Nos complace compartir con ustedes el último número de nuestra revista AportesDPLF, dedicado al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Abrimos la revista con un artículo muy ilustrativo de Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza, profesor de derecho de la Universidad de Seattle y abogada especialista en el Sistema Interamericano respectivamente, que nos permite conocer el marco legal internacional del derecho a la consulta en el derecho interamericano; luego contamos con el artículo de Astrid Puentes Riaño, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), quien presenta y analiza las alternativas que brinda el derecho ambiental internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas. A continuación, María Clara Galvis, abogada especialista en derecho interamericano, analiza la relación entre consulta, consentimiento y veto.
En una segunda parte presentamos experiencias concretas y debates nacionales sobre el alcance del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y los obstáculos para su aplicación en varios países de la región.Javier La Rosa Calle, coordinador del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), aborda las dificultades de la implementación del derecho a la consulta en el Perú; Mirna Cuentas, especialista en temas de derechos de los pueblos indígenas, comparte las experiencias de la implementación del derecho a la consulta en Bolivia; Jaime Vintimilla, director ejecutivo del Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), reflexiona sobre el carácter colectivo y justiciable o solamente administrativo del derecho a la consulta en Ecuador; y Carlos Moreno Derbez, asesor de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados a nivel federal, presenta el estado de avance de la Ley de Consulta a los pueblos indígenas en México.
Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos y profesor asociado de la Universidad Diego Portales, ofrece una mirada del derecho a la consulta en Chile, luego de un año de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT en este país. Cierran este bloque César Rodríguez Garavito y Natalia Orduz Salinas, director del programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Dejusticia e investigadora de Dejusticia respectivamente, quienes explican las paradojas de la consulta previa en Colombia y analizan los retos de la implementación de este derecho en ese país, cuyo desarrollo normativo en este tema es ejemplo para la región.
Cerramos este número con interesantes aportes de la sociedad civil, que ofrecen nuevas visiones y críticas respecto del derecho a la consulta. Verónica Albuja Muenala, consultora e investigadora en derechos humanos presenta el proceso de planes de vida como una nueva manera de definir su desarrollo por los pueblos indigenas en el Estado plurinacional ecuatoriano. Finalmente, Bárbara Dolman y Pedro Faro, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, presentan una mirada sobre el reducido alcance del derecho a la consulta en México y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas.
Esperamos que esta revista sea de su agrado y, como siempre, esperamos sus comentarios.