El aumento de los pagos para los minerales de la construcción y las pocas normas ambientales mantienen disgustados a mineros y ambientalistas.
Las reformas al código minero, propuestas por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) y presentadas a la Asamblea Nacional, desataron una ola de quejas e inconformidades por los efectos colaterales que traería la millonaria actividad.
Por un lado, agrupaciones como Panamá Sostenible, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza y el Centro de Incidencia Ambiental advierten que son nulos los cambios para reforzar la supervisión ambiental.
Apenas 5 de las nuevas 25 modificaciones hacen referencia a temas ambientales.
Los conservacionistas esperaban que los cambios en la legislación minera incluyeran normas más rígidas para las empresas que ocasionen daños al ambiente.
Consideran que no es suficiente aumentar de 0.25 centavos a 100 dólares las fianzas por perjuicio por cada hectárea extraída, ya que ello no correspondería al valor real de las aguas y los bosques panameños.
Reclaman la falta de un análisis real de los costos que se sufren con la contaminación ambiental y la pérdida de agua, además de un estudio de zonas endémicas que proteger.
La propuesta en esencia contiene una serie de aumentos en los diferentes pagos que conlleva la actividad extractiva, permite el establecimiento de empresas estatales, y que gobiernos extranjeros costeen proyectos.
Aunque el incremento de regalías en base a la producción bruta se duplica entre 4% y 8% dependiendo del mineral, los empresarios no se quejan. Creen, al igual que el Gobierno, que con los actuales precios de los minerales son capaces de soportar la subida.
Sin embargo, el incremento propuesto para los minerales no metálicos (los que son usados en la construcción) fue motivo de reunión a lo interno de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
“Nos parece excesivo, muy alto, casi todo lo han puesto a un dólar”, dijo Roberto Cuevas, presidente de la Camipa, refiriéndose al pago por metro cúbico de extracción de arena, cascajo, piedra y otros materiales.
Una cantera gana anualmente unos 300 mil dólares y con la modificación a los tributos tendría que pagar en impuestos sus ganancias, dice el ingeniero en minas.
Su argumento es que se impactarán los costos de los materiales de construcción, lo que se trasladaría al consumidor final, además de que se fomentarán las extracciones ilegales y con esto mayores daños al ambiente.
“Estamos de acuerdo con un ajuste, pero que sea razonable”, acotó Cuevas.
El alcance del MICI
El proyecto de ley 277 que modifica la legislación minera del país propone que el tema ambiental será competencia de la Autoridad Nacional del Ambiente ( Anam) y no del Mici, pero según los ambientalistas no se considera reforzar una entidad, cuya debilidad y pobre poder de supervisión ha quedado en evidencia.
Consideran que el Mici debería tener una unidad ambiental cuyos técnicos velen por el tema minero.
Tanto los empresarios como los conservacionistas esperan hacer propuestas al proyecto de ley que por ahora se encuentra en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.