Pareciera ser que algunos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de empresas mineras, tienen una particular manera de entender lo que significa licencia social.
Hace un mes y medio, luego de una accidentada audiencia pública en el Valle del Tambo, en Arequipa, el ministro de Energía y Minas señaló que el proyecto de Tía María ya había obtenido la licencia social para operar. Se olvidó decir que para que la mencionada audiencia pueda realizarse se necesitó trasladar un contingente de cerca de dos mil policías.
Ahora parece ser el turno del caso Cañaris. La empresa canadiense Candente Copper, acaba de informar que el pasado viernes 24 de enero, realizó en el caserío de Atunloma del distrito lambayecano de Cañaris, un taller público informativo para la aprobación de la modificatoria del actual Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA) del proyecto de exploración Cañariaco. El taller fue organizado de manera conjunta con el Ministerio de Energía y Minas.
Luego del taller, la empresa se ha animado a señalar que los pobladores han manifestado su apoyo al proyecto. Sin embargo, el presidente de la comunidad San Juan de Cañaris, Florentino Barrios, ha señalado que ningún comunero ni dirigente de San Juan estuvo presente en el taller porque “asistir a ella era aceptar estar de acuerdo con los procedimientos y porque el caso se encuentra judicializado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ahora cabe preguntar si una audiencia pública como la realizada en la localidad de Cocachacra el mes de diciembre pasado o la reciente en Cañaris, pueden significar que los proyectos tienen licencia social. De ninguna manera, porque entre otros aspectos el procedimiento no recoge criterios básicos de participación oportuna e informada.
Pareciera ser que la estrategia en la actualidad es cumplir a como dé lugar con los procedimientos administrativos, audiencias públicas o talleres que, como se sabe, no garantizan una participación ciudadana, ni oportuna ni informada.
Desde el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) alertamos sobre esta situación que puede provocar mayores tensiones y esperamos que nuestras autoridades respondan a los pedidos de diálogo y consulta previa, libre e informada, como demandan los comuneros de San Juan de Cañaris.