26/05/2024
Durante la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ejidatarios de El Bajío cuestionaron a los directivos del consejo de administración de la minera, entre ellos Alejandro Baillères, a quienes acusaron de mentir e incumplir las 67 sentencias que les ordenan devolver el oro extraído ilegalmente del desierto de Sonora
Texto y fotos: Alejandro Ruiz
LONDRES, REINO UNIDO. – Por segunda ocasión en la historia, un grupo de campesinos del ejido El Bajío encaró al consejo de Administración de Fresnillo PLC, presidido por el multimillonario Alejandro Baillères.
Los campesinos viajaron hasta Londres, Reino Unido, para exponer ante los accionistas de la minera el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y a restituirles todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.
Lo hicieron acompañados de las organizaciones Transform Trade, London Mining Network y ShareAction, las cuales vigilan el actuar de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Londres para identificar graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las empresas en los países donde desarrollan su actividad económica.
Ante el consejo de administración, Jesús Thomas, ejidatario del ejido El Bajío, reclamó contundentemente a la asamblea: “Ustedes sólo respetan la ley cuando les beneficia”. Y no parece estár equivocado.
Las omisiones en el reporte de Fresnillo PLC
En 2013, 67 campesinos de El Bajío demandaron a Penmont (minera filial de Fresnillo PLC) ante el Triunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora. Acusaron despojo y daños ambientales causados por la invasión ilegal de su territorio para la explotación minera.
El juicio se resolvió en noviembre de 2014, y sentenció a la minera a abandonar el ejido y regresar el oro que extrajo ilegalmente a los campesinos. Desde ese año se han desprendido 67 sentencias, todas a favor de los ejidatarios, ratificadas desde ese mismo año. La minera no ha cumplido ninguna, pues aunque fue desalojada por la fuerza del territorio ejidal, no ha restituido el oro saqueado a los ejidatarios.
La muerte también ha llegado al ejido, pues desde que los ejidatarios de El Bajío emprendieron su lucha, les asesinaron a tres compañeros: Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria de 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Actualmente, un grupo de exejidatarios asesorados por abogados cercanos a la minera y el crimen organizado demandó a otros integrantes de El Bajío.
Pese a esto, al ser cuestionados durante la asamblea del consejo de administración, los ejecutivos de Fresnillo PLC omitieron hablar de esto.
En la asamblea, Richard Solly, integrante de la London Mining Network, preguntó sobre el incumplimiento de las sentencias. La respuesta la dio el director ejecutivo de Fresnillo PLC, Octavio Alvídrez, y no el presidente de la compañía, Alejandro Ballères. Alvidréz respondió con vaguedades, enlistando algunas de las acciones sociales que la minera realiza en otras partes del país. Sobre el ejido El Bajío, Alvídrez solo lamentó “la división en dos grupos que pelean por intereses distintos”.
Ante esto, Solly reclamó: “Gracias por sus respuestas. Contestó cosas muy interesantes a preguntas que yo no hice. Yo me refería a tres juicios legales en específico que hay en contra de la compañía y de esos al menos uno, entiendo, no puede apelarse”.
Los juicios a los que hizo referencia Solly son el 188/2009, del 11 de noviembre de 2011; el 536/2013, del 9 de junio de 2014; y el 297/2019 del 26 de enero de 2022. Todos en materia agraria.
Además de esta pregunta, Solly cuestionó que Alvídrez respondiera, pues formalmente no es un miembro de la junta directiva de Fresnillo PLC. Alvídrez sólo respondió lo último:
“En la práctica, yo soy un miembro de la junta, aunque no tenga la nominación, participo activamente en todas las decisiones que la junta determina. Estoy considerado un miembro de la junta en términos prácticos».
Posterior a esto, Fiona Gooch, de la organización Transform Trade, cuestionó al consejo administrativo de Fresnillo PLC sobre el incumplimiento de las sentencias, además de inconsistencias en sus reportes financieros. De nuevo, Alvídrez respondió:
“Nosotros somos transparentes en todo ese sentido. Y, como mencioné, confiamos al 100 por ciento en que las autoridades llegarán a cualquier resolución final. Y, cualquiera que sea, nosotros la cumpliremos al 100 por ciento con esa resolución final. Así como lo hicimos cuando en 2013 le regresamos la tierra a los ejidatarios de El Bajío. Y debo mencionar algo en particular, porque no fue a todos los miembor sde El Bajío, sino a la familia Cruz”.
Octavio Alvídrez, director ejecutivo de Fresnillo PLC
La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue contradictoria. Jesús Thomas precisó en la misma asamblea:
“Hay un grupo de cuatro pesonas, y hay un grupo de 70 personas. Esa es la división; y las cuatro personas (los Cruz) están trabajando de la mano con los abogados de la empresa”.
Además de esto, otro dato que la minera no reconoce es que la restitución del oro que ordenan las sentencias no son hacia la familia Cruz, sino para la Asamblea del ejido El Bajío.
Sobre esto último, Octavio Alvídrez se limitó a resumir el conflicto a “diferentes puntos de vista”.
Fresnillo PLC miente a accionistas en Londres
De acuerdo con un reporte de S&P Capital IQ en posesión de Pie de Página, en 2022 Fresnillo PLC reportó que su mina de Soledad y Dipolos se encontraba operando, pero bajo el estado de mantenimiento y cuidado. Ese mismo año, la empresa reportó que el valor de sus reservas in-situ fue de 2 mil 811.9 millones de dólares.
Este reporte demuestra que, aún con las 67 sentencias en su contra, Fresnillo PLC sigue reportando ganancias en esta mina, aunque ya no opera más. Inclusive, en 2023 el área fue catalogada como Área Natural Protegida.
Esta información fue corroborada por Octavio Alvídrez a pregunta expresa de este reportero. Posteriormente, Fiona Gooch, de Transform Trade, cuestionó el por qué esto no aparece en los reportes anuales de Fresnillo PLC, y también por qué no aparece un monto designado para el cumplimiento de la sentencia.
La respuesta de Alvídrez, de nuevo, fue vaga: “Bueno, esa es su opinión, y yo no la discutiría. También tenemos una visión legal con un proceso legal departamental. Como mencioné antes, y lo seguimos haciendo, cumplimos el 100 por ciento de la normativa. No sólo lo que tenemos en México, sino los estándares internacionales también. Por supuesto que este proceso legal está en las regulaciones de México y nosotros cumplimos con eso al 100 por ciento”.
El contexto de esta pregunta, apuntó Gooch, es porque en la Asamblea General Anual, se comparten los datos administrativos de los activos de Fresnillo PLC, empresa que cotiza y obtiene beneficios de la Bolsa de Valores del Reino Unido. Omitir un reporte de esta naturaleza podría acarrear una sanción administrativa, e inclusive la expulsión de la Bolsa.
Las consecuencias: Fresnillo PLC en la mira
Desde tiempo atrás, los ejidatarios de El Bajío han impulsado una campaña para que el gobierno del Reino Unido sancione a la empresa de la familia Baillères. Esto, de acuerdo a Jesús Thomas, «es porque en México no nos hacen caso».
En su travesía, además de contar con el apoyo de las organizaciones ya mencionadas, los ejidatarios se reunieron con el político laboralista, Fabian Hamilton, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, quien ya presentó ante las autoridades mexicanas una moción por el caso del ejido El Bajío.
Las autoridades mexicanas, sin embargo, no han hecho caso a esto, pues la ejecución de las 67 sentencias sigue en espera.
Además de esto, la Corporate Justice Coalition, una red de 68 organizaciones, comentó en entrevista que casos como este pueden ser sancionados por las leyes vigentes en el Reino Unido, ya sean en materia financiera, fiscal, o administrativa.
Aunado a ello, esta coalición, explicó su directora Eleonor Rosenbach, impulsa una nueva ley que permitirá sancionar penalmente a empresas con capital inglés o que coticen en los mercados financieros del Reino Unido si no respetan leyes ambientas y de respeto a los derechos humanos en los lugares donde operan.
De aprobarse, esta legislación podría traer consecuencias a empresas como Fresnillo PLC, que además de incumplir las sentencias en su contra, ha propiciado asesinatos, desapariciones y amenazas contra los ejidatarios que se oponen a la mina.
Actualmente la propuesta de ley cuenta con 120 mil firmas de personas que apoyan la iniciativa.
Alejandro Ruiz
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.