Hace cinco meses, el día 5 de noviembre de 2015, el distrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana (Minas Gerais), fue arrastrado por una ola de lodo contaminado proveniente de la represa Fundão, gerenciada por la empresa minera Samarco, que es controlada por la Vale S/A y por la anglo-australiana BHP Billiton. Por lo menos 19 personas perdieron la vida. Los residuos tóxicos se explayaron por todo el Río Doce, llegando a la costa del estado de Espírito Santo y comprometiendo ecosistemas enteros. La tragedia de Mariana es considerada la mayor tragedia ambiental de la historia de Brasil.
De aquí para allá, no cambió mucha cosa, ni en el medio ambiente, ni en la vida de las personas afectadas. Nadie de la empresa fue condenada. El hecho más reciente es la nueva acción civil pública presentada por el Ministerio Público de Minas Gerais el último lunes (4), que solicitó que la empresa minera sea obligada a contener la fuga de residuos en cinco días.
Desde noviembre del 2015, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) notificó a Samarco en 39 oportunidades. Sin embargo, el Río Doce continua recibiendo el lodo de Bento Rodrigues, que está siendo cargada por las lluvias de los últimos meses. Para la reparación de daños, la empresa realizó la construcción de tres diques de contención que deberían filtrar las impurezas y transferir apenas el agua limpia. Uno de los equipamientos fue tapado por el lodo y el otro estaría dando cuenta de retener apenas una parte de los residuos.
La Samarco afirmó en una nota que, en Colatina, en el estado de Espirito Santo, fue autorizada la construcción de dos nuevas redes de agua, en los Ríos Pancas y Santa María, y que el abastecimiento regular de agua ya fue restablecido en todas las ciudades que captan agua del Río Doce. La empresa divulgó que el agua de las ciudades estaría cumpliendo las exigencias del Ministerio de Salud, que trata de los procedimientos de control de la calidad del agua para el consumo humano.
Suspensión de las investigaciones
Hace unos meses se inició una investigación que culminó en el pedido de prisión preventiva de seis funcionarios de la empresa Samarco, incluyendo al presidente Ricardo Vescoci y el ingeniero de la empresa VOGBR, encargada de la seguridad de la represa en cuestión. La investigación, sin embargo, fue suspendida por el Supremo Tribunal de Justicia que se justificó alegando la superposición y el conflicto de las esferas judiciales – regional o federal – que deben avanzar sobre el proceso criminal.
Otras dos investigaciones siguen en curso, aunque también sin resultados: una de la Policía Civil, sobre las causas del deslizamiento y otra de la Policía Federal sobre la empresa.
Multas ignoradas
Por el desastre, la empresa minera recibió cinco multas del Ibama e una de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Minas Gerais, que suma R$ 362 millones – alrededor de 98 millones de dólares. La empresa apeló a todos los fallos y hasta ahora no cumplió con ninguna de las resoluciones.
Fuente: Brasil de Fato