Tras el asesinato del líder de El Barzón, Ismael Osorio y de su esposa Manuela Solís, la asamblea ejidal de Benito Juárez, en Chihuahua, decidió por unanimidad la clausura de la minera canadiense Mag Silver y Majors y su filial Cascabel, y las emplazaron a retirar la maquinaria, equipo y personal en las próximas 48 horas.
Como testigos de la asamblea en el ejido chihuahuense del municipio de Buenaventura acudió un visitador especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el director de Gobernación del Gobierno del Estado, Wilfrido Campbell Saavedra; el jefe de residencia en Chihuahua de la Procuraduría Agraria, Carmelo Rodríguez Mendoza; el jefe del Departamento Operativo de la misma dependencia, Mario Alberto Arzaga Estrada, así como representantes de El Barzón, el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, Contec y autoridades ejidales de varias comunidades.
En la asamblea ejidal a la que acudieron 240 ejidatarios, se leyó el UCPAST/Eu/12/1307 de la Secretaría de Medio Ambiente, en el que notifica que la minera que extrae aguas superficiales en la región no tiene permiso alguno para trabajar en ese lugar.
Cabe recordar que una semana antes del 23 de octubre, fecha de su asesinato, Solorio Urrutia fue golpeado por empleados de la minera, ya que el ejidatario encabezaba un movimiento que exigía a la mina que presentara los permisos ambientales y denunciaba la extracción ilegal de agua en esa zona desértica.
Según un comunicado de El Barzón, ayer sábado 17 de noviembre “por unanimidad y en honor de los defensores de derechos humanos ambientales y líderes campesinos de El Barzón, Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís, 240 ejidatarios y ejidatarias dijeron ‘NO’ a la mina”.
Los testigos hicieron un cerco de solidaridad, escucharon el pase de lista que avala que se alcanzó el quórum legal para legitimar las decisiones. En el pase de lista se gritó ‘presente’ por el ejidatario asesinado y su esposa, por quienes se guardó un minuto de silencio.
En el acta de asamblea del 17 de noviembre de 2012, inscrita en el Registro Agrario Nacional que finalizó a las 14:00 horas, quedaron como acuerdos: Restringir permisos a cualquier empresa minera por un periodo de 100 años para realizar exploración y explotación minera, y si en el futuro se presenta una nueva solicitud para realizar exploración o explotación minera, se deberá contar con los estudios, permisos y autorizaciones correspondientes y aprobarse por unanimidad de votos de la asamblea.
“No autorizar a la empresa El Cascabel, Mag Silver o Majors y/o sus filiales la exploración y explotación minera (…) Se establece un plazo de 48 horas, a partir de la presente asamblea, para que retiren del ejido Benito Juárez toda la maquinaria, equipo y materiales, así como todo el personal que tenga dentro de las tierras ejidales”, fueron algunos de los acuerdos, según refiere el comunicado.
Según El Barzón, “esta valiente y firme decisión de la comunidad es la base para enfrentar cualquier intento de la minera por presionar legal, paralegal o ilegalmente para extraer la riqueza minera del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Al mismo tiempo, constituye un llamado de esperanza a las comunidades que a lo largo de todo México y América Latina se enfrentan a la voracidad del extractivismo de las compañías trasnacionales, ávidas de materias primas y recursos naturales”.