El 30 por ciento del territorio poblano está concesionado a empresas extranjeras para la realización de diversos proyectos vinculados a la extracción de recursos naturales, documentó David Ortega, a través de la realización de una cartografía de la resistencia social en diversas regiones de México, donde se incluye Puebla.
Destacó que los llamados “proyectos de muerte” en Puebla representan el 50 por ciento de todos los trabajos extractivistas en el país.
“Gracias a la vida” es un mapa de la república mexicana donde destacan los estados con el mayor número de proyectos extractivistas, siendo los ejes temáticos el agua, la minería, la energía, soberanía alimentaria y proyectos de urbanización.
El trabajo será presentado este 27 de octubre a las 11:30 horas en el Bar Karusso, ubicado en la 11 Oriente, entre 2 y 4 Sur, del centro histórico.
Tan sólo en la Sierra Norte de Puebla es particularmente prolífero en megaproyectos: se calculan vigentes 141 títulos de concesiones mineras que representan 160 mil hectáreas.
Además de la construcción de 10 presas en los tres principales ríos Ajajalpan, Zempoala y Apulco, 35 hidroeléctricas y sin olvidar las ciudades rurales.
Los gobiernos federal y estatal contemplan el avance del Proyecto Integral Morelos (despojo de 160 km de tierras entre Puebla, Tlaxcala y Morelos que incluye dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una línea eléctrica y un acueducto), proyectos carreteros, asentamiento de industrias y nuevos parques industriales.
Esto ocurre tras la aprobación de la reforma energética, que disparó la creación de los llamados “proyectos de muerte”, así como la persecución y hostigamiento de sus opositores.
De acuerdo con su autor, David Ortega, la información de la cartografía se compone del testimonio de los habitantes de territorios en disputa, así como la opinión de diversos especialistas y organizaciones vinculadas a la defensa de los recursos naturales en el país.
Explicó que el proyecto nace como un documental a principios de 2012, con el fin de informar sobre diferentes conflictos ambientales en México.
Sin embargo, dijo que para finales de ese año el panorama era inimaginable, se otorgaban concesiones para la extracción de minerales en más del treinta por ciento del territorio.
“Difundir la información recaudada para la creación de este documental, resulta un deber y una forma de sumarse al esfuerzo de pueblos y comunidades que actualmente enfrentan el acoso y el desplazamiento de su territorio”, sostuvo.
La información obtenida en la cartografía, recalcó, es el resultado de acompañar a diferentes organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, el Tribunal Permanente de los Pueblos y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que con base a su esfuerzo por documentar y articular la resistencia socio ambiental en México, han aportado de manera vital a la realización de este trabajo.
Mientras que de acuerdo a una investigación de Yara Almonte, de la Facultad Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, precisó que en el terreno del gas, las españolas Elecnor y Enagas y la italiana Bonatti vienen peleando las principales inversiones.
Almonte señaló que las minas pertenecen en su mayoría a las empresas Minera Frisco (Compañía San Felipe, Minera Francisco del Oro, Minera Meteoro y Minera las Espejeras) y el Grupo Ferrominero (minera Autlán, mina Santa Marta y Compañía Recuperadora de Escorias), ambos de Carlos Slim, y a Minera Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres.
Explicó que Grupo México invierte más bien en las hidroeléctricas, controlando 61 hectáreas de las concesiones para generar agua y electricidad para sus mineras, junto a Comexhidro, filial de Enel, una de las principales generadoras de energía en Europa que trabaja junto a la española Endesa.
Recientemente, dijo, Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) también disputó cuatro proyectos. “Pero quien se lleva las palmas es Almaden Minerals (Minera Gavilán, Compañía Minera Zapata y Minera Gorrión) que concentra 72 por ciento de las concesiones, y su país de origen, Canadá, cuyas empresas concentran 81 por ciento del territorio total concesionado”.