EDITORIAL BOLETÍN AMP 275- MAYO 2022
El pasado 21 de mayo se cumplieron 10 años del estallido social en la provincia cusqueña de Espinar y el próximo 2 de junio se cumplen 20 años de la consulta vecinal de Tambogrande, la primera vinculada a un proyecto minero en América Latina.
En la larga lista de conflictos vinculados a la minería que han ocurrido en el Perú en las tres últimas décadas, ambos casos tienen la categoría de emblemáticos. Al mismo tiempo, tienen algunas coincidencias y diferencias notorias.
Entre las coincidencias podemos señalar que tanto las poblaciones como sus autoridades municipales jugaron un rol central en el proceso. Además, en ambos casos destacaron los niveles de organización y movilización ciudadana: la población se había unido en torno a lo que había identificado como una amenaza.
También podemos identificar como aspecto común que, tanto Tambogrande como Espinar, se convirtieron en su momento en casos muy visibles, que polarizaron el país y que mostraron, con sus propias características, diferentes aspectos de la compleja relación entre la minería y sus entornos poblacionales.
Pero las diferencias también son notorias. Mientras que en Tambogrande se configuró un típico conflicto de resistencia y rechazo a la minería; en Espinar lo que se vio y se sigue viendo hasta ahora, es un típico conflicto de una coexistencia compleja y difícil entre la minería y las poblaciones vecinas.
Por lo tanto, Tambogrande y Espinar muestran que no todos los conflictos son iguales o apuntan a los mismos objetivos. Hay conflictos donde el cuestionamiento y el rechazo al proyecto es el núcleo central de la protesta, pero hay otros que apuntan a lograr niveles de acuerdo y negociación con las empresas en temas sociales, económicos y ambientales. Pese a las diferencias notorias, en ambos casos hay una agenda derechos que debe ser atendida.
Una lectura diferente y alternativa sobre los conflictos, los históricos, como Tambogrande y Espinar y los que ocurren hoy en día, apunta a afirmar que no se puede entender lo que viene ocurriendo en los zonas de influencia de una actividad como la minera,sino como el mantenimiento de una situación caracterizada por un conjunto de asimetrías: no hay un escenario que resuma de mejor manera una relación asimétrica, que la convivencia entre una gran empresa transnacional minera y una comunidad rural.
Son tres décadas de expansión de actividades extractivas que han provocado impactos acumulativos; estrés social y ambiental en los territorios y una agenda de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que espera respuestas y cambios sustantivos de políticas. Hay una agenda pendiente que hasta el momento ningún gobierno ha querido abordar.
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