Un mensaje de diez líneas en facebook puede costarle a Agustín Wachapá una condena de hasta tres años de cárcel. A primera hora de este miércoles, este líder de la comunidad shuar de Ecuador comparecerá en un tribunal de la provincia de Morona Santiago por una acusación de incitar a la violencia contra la policía. En diciembre de 2016 la comunidad shuar se manifestaba contra la concesión de licencias mineras en su territorio amazónico por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.
Wachapá escribió un mensaje para movilizar a los suyos, diciendo que nunca se rindieran y menos «entregar las minas» de su territorio. Wachapá fue encarcelado, pasó cuatro meses en prisión preventiva y sólo salió tras pagar 6.000 dólares de fianza, a la espera del juicio.
Pero la organización Human Rights Watch (HRW) denuncia que la persecución judicial no vino sola, sino que forma parte de una secuencia iniciada desde el poder ejecutivo. «Este caso provocó mucha preocupación en el movimiento indígena-explica a La SER Luciana Téllez, investigadora de HRW-, porque se dio en un clima de intimidación por parte de la administración de Correa«.
En un informe presentado esta misma semana, la organización acusa al expresidente de propiciar esas campañas de acoso, empezadas con «declaraciones muy hostiles por parte del presidente y vicepresidente en cadenas de televisión nacional», seguidas por las actuaciones del ministerio del Interior y de la fiscalía. «Los cargos penales que analizamos en nuestro informe son infundados, no vemos que haya evidencia para mantener acusaciones que en su mayoría son contra líderes indígenas que se opusieron a la minería y la explotación petrolera en la Amazonia.
No sólo se trataba de persecuciones individuales, sino de que el gobierno de Correa dictó un decreto que le permitió clausurar arbitrariamente organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Pachamama.
Human Rights Watch recoge un cambio de actitud por parte del nuevo gobierno de Lenín moreno, que se concreta en haber puesto fin al hostigamiento desde los medios. «No se han abierto nuevas causas contra líderes indígenas ni ambientalistas» aclara Téllez, pero critican que se sigan sin abordar los procesos judiciales de forma correcta y que la legislación utilizada contra las ongs no haya sido derogada por completo.
Por ejemplo otro líder comunitario shuar, Pepe Acacho, está pendiente de resolución de una condena por un delito menor de «impedir el libre tránsito de vehículos, personas y mercancías» durante otra protesta indígena contra una ley minera. El problema es que Acacho fue encontrado culpable de este delito sin haber siquiera ser acusado de él durante el juicio. Originariamente, en 2013, fue juzgado por terrorismo y condenado a 12 años de cárcel.
En enero de este año Acacho fue absuelto por ese delito en la Corte Nacional de Justicia, pero condenado por los otros delitos arriba mencionados. Como estos delitos no figuraban en la causa inicial, HRW explica que ni siquiera pudo defenderse de ellos porque simplemente no constaban.
Esta organización de derechos humanos alaba que el presidente Moreno se haya acercado a este movimiento y se haya reunido con sus líderes. Pero tiene que pasar la página del periodo ‘Correa’ poniendo fin al uso de los tribunales para amedrentar a los movimientos indígenas ambientalistas.
Fuente:http://cadenaser.com/ser/2018/03/28/internacional/1522227100_932267.html