El pasado 22 de agosto, en la ciudad de Santa Cruz se desarrolló un encuentro de los pueblos involucrados en el «Anteproyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados».
El encuentro se realizó a convocatoria del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino, que es la instancia que realizó el mencionado anteproyecto, con objeto de socializar los avances y su posterior validación por los representantes de los pueblos convocados. Los Urus del lago Poopó, que fueron incluidos en este anteproyecto luego de la marcha que protagonizaron en el mes de marzo, participaron del encuentro haciendo conocer sus observaciones, en tanto esperan que esta Ley responda efectivamente a sus demandas.
Lo primero que observaron los Urus del lago, es que a ellos les corresponde la categoría específica de «pueblos en peligro de extinción», descartando la otras categorías de «situación de aislamiento voluntario» y «no contactados». De igual manera, reclamaron por qué la propuesta de Ley no los menciona específicamente como pueblo, con su nombre y apellido, es decir «Urus del lago Poopó»; sólo se menciona a los Urus en general y se hace referencia a Chipaya que es solamente uno de los pueblos Urus en Bolivia.
Un representante del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino, expuso las experiencias de los trabajos realizados en diferentes lugares del país, para elaborar el anteproyecto. De su exposición, los Urus advirtieron que toda la preparación de los antecedentes se hizo en función de la realidad de pueblos en tierras bajas, sin tomar en cuenta la propia situación de los pueblos minoritarios de tierras altas como los Urus. Si bien hay realidades compartidas entre los Urus y esos pueblos como: insuficiencia de tierras, cuidado de los recursos naturales y su hábitat, medio ambiente, la falta de titulación de sus tierras cuando faltan apenas dos meses para que el INRA cese sus funciones, etc., los Urus consideran que no se analizó su realidad particular. Entonces, es obvio que la inclusión de los Urus en el anteproyecto, fue una salida de las autoridades estatales ante las demandas expresadas en la marcha, ya que se les negó toda posibilidad de contar con una Ley Especial para los pueblos Urus del lago Poopó.
Por su parte, Nelson Cox, director del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesino, expuso el contenido del anteproyecto de Ley. Todos los participantes del evento escucharon atentamente para luego expresar firmemente sus observaciones. Principalmente, se observó la parte donde se manda la creación de la «Dirección General de las Naciones Pueblos Indígena Originario» (DIGEPIO), dependiente del gobierno central y con atribuciones que contradicen el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Además, esta Dirección tendría el «poder» de autorizar la presencia de cualquier institución y/o persona en los territorios de los pueblos indígenas involucrados en el antreproyecto, quienes se verían incluso sancionadas con penas de 10 a 15 años de privación de libertad, por los delitos de «genocidio cultural» o «perturbación cultural», términos que ni siquiera se definen claramente en la propuesta del Viceministerio. Al respecto los participantes de los diferentes pueblos asistentes expresaron su total desacuerdo y disconformidad, manifestando que no puede existir una instancia que sobrepase las atribuciones de sus propias estructuras organizativas y de su derecho al autogobierno y autodeterminación.
Lo que sí está claro, es que para algunos pueblos indígenas, los que debían ser penalizados son las grandes empresas y/o el mismo Estado, que desarrollan actividades extractivas en los territorios de pueblos indígenas en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, afectando a sus medios de vida. Exigieron que debe anotarse lo anterior de manera clara en el anteproyecto.
Para los Urus del lago Poopó –así como para otros pueblos, según lo expresaron ellos mismos-, el evento no trae mayores esperanzas, ya que ni siquiera se toma en cuenta que por disposición legal debería reconocerse un territorio para pueblos que por razones históricas han sido limitados de este espacio vital. Los Urus consideran que sólo con un territorio se puede asegurar la supervivencia de los pueblos y, por tanto, evitar su extinción.
En síntesis, por lo poco que el anteproyecto llamó la atención entre los pueblos asistentes, se puede concluir que aún falta un proceso mucho más serio en su diseño y redacción, con verdadera participación de los pueblos que serán beneficiados. Desde la óptica de los Urus del lago Poopó, la propuesta de Ley no trae soluciones claras a sus demandas manifestadas durante su marcha a La Paz. De todas maneras, han hecho llegar sus observaciones a los diseñadores del anteproyecto, esperando que se tomen en cuenta; eso sí, tal como está, no se aceptará la propuesta.