CooperAcción
18/03/2021
Imagen: Parthenon
El pasado viernes 12 de marzo se realizó el denominado Debate Ecológico entre candidatos y candidatas presidenciales. En este foro, organizado por una serie de colectivos y organismos no gubernamentales, entre los que figura CooperAccion, apenas participaron seis representantes de las agrupaciones que se encuentran en la contienda electoral: Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos de Patria Segura, Marco Arana del Frente Amplio y Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Genera preocupación la ausencia de candidatos como Lescano y otros, aunque en realidad no sorprende, ya que la falta de interés en este tema también se refleja en sus planes de gobierno.
Uno de los temas que permitió develar el verdadero alineamiento de las agrupaciones políticas sobre la problemática ambiental -al margen de las poses y frases hechas que se utilizan en campaña electoral-, fue el denominado Acuerdo de Escazú. Candidatos como López Aliaga y Santos mostraron su verdadero rostro y repitieron la misma monserga de hace unos meses: la supuesta pérdida de soberanía dela Amazonía, entre otros argumentos que no se sostienen y que están a la base de su oposición a la ratificación del acuerdo. De hecho, varios personajes como Francisco Tudela, el ex marino Jorge Montoya, que acompaña en la fórmula presidencial a López Aliaga, lideraron en la denominada Coordinadora Republicana la oposición a la ratificación de Escazú.
Aprovechando todo lo que se dijo el pasado viernes, no está de más recordar que en esencia el Acuerdo de Escazú, como se le conoce al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue firmado el 4 de marzo de 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe y que tenían que ratificarlo. El acuerdo entra en vigor 22 de abril de este año.
Este acuerdo lo que busca es precisamente fortalecer tres derechos fundamentales: (1) el acceso a la información ambiental, mediante el cual las personas podrán ejercer su derecho a estar informadas; (2) el derecho a la participación pública y; (3) el acceso a la justicia ambiental. Es lo que se conoce como derechos de acceso. Adicionalmente, el acuerdo da especial atención a la protección de los defensores ambientales, como respuesta al número creciente de asesinatos a activistas ambientales en la región: el 60% de fallecidos por conflictos socio ambientales en el mundo han ocurrido en América Latina. Al respecto, es importante recordar que en el último año han sido asesinados siete dirigentes indígenas defensores ambientales: Estela Casanto Mauricio, dirigente asháninka; Herasmo García y Yenes Ríos, líderes cacataibos de Ucayali; Arbildo Meléndez en Huánuco; Gonzalo Pío en Junín; Lorenzo Wampa en Amazonas; y Roberto Pacheco en Amazonas. Ya son más de 220 defensores ambientales asesinados desde el año 2011 por proteger la tierra y los bosques en el Perú.
Cabe señalar que es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; el primer acuerdo ambiental regional de A.L. y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Como se sabe en el Perú se desató una feroz campaña en contra de la ratificación de Escazú, liderada por la Coordinadora Republicana de López Aliaga, Tudela, entre otros personajes. Aparte de calificarlo como un “acuerdo entreguista y que nos haría perder soberanía, también se dijo que Escazú es “un acuerdo ambientalista radical”, producto de “un globalismo endurecido de la izquierda radical”, que lo que busca es paralizar las inversiones. Es curioso que se hable de ambientalismo radical, precisamente cuando todo el planeta sigue batallando por alcanzar acuerdos globales para enfrentar la crisis ambiental y cuando al mismo tiempo todos los expertos mundiales en la ciencia del clima nos recuerdan y advierten que estamos perdiendo la batalla: Ahora bien, ¿Escazú es realmente un acuerdo entreguista y va a provocar la pérdida de la soberanía en más del 50% del territorio nacional, sobre todo en la Amazonía?
Lo primero que habría que subrayar es que el Acuerdo de Escazú no se refiere a la Amazonía en particular. No se entiende la obsesión de los opositores por vincular el acuerdo con una supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía, cuando el acuerdo trasciende a la Amazonía. Es más, ha sido firmado y ratificado por países que no son amazónicos.Además, en su artículo 3 se reconoce expresamente que la implementación del acuerdo se guía por “principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales” y el “principio de igualdad soberana de los Estados”. Mariano Castro, vice ministro del MINAM, subraya que: “el Acuerdo no es un tratado que fija límites, sino que, por el contrario, establece criterios que los Estados y ciudadanos deben observar en materia de acceso a la información, participación y justicia en Asuntos Ambientales. Por tanto, es falso que el Acuerdo de Escazú contenga alguna disposición que conceda la soberanía sobre el 53% del territorio nacional”.
Los anuncios de paralización de inversiones también se desvanecen cuando la propia OCDE (no hay que olvidar que el Perú aspira a formar parte de este exclusivo grupo de países industrializados) ha recomendado que el Perú priorice “la ratificación del Acuerdo de Escazú”. ¿Acaso la OCDE también forma parte de ese “globalismo” que, según Tudela y El Montonero, “maniobra la izquierda Latinoamericana para imponer un ambientalismo radical”? Seguramente, para estos señores, hasta el Acuerdo de París sobre cambio climático responde a un “ambientalismo radical”.
Que quede claro que el Acuerdo de Escazú fue trabajado de manera conjunta, abierta y transparente en un largo proceso que involucró a 24 países de la región con gobiernos que respondían a diferentes orientaciones políticas y que, como viene ocurriendo en los procesos de construcción de acuerdos globales o regionales de carácter ambiental, buscan avanzar en compromisos que traten de garantizar la protección del planeta y el bienestar de las personas.
En pleno proceso electoral y a unas semanas de emitir nuestro voto, no deberíamos olvidar a los partidos políticos que votaron en contra de la no ratificación de Escazú en el Congreso de la República fueron: Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos y Frepap.
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