Que la iniciativa de Moratoria impulsada por Pérez Molina que busca suspender temporalmente el otorgamiento de nuevas licencias de explotación minera de metales, es una cortina de humo para que avance sigilosamente el Proyecto de Electrificación Territorial (PET) y poder interconectar a los productores de electricidad con los grandes consumidores del Mercado Mayorista, entre ellos la industria minera, Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana y Aceros de Guatemala los de mayor demanda energética nacional.
La empresa responsable de construir la primera licitación del PET (PET-1-2009) es la Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA), subsidiaria de la Empresa de Energía de Bogotá (95.23%) y de Edemtec, S.A con una participación del 4.77% de las acciones al 31 de diciembre de 2012.
Que cuando la industria minera se encuentra en su fase de operación, explotando y mercantilizando los bienes naturales, consume mucha electricidad. Por ejemplo, la Mina Marlin de Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la corporación transnacional canadiense GoldCorp, Inc., fue la tercera industria con mayor demanda firme proyectada para el año 2012 con 16,113 KW de consumo de electricidad. Es decir, casi 5 veces más que la demanda firme proyectada por la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, para el mismo año (3,777 KW).
Que los intereses depositados en la expansión de la industria extractiva, manufacturera y de complejos hoteleros y comerciales que pronostican su apertura a partir del reordenamiento territorial que se avecina con la construcción de los Megaproyectos: Corredor Turístico del Caribe (Izabal y Petén), Franja Transversal del Norte (Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango) y el Corredor Interoceánico de Guatemala (Izabal, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa); contraviene el principio constitucional de buscar siempre el bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya K’ich’e hace un llamado a las comunidades y pueblos a la legítima resistencia para proteger y defender nuestros derechos fundamentales a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado reconocidos en la Constitución Política de la República y Convenios internacionales de derechos humanos, ante la construcción de los anillos eléctricos en nuestros territorios.
Exigimos al Gobierno actual sujetar su actuación en ejercicio del poder público a la Constitución Política de la República de Guatemala, condición necesaria para restablecer el Estado Constitucional de Derecho.
Occidente 2 de Octubre de 2013