ASSOCIATED PRESS 27/03/2024
QUITO — La confrontación entre militares y comunidades indígenas que rechazan la explotación minera en un poblado andino de Ecuador dejó 46 heridos, en su mayoría, uniformados, daños a propiedad privada y el ataque a una tubería de distribución de agua, según cifras actualizadas el miércoles por el ministerio de Gobierno.
El grupo de comuneros que protesta desde hace dos semanas en la pequeña población de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, acusa a las autoridades de represión ante sus movilizaciones en defensa de la conservación ambiental de esa zona rica en minerales.
Mientras el gobierno acusa a algunos de los manifestantes de no pertenecer a la agrupación y de avivar en la confrontación. Los calificó de terroristas.
Los incidentes de los últimos días, con choques y también momentos de calma, condujeron el miércoles a la suspensión del servicio del agua en ciertos sectores, aseguró el Ministerio de Gobierno, debido a un “ataque a la tubería”.
“No permitiremos que estos actos se disfracen bajo una supuesta lucha por los derechos ambientales”, señaló un comunicado de esa cartera, que agregó que “actores ajenos a la zona” buscan sembrar el caos, dejando hasta el momento nueve ciudadanos y 37 uniformados heridos, además de dos vehículos incinerados y daños a la propiedad privada.
La parroquia rural de Palo Quemado, tiene algo más de 1.000 habitantes, se asienta en una superficie de 12.780 hectáreas, en las riberas del río Toachi, a 137 kilómetros al sur de Quito.
Sus habitantes rechazan la realización de una consulta ambiental en la zona por parte del Ministerio del Ambiente, que es un requisito previo para la entrega de la licencia ambiental a la empresa canadiense Atico Mining, interesada en explorar cobre, plata, oro y zinc.
Las exportaciones mineras de Ecuador en 2023 generaron 3.324 millones de dólares, un 19% más que en 2022, y una recaudación tributaria de 762 millones de dólares, según datos de la Cámara de Minería.
Marco Guatemal, secretario de Pueblos y Nacionalidades, un representante indígena nombrado por el gobierno, rechazó en un video difundido a los periodistas que, por un conflicto de “intereses personales”, se prive del “derecho al agua” a los pobladores.
La única herramienta para evitar el conflicto es “el diálogo con los actores directos que están en el lugar”, añadió Guatemal.
Por su parte, el presidente de las juntas parroquiales de Cotopaxi, Édison Yánez, desmintió la versión oficial y negó que quienes protesten pertenezcan a grupos ajenos a la población o terroristas.
“No pueden hablar de terroristas, son campesinos, dirigentes, yo mismo he estado hasta el día de hoy y no me pueden tildar de terrorista”, declaró Yánez a The Associated Press.
“Exigimos que se desmilitarice el territorio”, agregó el líder comunitario, quien asegura que la presencia de la fuerza pública genera “miedo de las personas”.
Yánez afirmó que existe un miembro de la comunidad herido de gravedad por un impacto directo con bomba lacrimógena en el rostro.
Rubén Balseca, dirigente de la comunidad Las Palmas, colindante con Palo Quemando, dijo a la AP que si bien se dieron enfrentamientos de menor intensidad el miércoles no puede confirmar la versión sobre la suspensión del servicio de agua en la zona.
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