Darío Aranda
12/11/2021
En un contexto de crisis climática, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Asambleas socioambientales y pueblos indígenas de Argentina denuncian al extractivismo como epicentro de la vulneración de derechos.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) declaró que el medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano fundamental. Lo hizo a través de una resolución que obtuvo 43 votos de apoyo y ninguno en contra. Amnistía Internacional celebró la medida: «Es un hito en la batalla contra la crisis climática». En Argentina, comunidades indígenas y asambleas socioambientales denuncian desde hace décadas que la megaminería y el agronegocio, entre otras actividades extractivas, violan los derechos humanos.
La Resolución «A/HRC/48/L.23» del Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho a un medio ambiente saludable «como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos» e insta a los Estados a que protejan el medio ambiente como parte de sus compromisos en materia de derechos humanos. El organismo de la ONU destacó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está estrechamente relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. La degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros.
La Coordinadora Basta es Basta nuclea a asambleas socioambientales y activistas de todo Entre Ríos. Desde enero de 2018 se manifiestan todos los martes frente a la Casa de Gobierno provincial en denuncia a las fumigaciones con agrotóxicos. Llaman a la acción «la ronda de los martes». El 9 de noviembre cumplieron su marcha número 200. «Marchamos frente a las puertas cerradas de la Casa Gris (de gobierno), frente a los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás del país. Tampoco escucharon a las Madres de Plaza de Mayo hace 45 años. Todavía no nos escuchan, pero la historia de nuestro pueblo pondrá, más temprano que tarde, las cosas en su sitio porque los derechos humanos se deben honrar todos los días», resaltó Daniela Verzeñassi desde Paraná, y recordó que desde hace décadas explican que no se puede hablar de derechos humanos sin abordan la situación socioambiental.
Afirma que se movilizan para exigir al gobierno provincial un cambio de modelo productivo y políticas que acompañen una transición hacia la agroecología. «Resistimos en nuestros territorios, con nuestros cuerpos, y también insistimos en que otro modelo, sin agrotóxicos, es posible, necesario y urgente», señala.
Saúl Zeballos es parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en San Juan, donde denuncian desde hace más de una década el accionar de la empresa Barrick Gold en su emprendimiento Valedero. Zeballos no tiene dudas de que el modelo extractivo vulnera sistemáticamente lo derechos humanos. «Nosotros explicamos que acá vivimos una dictadura megaminera, donde las corporaciones deciden sobre el territorio y las personas. Y donde tanto el poder político como el judicial son socios de las empresas», afirmó.
A modo de ejemplo, recordó que Barrick Gold viola la Ley de Glaciares, contaminó ríos (en 2015 provocó el mayor derrame de la historia de la minería en Argentina) y no recibió sanción judicial alguna. Zeballos cuestionó puntualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace trece años tiene demorado un fallo sobre Barrick Gold en su proyecto Pascua Lama. Y alertó sobre el nuevo proyecto minero, llamado Josemaría, «también ubicado en zona de glaciares y sin licencia social de la población». Denunció que «no hay grieta» entre sectores políticos a la hora de impulsar la megaminería. El asambleísta dio la bienvenida a la resolución de Naciones Unidas, pero aclaró: «Lo que hace falta, más que declaraciones, es la aplicación práctica y efectiva de los derechos humanos».
Clemente Flores es uno de los voceros de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (Jujuy). Explica que la lucha indígena por el territorio siempre fue y es entendida desde la lógica de los derechos humanos, aunque sí lamenta que a una parte de la sociedad no indígena le cueste entender esa vinculación. «Luchamos contra la minería de litio porque arrasa nuestro territorio, sobre todo contamina y pone en riesgo el agua, algo vital para nuestras vidas», resume Flores.
Aclara que, pandemia mediante, las comunidades no pudieron reunirse en sus clásicas asambleas, mientras las empresas mineras sí podían transitar y avanzaron con sus exploraciones, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. «Se habla mucho de cambio climático pero se hace muy poco. En la Puna ya padecemos el cambio climático y con la mineras de litio será peor. Por eso luchamos, porque el agua es un derecho humano, aunque las mineras y gobiernos no lo quieran entender», advierte Flores.
La resolución de Naciones Unidas, aprobada el 8 de octubre, fue impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza. Sólo Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar.
Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, afirmó: “Esta resolución es una esperanza en el actual contexto de aumento de los desastres climáticos generalizados y un hito en la batalla contra la degradación ambiental. La Comisión ha reconocido por fin que el disfrute de los derechos humanos depende del medioambiente en el que vivimos. Cuando el planeta sufre, las personas que lo habitamos sufrimos también, y en todo el mundo la degradación ambiental está arrebatando a la gente sus derechos».
El director de Amnistía Internacional también apuntó a los responsables: “La inacción de los gobiernos a la hora de proteger el planeta y su apoyo continuado a industrias que son destructivas para el medioambiente constituyen un ataque a gran escala contra los derechos humanos».
* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 12 de noviembre de 2021.