Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y, en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes (disponible en la web).
En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir las leyes.
Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro, ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían con su labor minera en la Gran Sabana.
El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.
Arco minero indígena en el área de influencia del Parque Nacional Canaima
El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.
Mina de Campo Alegre (10 kilómetros al suroeste de San Ignacio de Yuruaní, Gran Sabana), activa desde hace unos 10 años, con una superficie actual de 81 hectáreas (imagen tomada de Google Earth)
La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina y Parima-Tapirapecó).
El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de Venezuela.
Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón, minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.
Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999), la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela.
Linderos aproximados del Arco Minero del Orinoco (línea negra) y su relación con los territorios indígenas
No se puede seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los acompañen en esta y en las próximas generaciones.
@jrlozada61
Fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388