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24.11.2020
Hasta ahora estaba escondida la conexión entre el presidente de Estados Unidos y el conflicto socioambiental por la mina de Inversiones Los Pinares, en un parque nacional de Honduras, y su violenta represión empresarial y estatal. Gracias a una investigación periodística, salió a la luz. Te contamos de qué trata.
En Guapinol, noreste de Honduras, los habitantes resisten a la explotación de óxido de hierro. La mina Los Pinares está dentro de un parque natural, y ellos lo defienden. Ha sido una resistencia violenta: han habido muertos, heridos y varios encarcelados.
Ahora una alianza periodística transfronteriza reveló que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, no solo fue la «poderosa socia tras bambalinas» del proyecto minero hondureño, sino también fue uno de los importantes donantes a la campaña del presidente de EEUU, Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020.
Y el vínculo no termina en dinero. A lo largo de su mandato presidencial, Trump realizó reformas que terminaron favoreciendo a la empresa, según cita la investigación al diario The New York Times. «Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria», se lee en el texto.
¿Cómo puede una mina instalarse en una reserva ambiental?
La mina de Inversiones Los Pinares está en un área que hasta diciembre de 2013 era parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Allí nacen 34 ríos que riegan toda la región, señala la investigación. Los periodistas se preguntan cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable. La respuesta requiere un repaso cronológico:
En octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96.724 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro.
En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la «zona de amortiguamiento», donde la ley hondureña sí permite actividades mineras, como la no metálica, entre las que está la extracción de óxido de hierro.
La medida del Congreso fue inicialmente cuestionada por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF determinó que no era factible el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras. Advirtió que su impacto sobre flora y fauna sería severo.
Poco después la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. Las concesiones ASP y ASP2 (solicitadas anteriormente por Emco Mining / Inversiones Los Pinares) delimitaron más de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, la empresa pagaría anualmente el equivalente a 50 centavos de dólar por hectárea para explorar, y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral.
«Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina», señalan los autores del reportaje.
Adicionalmente, ambas concesiones tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2,5% sobre el valor exportado o en planta, según sea el caso.
¿Cómo se desarrolla el conflicto ambiental?
Cuando la gente del pueblo de Guapinol se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. De acuerdo al reportaje, ellos temían que las minas les afectaran los ríos que los surten, y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, según la investigación periodística, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.
«Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo».
Según dijo a la alianza Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, «ve las cosas de otra manera». Según dijo a la alianza, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a 1.000 personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto.
A finales de 2018 comenzó la represión empresarial y estatal grave. Según la alianza:
En septiembre varios pobladores resultaron golpeados y una persona herida de bala tras el bloqueo de una calle y el intento del personal de la mina por despejarla.
A fines de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento que habían armado en la calle. Los enfrentamientos continuaron varios días hasta que dos militares murieron por fuego cruzado.
No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con los altercados.
Los conflictos continuaron en 2019. Ese año la Fiscalía acusó a decenas de ambientalistas por usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. Según la alianza, la acusación fue basada en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado.
Sin embargo, hay varias «incongruencias» en las acusaciones. Por ejemplo, la alianza refiere al caso de uno de los acusados, Juan López, que no había estado en uno de los altercados porque ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Además, señala que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.
Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.
Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente (Honduras) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), dos de las organizaciones que junto a Univisión Investiga (Estados Unidos) conforman la alianza.
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011241093611387-el-conflicto-minero-en-honduras-que-tiene-atras-a-trump/