El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentado por tres organizaciones: Grufides, CooperAcción y Fedepaz, identifica a la minería informal como uno de los principales focos de conflicto a nivel nacional con un crecimiento explosivo y descontrolado. Entre 2005 y 2011, el número de titulares en régimen de minería artesanal se han incrementado en un 20%, mientras que el área concesionada prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 4.4 millones de hectáreas, muchas de las cuales se convertirán en operaciones legales o serán tomadas por mineros ilegales. “La política del Gobierno no entiende la magnitud real de la minería informal. Es un problema no sólo económico, sino social y ambiental muy fuerte”, explica Jose de Echave, investigador de CooperAcción.
Aunque resaltó que si bien el 2012 los conflictos sociales han disminuido, pero los conflictos latentes se mantienen en proyectos mineros como Conga (Cajamarca), Espinar (Cusco), Tía María (Arequipa) y en Madre de Dios por la concentración de la minería ilegal. Señaló además que la agenda de los conflictos se ampliaron, en años pasados los temas que movilizaban a las poblaciones era el agua y la tierra y que actualmente los conflictos latentes son por la reducción del canon minero, la incesante minería informal en un número creciente en regiones y las políticas para destrabar las inversiones.
El informe destaca que la región Apurímac sigue siendo, de entre las zonas monitoreadas, la región que concentra mayor cantidad de conflictos sociales, y se sigue consolidando como el nuevo centro de inversión minera, concentrando el 21% de la cartera de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones.
De Echave señaló que durante el 2011 y 2012 las inversiones mineras no se han reducido, según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que en esos años las inversiones se incrementaron en un 18% pasando de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, una tendencia que continuó durante el primer semestre de 2013, aumentando en un 19%. Es decir que las políticas para “destrabar las inversiones” no han tenido justificación.
Ana Leyva, abogada de Fedepaz señaló que la minería ilegal en la región Piura se viene desbordando y que las competencias que se les ha dado a todos los gobiernos regionales son insuficientes porque no tienen capacidades para abordar el tema, por lo que se requiere que el Estado tenga capacidad multisectorial para enfrentarla.
Así el informe agrega que de las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a noviembre de 2012, a agosto de 2013, sólo 20.875 mineros han iniciado el trámite de formalización. A comienzos del 2012, el Ministerio de Energía y Minas estimó que hay unos 100.000 mineros, en su mayoría informales, y unas 400.000 personas que dependen de estas actividades.
Pablo Sánchez de Grufides presentó el impacto del megaproyecto de la hidroeléctrica Chadín 2, conformado por 24 hidroeléctricas, y que se constituye en Cajamarca como un nuevo núcleo de tensión, luego de la violenta represión de la policía en julio de 2013, contra pobladores afectados. Los pobladores denunciaron irregularidades en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto. Afirmó que el megaproyecto desaparecería el río Marañón, que pasaría de un caudal de 450 m3/segundo a 70 m3/segundo durante el llamado de embalse.
Cabe señalar que el Observatorio de Conflictos Mineros está conformado por tres organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, y que por sexto año consecutivo viene monitoreando cinco zonas de intervención: Piura, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Junín.
Cifras:
- A noviembre de 2013, según el mapa de concesiones mineras, el 21.20% del territorio peruano se encuentra concesionado, es decir, más de 26 millones de hectáreas.
- Este 2013 Apurímac registra un 66.5% de su territorio concesionado a la minería, más de un millón 388 mil hectáreas, 12.1% más que el año 2012. La venta del proyecto de las Bambas la empresa minera Glencore Xstrata se ha convertido en una nueva posibilidad de inversión para numerosas empresas que están presentando sus ofertas, entre ellas, destaca la fuerte apuesta que están realizando las corporaciones chinas.
- Cusco tiene el 23.6% de su territorio concesionado, más de un millón 695 mil hectáreas. Como resultado del crecimiento sostenido de la actividad minera en la región se abrieron varios procesos de diálogo, entre ellos se encuentra el de Espinar donde se ha acordado la continuación de los Monitoreos Ambientales Participativos, aunque las negociaciones para la Reformulación del Convenio Marco siguen detenidas. Esta región es la más golpeada por la reducción de canon minero.
- En Cajamarca, el 42.2% del territorio está concesionado a la minería. El sistema de vigilancia establecido en Conga, promovido por las rondas campesinas y pobladores afectados, ha cumplido un rol fundamental en la defensa de las tierras y de los recursos hídricos de la región, por ello, están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad siendo objeto de violentas agresiones y del hostigamiento.
- En Junín, más de un millón de hectáreas de su territorio se encuentra concesionado, es decir un 27.4% de su territorio.
- La región de Piura tiene un 32% de su territorio concesionado. Aparentemente en esta región se trata de reactivar la actividad extractiva.
Se adjunta Infografía y Resumen Ejecutivo.