Por Darío Aranda
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y casos de contaminación. Ante la aprobación de un nuevo proyecto, y la masiva movilización de la población, encuestadores privados recorrieron la ciudad, pero nunca se difundieron los resultados. En junio último, el diario El Ancasti filtró el resultado de la encuesta: siete de cada diez habitantes rechaza la minería. El intendente, José Perea, en sintonía con el gobierno provincial y las empresas, logró suspender un plebiscito vinculante donde la población expresaría su opinión sobre la minería a gran escala.
El gobierno de Catamarca aprobó en 2009 el inicio del proyecto Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro. Es publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población. En diciembre pasado los vecinos cortaron el camino comunero que llega hasta el lugar donde se construye Agua Rica. Allí nació la Asamblea El Algarrobo, que fue duramente reprimida el 15 de febrero por la policía provincial.
A la represión le siguió una masiva movilización sobre el centro de Andalgalá y la suspensión temporaria del proyecto. El 11 de marzo, el Concejo Deliberante aprobó la realización de un referéndum vinculante para que la población decida si acepta la instalación de Agua Rica. El gobierno municipal recurrió al Poder Judicial porque consideró “inconstitucional” que la población se exprese democráticamente. El plebiscito fue suspendido en tribunales. Yamana Gold es la empresa canadiense a cargo de Agua Rica. Había rechazado ante este diario la posibilidad de una votación en Andalgalá, la consideró “inconstitucional”.
La Asamblea Vecinos por la Vida retrucó: “El pueblo de Andalgalá ya votó en las movilizaciones y concentraciones en la plaza. El pueblo ya dijo no a la minería”.
Semanas antes de que se suspendiera el plebiscito, los vecinos de Andalgalá se sorprendieron con encuestadores que llegaron hasta las viviendas rurales y también en la plaza principal del pueblo. Cuando preguntaban para quién era el estudio, obtuvieron siempre la misma respuesta: “Una consultora”. Nunca se hicieron públicos los datos finales, hasta que el 17 de junio el diario El Ancasti, de reconocido apoyo a la actividad minera, publicó un editorial donde filtró las cifras negativas a la minería: “Según una encuesta realizada recientemente por una prestigiosa consultora nacional, en Andalgalá, siete de cada diez ciudadanos está en contra de las explotaciones mineras (…)
La resistencia a la minería, palpable en todo el territorio provincial, es más intensa en los departamentos del oeste, donde están los yacimientos de mayor envergadura (…) está claro que no es posible desarrollar la minería sin consenso social”. La estadística no fue desmentida por el gobierno ni por las empresas. El editorial, firmada por el dueño del periódico (Silvestre Zitelli), instaba al gobernador Eduardo Brizuela del Moral a tomar medidas urgentes para revertir la situación.