Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
12 de mayo de 2016
Las imágenes satelitales compartidas hoy en la portada del Diario El Comercio muestran cómo mineros ilegales han logrado desviar el cauce del Río Malinowski, en Madre de Dios. Desde febrero del 2015, las dragas fluviales y otras maquinarias empleadas en esta actividad ilegal han venido destruyendo la formación natural que antes se apreciaba serpenteante entre porciones de tierra, generando una ‘puente de agua’ que ahora conecta a otro tramo del río.
“Lo que se ve es muy grave y hay que alertarlo. No hablamos de los impactos negativos que habrá en un futuro, sino de lo que ocurre ahora mismo”, comentó José Luis Capella, director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Efecto del uso de dragas: La modalidad de los mineros ilegales consiste en colocar sus dragas (armatostes de madera que equipan con motores para remover la tierra del lecho del río y extraer el oro) en los cruces y en las curvas de los ríos para desviar su curso. De esta manera, logran aislar porciones de tierra que son aprovechadas. Además utilizan otras maquinarias como las chupaderas (mangueras que extraen el material del lecho del río). “Ahora están ubicados frente a la reserva”, explicó Víctor Hugo Macedo, jefe de la Reserva Nacional de Tambopata.
¿Qué dicen los decretos que regulan y sancionan la minería ilegal? Estos decretos, precisamente prohíben el uso de dragas o maquinarias similares en ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. Asimismo, la actual normativa ha incorporado al Código Penal como delitos actos referidos a actividades mineras que no cuentan con autorización de la entidad administrativa competente y causan perjuicio, alteración o daño al ambiente, sus componentes o a la calidad y salud ambiental. En cuanto a la minería artesanal informal, dichas normas plantean un proceso de formalización, diferenciándolas claramente de la actividad ilícita. Además, reconocen que existen otras problemáticas que conviven con la minería ilegal y que según la norma deben ser atendidas por el Estado.
Por estas razones y las evidentes consecuencias que podría tener la derogación de estas normas consideramos que la propuesta de Keiko Fujimori constituiría un retroceso en la lucha contra la minería ilegal y el impacto negativo que ocasiona en el medio ambiente y en la vida de las personas.
Fuente: El Comercio.