Pueblos indígenas que habitan en los límites de Colima y Jalisco han denunciado a nivel local y nacional que empresas mineras están detrás de los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, así como de la desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio, este último egresado de la Universidad de Colima y quien fue sacado de su casa por un comando armado el 23 de octubre de 2013.
Estas tres personas son el padre, el hijo y el sobrino respectivamente de Félix Monroy Rutilo, quien desde hace 40 años ha sido desplazado, intimidado y agredido por el Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada”, que hoy en día tiene interpuesta una denuncia en su contra por tala ilegal.
La PGR le está cobrando al campesino 150 mil pesos de multa, dinero imposible de pagar para su familia.
Ante el avance de la minería en la entidad, están en alerta los ejidos y comunidades indígenas de Zacualpan, Canoas, Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán, quienes se manifestaron durante el 2014 en varias ocasiones.
Dichos pueblos han sufrido los sobornos, intimidaciones, hostigamiento, violencia física, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, asesinatos, contaminación de agua, aire y suelo; así como el despojo de sus territorios, desaparición de nacimientos de agua.
En un documento que difundieron en septiembre del 2014, señalaron que por la explotación minera sufren la destrucción de sus caminos, pérdida de biodiversidad y enfermedades, además de: “La división dentro de nuestras mismas familias, pérdida de nuestras tierras de cultivo, pérdida de nuestra cultura ancestral, fractura de nuestro tejido social que nos lleva a enfrentarnos entre hermanos, negándonos el derecho a una vida digna para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”.
Los habitantes de las comunidades indígenas de Coconal, Puertecito de las Parotas, Los Potros y Mameyito, denunciaron el despojo de sus tierras, la contaminación del Río Marabasco, así como la destrucción de caminos.
Acusaron de toda esta problemática al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, que se encuentra operando en territorio colimense y advirtieron que pese a las amenazas, intimidaciones y desapariciones seguirán en lucha para defender la tierra que heredaron de sus ancestros.
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