Máximo Manuel Pérez
2 Marzo 2010, http://eldia.com.do
SANTO DOMINGO.-El Congreso Nacional revisará el controversial contrato mediante el Estado dominicano autorizó a a la empresa minera canadiense Barrick Gold a explotar y comercializar las ricas reservas de oro en la provincia Sánchez Ramírez, al noreste del país.
La investigación comprenderá la concesión del proyecto Pueblo viejo, considerado la reserva minera de clase mundial y uno de los más grandes depósitos de oro no desarrollados.
La comisión fue designada por el presidente de la Cámara de Diputados la preside el diputado Pelegrín Castillo Semán, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara Baja y la completan Rafael Librado Castillo, Euclides Batista, Ramón Camacho Sánchez, Alfonso Gamalier Montás Domínguez, Ramón Alejandro Montás, Carlos Manuel Peña Batista, Gustavo Antonio Sánchez, Minú Tavárez Mirabal, Miguel Antonio Bejarán, Modesto Díaz, Henry Osvaldo Sarraff Urbáez, Cristian Paredes Aponte, Manuel Sánchez Carrasco, Ramón Rogelio Genao, y Víctor Orlando Bisonó Haza,
Desde 1975 hasta su agotamiento en 1999, la Rosario Dominicana explotó los depósitos de óxido de Pueblo Viejo y desde entonces, la mina y la planta cesaron sus operaciones.
En la licitación internacional organizada por el Estado Dominicano posteriormente, la empresa Placer Dome resultó ganadora, firmándose el Acuerdo Especial de Arrendamiento entre el Estado Dominicano y la empresa Placer Dome Dominicana Corporation, en el año 2001
En el año 2006, Barrick Gold adquirió los activos de Placer Dome en todo el mundo y con ello los derechos en el proyecto Pueblo Viejo. Barrick vendió una participación en el proyecto a Goldcorp Incorporated, formando la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation en la que Barrick participa en un 60% y Goldcorp, con 40%. Barrick es la administradora y gestora del proyecto. Se estima que la inversión requerida para poner en funcionamiento esta mina alcanzará los 2.500 millones de dólares.
El proyecto Pueblo Viejo ya está generando reacciones en las comunidades aledañas a la mina, sobretodo denuncias sobre los posibles daños ecológicos, los cuales la empresa rechaza y asegura que las comunidades cercanas a Pueblo Viejo se beneficiarán de los resultados de la operación minera, tanto económica como socialmente.
Asegura que la zona se verá beneficiada por el mejoramiento de los caminos, puentes y un mayor desarrollo de infraestructura en general.
La empresa asegura que tiene el compromiso de contratar mano de obra local, para lo cual hemos iniciado programas de inducción a la disciplina industrial en las comunidades locales. Durante los 3 años de construcción del proyecto, se crearán alrededor de 3500 puestos de trabajo por año y se espera que la empresa genere unos 1000 puestos de trabajo durante los estimados 25 años de vida de la mina. A esto se suma la generación de 2500 puestos de trabajo indirectos en la economía local, lo que generará una considerable actividad económica inducida en toda la zona.
El drenaje de aguas ácidas de roca, producto de antiguas operaciones de la mina, es el principal efecto negativo ambiental que existe actualmente en el entorno local de Pueblo viejo. Abordar este impacto heredado será uno de los mayores retos y una prioridad para Barrick.
Bajo los términos del Contrato Especial de Arrendamiento, el Gobierno Dominicano es responsable del saneamiento ambiental de los impactos históricos asociados a la operación anterior de la antigua mina.
Por su parte, basado en el firme compromiso de Barrick con las prácticas de Minería Responsable, el proyecto Pueblo Viejo es responsable de implementar un plan de manejo ambiental conforme a estándares internacionales y en cumplimiento de la normativa ambiental del país, que contribuirá al mejoramiento de la calidad de las aguas en la zona y la rehabilitación de las tierras.
Una de las obras de infraestructura más importantes del proyecto Pueblo Viejo será la construcción de la presa de colas, en la zona del Valle de El Llagal, al sur de la mina. Para ello, la empresa colabora con el Estado Dominicano y las comunidades de El Llagal, Fátima y Los Cacaos, para definir la reubicación de sus habitantes.
Esta obra se realiza basada en un trabajo consensuado entre las partes, considerando, fundamentalmente, las opiniones y demandas de las comunidades y los lineamientos establecidos por el Banco Mundial para este tipo de procesos.