SAN SALVADOR – La noticia de que el pasado 2 de agosto del 2010, el tribunal del CIADI[i] había resuelto rechazar las objeciones presentadas por El Salvador para abortar la demanda millonaria que la empresa minera Pacific Rim había impuesto en contra del Estado salvadoreño, ha generado cierto sinsabor en la opinión pública y ha sumado más dolores de cabeza al de por sí agobiado primer gobierno de izquierda en El Salvador.La demanda de Pacific Rim se enmarca en una etapa bastante avanzada de un proceso largo y conflictivo, entre la empresa en cuestión, el Gobierno y las comunidades afectadas por la empresa minera.
El tinte de dicha acción legal es bastante interesante dada la base de la demanda, es decir, demandar a El Salvador por aquello que supuestamente estarían ganando de haber empezado operaciones mineras[ii]. Es un cambio brutal para una empresa que, a principios del 2007 aún trataba de seducir al pueblo de Cabañas con pelotas de fútbol, camisetas para el equipo local, asistencia médica gratuita e intercambios de experiencias con las comunidades. La empresa estaba haciendo una estrategia de labor social. Hoy día la estrategia ha cambiado. Se trata de una embestida directa y sin tapujos en contra del pueblo salvadoreño porque finalmente, de perder el arbitraje, la multa impuesta a El Salvador saldrá del bolsillo de todos los y las salvadoreñas.
Lo anterior ilustra comportamientos peculiares de las transnacionales. Uno de ellos es su forma tan amoral de desarrollar sus proyectos de inversión: dulces y compasivos un día, ruines y despiadados al otro. El otro hecho curioso es el medio particular que han elegido para hacer cumplir su amenaza, esto es, el TLC (Tratado de Libre Comercio) que El Salvador tiene con Norteamérica, y en concreto, el capítulo diez de dicho contrato. Bajo el espíritu demandante, la empresa ha solicitado la intervención de una parte imparcial que arbitre la disputa, en este caso, el CIADI, oficina adscrita al Banco Mundial que además tiene una larga y triste historia de procedimientos poco transparentes, injustos y, naturalmente, proclives a beneficiar la lógica de inversión privada en detrimento de los intereses soberanos de los pueblos y las luchas sociales para defenderlos. Y es el interés ferviente de la inversión del capital trasnacional por obtener lucro, lo que arrastra el ímpetu y nulifica la decencia en éstos demandantes (supuestamente más civilizados) para poder dañar a un pueblo que, por pobreza e ignorancia, no es capaz de defenderse o reivindicarse. Es en esta línea que se puede citar las palabras de Thomas C. Shrake, Presidente y Director Ejecutivo de Pacific Rim- Canadá al realizar declaraciones tajantes e implacables, mostrándonos los límites morales del capital: “Podrían dispararme, y, aún así, la gente no abandonaría ésta inversión” y prosigue “Hay muchísimo dinero ahí”[iii].
Pero, ¡es que son cosas como estas, las que se están decidiendo! ¡Son esas cosas las que se gritaron y se susurraron cada vez que los negociadores de EUA y Centroamérica se sentaron a hablar, a discutir, fraternizar, reír y acordar! Las perspectivas del acuerdo fueron distintos, nosotros, teníamos tan poco que ganar. Pero, es claro que los que nos representaron en las negociaciones, tanto como los que eran responsables de su ejecución (y no se preocuparon por leerlo una vez entrado en vigencia) tuvieron más responsabilidad y culpa porque, a sabiendas de su ignorancia e incompetencia, presumieron sapiencia y mintieron al pueblo. Hoy, las consecuencias están sobre la mesa, se materializan en una demanda de cerca de 100 millones de dólares. La base de la demanda está bastante clara, y es que El Salvador es una nación que históricamente ha tenido una institucionalidad muy frágil y una dirección política bastante deplorable. Ésta acción legal, es legado de la ineptitud y negligencia del Gobierno anterior, de la campaña de desinformación de los principales medios de comunicación y de la transa entre políticos y empresarios.
Hoy día, con el agua hasta el cuello de problemas con la sociedad salvadoreña, hasta el jerarca de la iglesia católica en El Salvador expresa su opinión[iv] en lo que nos queda: clamar a los cielos y al Espíritu Santo, que, de alguna forma, nos salve. Clemencia y piedad, es lo que se le pide al CIADI. Como si se tratara de alguna cuestión de la moral o la ética; como si se estuviese discutiendo temas relacionados con la humanidad, sobre el bien o el mal. Pero es de reflexionar si realmente se puede inmiscuir al Espíritu Santo en estas cuestiones sobre comercio e inversión, porque en todo y ante todo, el asunto no es de una naturaleza moral esencialmente (menos espiritual). Es decir, la empresa, en este caso, Pacific Rim, no se aboca a manuales de moralidad y/o ética para interponer su demanda, se aboca a un instrumento claro y estructurado sobre la ley del derecho internacional. Pero bueno, es de saber, desde ya, que si hay algún Dios al que se aboca Pacific Rim, es este el Dios mercado, y, éste, es un Dios que no perdona, porque de suyo no posee éstas cualidades humanas (o divinas).
El TLC es el mecanismo que ampara la demanda, y El Salvador, es un país firmante del mismo. Por tanto, la responsabilidad moral de hacer lo correcto, no nos dará necesariamente el perdón de nuestros pecados ante lo tribunales del CIADI. Por el contrario, habremos sido victimas, de ese pecado tan incómodo y vergonzoso, el pecado de la ignorancia y la ingenuidad. Pero que se sepa, que el desconocimiento de las implicaciones no exime de la responsabilidad o la culpa. En últimas, no se trata de un problema coyuntural que se puede sobrevivir y seguir adelante. Se trata de un mal endémico en nuestra sociedad, que hoy, ha tomado y se ha expresado de una forma distinta, pero que sigue siendo la débil institucionalidad y falta de empoderamiento de la ciudadanía. La falta de institucionalidad permite que los caciques y los tiranos impongan su mandato. Por eso es que los crímenes cometidos contra activistas opositores a la minería han quedado impunes. Por eso es que surgieron dichos crímenes en primera instancia
La demanda de Pacific Rim, está siendo contenida por la defensa salvadoreña, a partir de todos los instrumentos que la jerga legal permite. Pero el avance de ésta primera fase es inquietante, sobretodo considerando que se trata de una empresa que ni debería estar amparada por el TLC[v]. El resultado final, es incierto. Lo que si se sabe es que conflictos como estos seguirán pasando, y se repetirán en temas más sensibles y estratégicos a medida que al capital extranjero se le abran más puertas y se le brinden más protecciones. Los instrumentos del comercio, los tratados internacionales, que en primeras parecen oportunidades al desarrollo de los pueblos por un lado, y documentos diabólicos por el otro. Pero hay que de decir que no son ni una ni la otra. Simplemente, son mecanismos que ponen a prueba la fortaleza de una sociedad frente a la debilidad de otra.
Para nosotros, países pobres y subdesarrollados, nos presenta una prueba que resalta nuestras debilidades, nuestra falta de capacidad de tomar el destino en nuestras manos y la autonomía para luchar por lo que más nos conviene. Al igual que el TLC con EUA, que ampara la demanda de Pacific Rim, el Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, es otra prueba a la razón y a la experiencia. Como el primer tratado, éste es otra pieza de un entramado más complejo, de implicaciones aún desconocidas. Pero que, considerando la naturaleza que impulsa a los capítulos comerciales, esto es, el dinero (muchísimo dinero) no hay que darse vueltas en la cabeza para prever las posibles amenazas que puede presentar éste AdA. Y es que, la posición de los tratados, y el interés por firmarlos, es el hecho de proteger la inversión, así como lo expuso una oficial de la WOLA[vi], al respecto del litigio de Pacific Rim, “Los gobiernos estarán determinando lo que pueden o no hacer, basado en potenciales acciones legales en su contra” y prosigue “Se van a pensar dos veces antes de realizar una política social que beneficie a la población por encima del beneficio de los inversores.”[vii]
Ésta es hoy, la tragedia que existe en los tribunales del Banco Mundial: se juega el derecho privado a la obtención de ganancias por encima del derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación. En esencia, los obstáculos que el pueblo salvadoreño se encuentra con los Tratados de Libre Comercio, que más que liberar el comercio, lo regulan y lo blindan; es precisamente esos resultados inesperados (por decir algo), y desagradables, que surgen cuando los intereses de las trasnacionales chocan con los de una comunidad, o vaya, una nación tan pequeñita como la nuestra.Es esa realidad, esa condición de lucha, la que hermana a los pueblos en fraternidad y resistencia. Porque lo que afectó ayer con las mineras a las comunidades de Cabañas, puede hacerlo mañana en Zaragoza, con los megaproyectos turísticos y de vivienda. Es el interés privado depredando inconciente e irrestricto, los derechos de la vida y la tranquilidad de las gentes más humildes, blindado de la crítica y la rebelión. El derecho a tener un ambiente limpio, el derecho a tener acceso y calidad al agua y saneamiento. Como implicaciones y amenazas de estos tratados, no se hace referencia a la poca generación de empleos directos o el pírrico humor de las exportaciones, estamos hablando de la advertencia que, tiempo atrás, los visionarios y los comprometidos con la lucha social hicieron ante la firma del TLC: la advertencia sobre el choque de intereses.
Jose Ernesto Montoya.
Economista y colaborador de ContraPunto