G. CONTRERAS
Gobierno espera que después de la visita de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio, se retire la suspensión impuesta a la mina Marlin.
El vicepresidente Rafael Espada dijo que una delegación del Ejecutivo discutirá con los expertos de la CIDH.
“Ojalá que las sanciones se levantaran. La idea es que encontremos la verdad. Si hay contaminación, seríamos los primeros en cerrar la mina; si no hay, no hay necesidad —de la medida cautelar—, explicó Espada.
Aseveró que debe haber una razón para que el Estado ordene el cierre, a través del ministerio del ramo, y que ese proceso llevará de 90 a 120 días, debido a que incluye el análisis y notificación de la resolución de la CIDH, así como los argumentos de defensa de la mina. “Y si no hay causal, se llama a la Comisión para reconsiderar la medida”, refirió.
Además, hoy o mañana llegará a la CIDH, en Washington, el documento final del Estado de Guatemala, con sus razonamientos respecto de cada medida cautelar.
Espada dijo que también hablarán con los delegados sobre la nueva ley de minería que está en el Congreso.
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