Manifiesto a partir de la Cumbre Agraria de Ecuador en el Día Mundial contra la Megaminería
Desde la aprobación de la Ley Minera de 2009, en lugar de cumplir con el mandato minero aprobado en la Asamblea Constituyente, el Gobierno ecuatoriano impulsa la megaminería a través de una serie de incentivos tributarios y fiscales a la inversión extrajera, directa o mediante alianzas público privadas. En gran medida, estas políticas representan una continuación de la agenda neoliberal impulsada en décadas anteriores.
En medio de la crisis económica y durante el último año del periodo de Gobierno de Rafael Correa, se inició un proceso de apertura del Catastro Minero a través de mecanismos administrativos y un procedimiento de subasta y remate de concesiones por parte del Ministerio de Minería y de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Por la vía administrativa se quieren concesionar alrededor de 1’300.000 hectáreas y, a través del mecanismo de subaste, 432.251 hectáreas. A estas nuevas concesiones se suman más de 1’113.000 hectáreas actualmente inscritas en el Catastro Minero. En total son casi 3’000.000 de hectáreas para exploración geológica y desarrollo de proyectos mineros, entre los cuales destacamos 5 proyectos estratégicos: Mirador, Panantza-San Carlos, Fruta del Norte, Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco.
Además de irrespetar los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, el actual mapa minero se sobrepone a áreas protegidas y bosques protectores, en una clara violación de las Leyes ambientales del país. Asimismo, ya están presentes los impactos negativos en los territorios en los cuales se desarrollan las actividades de exploración o beneficio: desplazamiento de comunidades, persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes comunitarios, ocupación del territorio por la policía, desagregación del tejido social y de vínculos familiares. Todas las actividades mineras se ejecutan sin garantizar el derecho colectivo de pueblos indígenas a la consulta previa ni mecanismos reales de consulta y control ambiental. Solamente se realiza la socialización, la cual es apenas una formalidad dentro del trámite de las empresas mineras para obtener licencias ambientales.
Frente al intento del Gobierno para hacer de Ecuador un país minero, las comunidades afectadas por esta actividad y los movimientos sociales y ecologistas reunidos en la Cumbre Agraria de Ecuador afirmamos que la minería no es una alternativa porque es incompatible con la construcción de territorios autónomos, interculturales y biodiversos. Su actividad no contribuye al desarrollo económico, cultural y social del país. Por lo contrario, profundiza una inserción sumisa en el sistema global capitalista como proveedores de materias primas baratas, genera empleos precarios, profundiza la inequidad de género y agudiza la violencia machista, fomenta la especulación con la tierra y degenera – de forma irreversible – los ecosistemas de los cuales dependemos para la reproducción de la vida.
Ecuador es el país de los derechos de la Naturaleza, poseemos uno de los más altos índices de biodiversidad e importantes reservas de agua dulce, tenemos la capacidad de alcanzar la soberanía alimentaria. Podemos construir nuestro futuro basándonos en el Sumak Kawsay, en la producción agroecológica y campesina de alimentos, en los emprendimientos comunitarios sustentables y en el desarrollo de energías limpias y descentralizadas. Por eso, exigimos:
1. Una moratoria inmediata a la entrega de nuevas concesiones mineras hasta que se garantice el principio de precaución ambiental en la normativa nacional y se prohíban expresamente actividades mineras industriales en zonas de alta sensibilidad ecológica y social como páramos, humedales, bosques subtropicales y tropicales, así como territorios indígenas, campesinos y de soberanía alimentaria.
2. La ejecución inmediata del Mandato Minero, en especial para las concesiones mineras que hasta la fecha siguen afectando fuentes de agua, áreas protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento; aquellas que en número mayor a tres continúan acaparando la tierra; aquellas que no han cumplido con el derecho colectivo a la consulta a comunidades indígenas según estándares internacionales.
3. Que se realice una auditoria social, ambiental y económica, transparente e independiente, a los proyectos mineros que están en marcha. Es necesario que la sociedad civil conozca, entre otros, los siguientes aspectos: cuáles fueron las consecuencias de los desalojos violentos de la población de Tundayme, en la Cordillera del Cóndor; cuáles son los impactos psicosociales de la militarización de Junín, en Íntag; qué recursos monetarios obtuvo el Estado por concepto de “regalías anticipadas” y qué destino se les dio; en qué estudios técnicos se sustenta el Ejecutivo para decir que la explotación minera en Quimsacocha y en Río Blanco, ubicadas en el Macizo del Cajas, no afectarán ni al páramo, ni a los ecosistemas, ni a las fuentes de agua de Cuenca y de la regíon. Qué se esclarezca y se haga justicia por los asesinatos de José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisuma en la Amazonía Sur; qué los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) de los demás proyectos, aprobados por el Ministerio del Ambiente, sean revisados por entidades que no tengan un vínculo clientelar con las empresas mineras.
4. Qué el Estado deje de perseguir y desacreditar las opiniones que divergen de su agenda minera. Qué respete la autonomía territorial y la construcción de realidades alternativas a la minería.
Hoy, en este Día Mundial Contra la Megaminería, nos declaramos en lucha permanente frente a las pretensiones de ampliar la actividad minera en Ecuador. Llamamos a todas las personas a una minga nacional por la defensa de las poblaciones afectadas y por la construcción de otros escenarios económicos, así como de nuevos imaginarios políticos y sociales para el futuro del país. Además, nos unimos a la movilización mundial por la defensa del agua y la vida, que exige justicia en cada uno de los países donde se ha dado ya procesos de despojo, asesinatos y destrucción ambiental.
¡Ecuador NO es país minero! Compañías mineras ¡fuera de nuestros territorios! ¡Viva la resistencia de los pueblos!
Quito, 22 de julio de 2016
