 mil 952 toneladas métricas de níquel seco en ferroníquel. Un poco menos de la mitad de eso fue lo que produjo en 2015 en Izabal, Guatemala, a diez mil kilómetros de distancia.
En una entrevista, Dan Bronstein, el director del Grupo Solway, contó que, en el año 2000, la compañía reunió una cartera de empresas metalúrgicas en Rusia, que incluía a varios productores de aluminio y que para 2003, el volumen de metal producido por las entidades del grupo era de 180 mil toneladas.
—Entonces decidimos vender los activos de una de las estructuras de aluminio más grandes en ese momento, que más tarde se convirtió en parte de RUSAL. Con el dinero recibido de la transacción, comenzamos a reinvertir en el negocio de las ferroaleaciones en todo el mundo, particularmente en Ucrania. En 2003, adquirimos los derechos corporativos de LLC Pobuzhsky Ferronickel Plant (PFK), que los propietarios anteriores habían quebrado (…)
Ante la pregunta de las raíces rusas del grupo, Bronstein respondió que no, que Solway es una estructura europea, que todos los fundadores son ciudadanos de la Unión Europea y que las empresas clave del grupo están registradas en Suiza, Luxemburgo, Estonia y Chipre.
—En el mercado ruso, obtuvimos el capital inicial principal—, agregó.
Bronstein dijo que el esquema de trabajo en Guatemala es similar al de la planta en Ucrania, con la única diferencia que el proyecto en este país opera con sus propias materias primas. Era el 2015 y para esa fecha Solway proyectaba replicar el modelo en Indonesia.
Guatemala es clave para la compañía. En un informe para la agencia de calificación Fitch, Solway dijo que en 2012 tuvo ingresos de US$557 millones y ganancias de US$119 millones.
Dos tercios de los ingresos de Solway dependen de la mina guatemalteca y de la refinería ucraniana.
En la entrevista, Bronstein reconoció que, si no tuviera el proyecto en Guatemala, tendrían que detener su planta de operaciones en Ucrania, pues en el 2014 Indonesia prohibió la exportación de minerales, es decir, para sacar el níquel del país tendrían que procesarlo allí.
La calificadora de riesgo Standard & Poor’s la consideró en 2013 como una minera relativamente pequeña pero estable, con ingresos para ese entonces de US$557 millones y una diversificación de productos aceptable, principalmente de níquel, que extrae principalmente de Guatemala.
Capítulo 5: Cárcel para los que protesten y denuncien
A inicios de 2017, los pescadores que trabajan en el Lago de Izabal notaron que el agua tenía un color diferente. Eso afectaba sus ventas. Empezaron a seguir el rastro de la contaminación y llegaron a un vertedero que vincularon con la Compañía Guatemalteca de Níquel. Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores contó que presentaron denuncias en la Fiscalía de Ambiente de Izabal, en el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Municipalidad de El Estor, la Gobernación departamental de Izabal y el Ministerio de Ambiente del gobierno de Jimmy Morales.
Como no obtuvieron ninguna respuesta en cuatro meses, el 3 de mayo de 2017 protestaron contra la empresa e impidieron el paso a los camiones que transportan la tierra de la CGN hasta el Puerto de Santo Tomás de Castilla en la puerta al Atlántico guatemalteco.
—Según la CGN, los comunitarios retuvieron a los pilotos de esos camiones. Dice su denuncia que fueron detenidos tres personas de Rusia y una de Ucrania, trabajadores de la CGN, fueron retenidos por la población. Y demandaron a los vecinos por detenciones ilegales—, relata el abogado de los pescadores, Vidal Ixcoy, miembro del Bufete de Derechos Humanos.
Entonces se emitieron diez órdenes de captura contra los pescadores. Cinco de las órdenes fueron canceladas por un juez por falta de evidencias de una actividad criminal. Otros cuatro tienen órdenes de captura vigente y aunque han pedido audiencia para presentarse al juzgado, no les ha sido programada.
El abogado Ixcoy dice que el caso contra cuatro de ellos se desestimó porque en la denuncia se les identificó con fotografías de perfiles de Facebook, no del lugar de los hechos, y que la declaración de los testigos no era consistente para acusarlos.
Los activistas en la zona están expuestos no solo a denuncias de las empresas a quienes cuestionan. También a organizaciones en la zona que los demandan por casos que no pueden sostener en los tribunales.
Uno de los casos que lo ejemplifica es el de Eduardo Bin, vicepresidente de la Gremial de Pescadores, quien está en prisión preventiva desde julio de 2018. La entidad ecologista FundaEco, que lo señaló de usurpar un área protegida, aunque meses después pidió que el caso se cerrara.
—FundaEco tiene un patrón de actuación. Pone la denuncia y después quiere una conciliación con las partes. Por eso coincidimos en que es una mala práctica utilizada para neutralizar o paralizar el actuar de los activistas. No es la primera vez que lo hacen. Allí vemos las estrategias que utilizan las empresas para neutralizarlo—, explicó la abogada Wendy Maldonado, que también los defiende.
Con Eduardo Bin detenido, la Gremial de Pescadores cuenta con un líder menos.
Los casos donde se criminalizan a los pescadores tienen eco en los juzgados de Izabal. Pasa lo contrario con las denuncias por contaminación ambiental. La abogada Maldonado explicó que la denuncia por la posible contaminación del lago no ha tenido ningún avance.
La única institución que respondió a la denuncia de la gremial de pescadores contra la mina lo hizo, pero en contra de los propios pescadores. Un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente del 15 de mayo de 2017 dijo que el análisis de la calidad del agua mostró que la contaminación no fue generada por las operaciones de la Compañía sino por las comunidades locales que residen a lo largo del río Polochic y la falta de un sistema de alcantarillado.
–El problema de las algas y el agua color marrón aumenta durante las temporadas de lluvia. Las aguas contaminadas fluyen desde el río Polochic al lago Izabal. Esto provoca un crecimiento de la población de ‘algas maliciosas’. Las autoridades están dispuestas a ayudar a las comunidades locales a resolver este desafío mediante el desarrollo de un plan de operaciones para la limpieza y el pago a los lugareños dedicados a la limpieza del agua de las plantas afectadas.
El Ministerio Público ya se aceró a esta petición. Aura Marina Morales, jefa de la Fiscalía del Medio Ambiente, dijo que en el 2016 examinaron las salidas de agua residual de la mina y que no detectaron metales o indicios de otro elemento que pudiera contaminar el lago, más allá de lo que ya está.
Los pescadores tienen otra versión. Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, dijo que en algunas áreas el agua del lago tiene un tono rojizo y que cada vez hay menos peces. Pide una investigación y asegura que existe un estudio de una universidad extrajera que concluyó que la CGN arroja grandes porcentajes de arsénico en el agua, pero se resiste a compartir los documentos, pues son su arma de defensa en los juzgados.
La mina y el Ministerio de Energía y Minas afirman que sí se hizo una consulta comunitaria. En una respuesta de solicitud de acceso a la información pública al abogado Rafael Maldonado se le entregó el acta de una reunión ocurrida en febrero del 2016, como la prueba de una supuesta consulta comunitaria.
Lo que dice el documento es que ese día hubo una reunión entre consejos comunitarios de Izabal, cinco alcaldes, organizaciones del Estado, universidades y un grupo de pobladores, donde se les habló de los beneficios que traería la mina en manos de la Compañía Guatemalteca de Níquel.
Luego de esa exposición las autoridades abrieron un espacio para preguntas. En el acta ministerial de ese día consta que hablaron aspectos positivos de la mina y ante la pregunta de las universidades sobre el impacto ambiental, la respuesta fue “ese aspecto ha sido considerado”. “No habiendo más que constar, se da por terminada la presente acta”. El documento fue firmado por el ex viceministro Jorge Antonio García Chiú.
Capítulo 6: Violencia sexual y ataques
La posible contaminación y el encarcelamiento contra líderes no son las únicas secuelas que se le endosan a la minera. Hay casos más graves.
El 28 de marzo de 2011, once guatemaltecas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Ontario, Canadá, en contra de la entonces dueña de CGN, la canadiense Hudbay Minerals, por apañar las violaciones colectivas que sufrieron a manos del personal de seguridad de la mina.
Según la denuncia, las violaciones ocurrieron en enero de 2007 durante desalojos forzados ocurridos en El Estor, un lugar donde comunitarios maya q’eqchíes cuestionaban la legalidad de la renovación de la licencia minera para el proyecto Fénix de Hudbay, y oponían al desplazamiento y reubicación de sus hogares y comunidad.
La justicia de Canadá también recibió demandas en 2009 y 2011 por golpes y ataques armados contra líderes de la resistencia contra la mina. Cada víctima alega US$1 millón en daños compensatorios, y US$4 millones en daños punitivos. El total reclamado por la demanda por todas las demandantes es US$55 millones.
Hasta hoy los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han resuelto si le darán la razón a las comunidades q´eqchíes y suspenderá las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Mientras tanto, la explotación y exportación del níquel continúa, así como los ataques a los comunitarios que se oponen a esa actividad.
Fuente:https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/el-desastre-ocasionado-por-el-niquel-en-izabal-y-la-posibilidad-de-cerrar-la-mina/?fbclid=IwAR3m73B_haMZX2h6InBMr5U8EJHkG7Tg2RWB2oeVypFRhdaCE9xhUjlJhwg