Durante el transcurso de esta última semana el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, escuchará los argumentos finales en la demanda por 300 millones de dólares que la compañía minera Pacific Rim y ahora la australiana OceanaGold interpusieron contra el gobierno de El Salvador por no concederle los permisos de extracción y explotación de metales entre estos el preciado oro.
Los argumentos definidos de parte del gobierno en este proceso han sido sobre las leyes y políticas nacionales destinadas a proteger la salud y el ambiente de las poblaciones, la tenencia de la tierra, así como también proteger el abastecimiento de agua en la zona de Cabañas, lugar donde funcionaría la empresa.
Ante dicha situación el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 El Salvador manifiesta su rechazo ante este tipo de conflictos y litigios internacionales cuya finalidad es la defensa de los intereses de las empresas trasnacionales.
De igual manera el M4 sostiene la urgencia de agilizar las discusiones en La Asamblea Legislativa sobre el anteproyecto de ley de prohibición de la minería metálica, ya que no es suficiente la suspensión o moratoria de los proyectos mineros que se mantiene desde el 2012 en el país.
Además el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero le recuerda al Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén de la promesa expresada de “No permitir la minería en El Salvador”, en la actividad organizada por el MOVIAC el 22 de febrero del 2014 en el departamento de Cabañas.
Del mismo modo el M4 demanda a los nuevos/as funcionarios/as en la gestión del Presidente Salvador Sánchez Cerén de no continuar promoviendo y firmando acuerdo y convenios internacionales llámense Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Asociación o Asocios Público Privados, este tipo de acuerdos comerciales han mostrado en el mundo que más que traer desarrollo de los pueblos, incrementan la contaminación del medio ambiente, deterioran las condiciones sociales de pueblos y comunidades y vulneran los derechos humanos y que por el contrario los beneficios son solo para las empresas.
Sostiene que la actividad minera no es compatible con las condiciones del país, no es una actividad que genere crecimiento económico y es altamente contaminante como lo respaldan evidencias técnicas y científicas.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a manifestar su solidaridad con la lucha de hermanos y hermanas, organizaciones salvadoreñas nacionales y locales que ahora estamos resistiendo al poder corporativo expresados en instancias como el CIADI.
DE PANAMÁ A CANADÁ
¡¡LA MINERÍA NO VA!!