27 de Mayo 2011
Los investigadores se encontraron con que «los mercados financieros de Canadá son particularmente permisivos» y las empresas que se radican allí reciben, además, «apoyo moral y financiero del gobierno». «Todo eso hace que Canadá se haya vuelto un paraíso judicial y financiero de la industria minera.
Los académicos demandados, que irán a juicio en septiembre, sostienen que sólo cruzaron «documentos públicos». El trabajo está detallado en el libro Noir Canada, del que se imprimieron mil ejemplares
Once millones de dólares. Ese el monto de la demanda que iniciaron las mineras Barrick Gold y Banro contra tres investigadores europeos.
Los acusan de orquestar una campaña de «difamación internacional» por su libro Noir Canada, del que se imprimieron mil ejemplares.
Allí analizaron, en base a documentos públicos, el comportamiento de las empresas canadienses en África y concluyeron que esas firmas utilizaron la buena reputación del país donde se afincaron para hacer negocios a costa de contaminar, violar derechos humanos y participar de crímenes económicos.
El juicio comienza en septiembre, en los tribunales canadienses de Quebec y Ontario. «Habíamos escuchado quejas sobre el accionar de empresas canadienses de violaciones de derechos humanos, de crímenes económicos, de contaminaciones a gran escala. Se sigue difundiendo un discurso de que Canadá como país es sólo capaz de hacer el bien.
Planteamos esto como tema de investigación, pero lo que vimos es que Canadá es una plataforma privilegiada para las empresas transnacionales, que gozan de la reputación de Canadá, particularmente las mineras», señaló a BAE William Sacher, quien será juzgado en septiembre ante un tribunal de Quebec. Junto a él estarán los el filósofo y sociólogo Alain Deneault y la estudiante de filosofía Delphine Abadie.
En ese trabajo, que aborda el papel de las mineras, empresas de transportes, de energía hidroeléctica y de la industria farmacéutica en el continente africano, los investigadores se encontraron con que «los mercados financieros de Canadá son particularmente permisivos» y las empresas que se radican allí reciben, además, «apoyo moral y financiero del gobierno». «Todo eso hace que Canadá se haya vuelto un paraíso judicial y financiero de la industria minera.
Hablamos de paraíso judicial por analogía con los paraísos fiscales. Por esto hay tantos capitales que escogen Canadá para, luego desde esta plataforma privilegiada, pilotear proyectos en el sur del mundo», indicó Sacher, especialista en impacto socioambiental.
LA DEMANDA. Lo que alteró los ánimos de Barrick Gold es que en Noir Canada, Sacher, Deneault y Abadie vincularon a la minera con mecanismos poco claros para desalojar a mineros artesanales en Tanzania, o su papel en la República Democrática del Congo, país rico en diamantes, cobre, coltán, oro, uranio. «La empresa Sutton Resources –adquirida en 1999 por Barrick Gold– está acusada de aliarse con la policía para expulsar a los mineros artesanales.
Se denunció que eso terminó con 52 mineros enterrados vivos, en agosto de 1996. Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hizo un informe sobre esto. Nosotros no descubrimos nada. Eso era información pública.
Ahora Barrick dice que esto es falso y que deberíamos haber sabido que lo era», dijo Sacher. Sobre Banro pesa una acusación similar: «Figuró en la lista de la ONU entre las empresas que violaron los principios directrices de la OCDE.
Está acusada de haber realizado contratos leoninos a cambio de financiar la guerra y, a cambio, tuvieron concesiones», agregó. Ante la consulta de BAE, Barrick Gold –con sede en Canadá y capitales provenientes de los Estados Unidos– sostuvo que la demanda fue presentada porque el libro «acusa falsamente a Barrick de complicidad en la masacre de mineros artesanales, de complicidad en el genocidio en el Congo, tráfico de armas y de provocar una guerra civil: todas falsas acusaciones.
Cuando semejantes imputaciones fueron publicadas bajo la apariencia de una investigación académica creíble, tuvimos el deber, para con nuestros empleados, accionistas y otros grupos de interés, de aclarar los hechos».
Subrayaron: «Valoramos fuertemente la reputación de nuestra compañía, lo que nos permite trabajar con gobiernos y comunidades en los cinco continentes. En sus 28 años de trayectoria, Barrick sólo ha iniciado una demanda por difamación contra los autores de un libro».
LOS PROCESOS. Los investigadores rechazan la acusación sobre la «campaña de difamación» internacional contra las mineras y sostienen que, detrás de las demandas -ante la Corte Superior de Quebec, en el caso de Barrick, y ante la Corte de Ontario, por parte de Banro- hay un caso Slapp, Strategic lawsuit against public participation (juicios civiles contra la participación pública).
De ese modo, el proceso judicial deja de ser una cuestión pública y se convierte en una disputa privada. Según los ambientalistas, esa judicialización obliga a los investigadores a concentrarse en sus defensas y dejar a un lado sus tareas. «Nosotros vemos que si esta demanda prospera podría generar temor en muchos otros investigadores y lograr que el tema no sea discutido y analizado», consideró Sacher