El régimen Uribe estableció hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de concentración mineral.
En 2010 la llamada Locomotora Minera del Presidente Santos, daba cuenta de 42 Distritos mineros en 328 municipios (pbi.colobia.org, boletín 18, 2011), en los que la extracción de recursos minerales se convirtió en una prioridad al servicio de las transnacionales, que disponen del país a su antojo en ejecución de la política de consolidación de la inversión extranjera en Colombia. Entre los principales beneficios se destaca por ejemplo que en ese mismo año, 2010, solamente tributaron un monto de 5.6 billones de pesos, cuando debían haber pagado 15,3 billones de pesos. Adicionalmente el beneficio se extendió a descontar en impuestos el pago de regalías y no cobrar suma alguna por la renta producida debida a cambios de precios del mercado, es decir la regalía le resulta igual si la onza de oro vale cien o vale mil dólares, lo que en cambio no ocurre con el precio de la gasolina, los alimentos o los arriendos. El desequilibrio en la tributación con garantías permite establecer que el país nacional, empobrecido y endeudado prácticamente paga para que se lleven la riqueza colectiva.
Las transnacionales a 2010 casi habían duplicado la producción y multiplicado las ganancias. Los precios del carbón pasaron de 90 a 160 dólares por tonelada y la onza de oro de 700 a 1800 dólares. La ecuación es sencilla: ganancias exorbitantes para los inversionistas; posicionamiento del gobierno ante los grupos económicos y de poder global y; secuelas de destrucción y perdida de la riqueza nacional para las mayorías de población. En la escala menor del ámbito local se recibe mas cianuro, mercurio, sulfatos, desechos, polvo, sustancias toxicas, tala a máxima escala, perdida de flora y fauna y sequía para distribuir entre la comunidad, la tierra y las fuentes hídricas.
La confianza inversionista ha adelantado sus triunfos asociada a la seguridad democrática que convirtió en enemigos a los pequeños y medianos mineros, y en corto tiempo ha logrado un rápido enriquecimiento para las empresas transnacionales y daños irreversibles acompañados de un envenenamiento lento de mediano plazo para los verdaderos dueños de esa riqueza.
Las cifras de la relación extracción-daño irreversible llaman a la reflexión ahora que vienen tiempos de una paz acordada, propicia para recuperar la memoria y también la soberanía. Para extraer una onza de oro se destruye una tonelada y media de roca y la mina se gasta el agua que podría consumir una familia campesina en 20 años (migrantelatino.com/ Francisco Real). El resultados final es de mas de mil dólares que crecen en el mercado para los inversionistas y nuevo veneno para los pobladores que reciben en promedio 40 gramos de arsénico, 10 de cromo, 170 de plomo y 70 de Zinc (Minería en Colombia, 2013). El proceso productivo por ser expansivo provoca la perdida de soberanía alimentaria, modifica el curso de ríos y quebradas y aumenta el riesgo sobre la vida e integridad de las comunidades expulsadas con las reglas de la nueva territorialidad de la mina, o desplazadas de manera forzosa por la seguridad armada de la mina. Una situación similar ha ocurrido en la escala nacional con las siete bases militares militares americanas instaladas en medio de la mejor biodiversidad, que han creado su propia territorialidad y que en tiempos de paz están llamadas a ser desmontadas, máxime si la ONU viene a verificar el cese de fuegos internos.
La industria minera no respeta derechos, ni de humanos, ni de la madre tierra, sobre todo porque no es cierto que haya una minería sustentable. Justificar que lo es es distorsión, engaño. El empobrecimiento y extracción de riqueza mineral en el el siglo XXI, tiene a su favor la desesperanza, las carencias y las necesidades insatisfechas de las mayorías de población, que le hacen fácil al gobierno cumplir sus metas y a las transnacionales adelantar el ciclo de bonanza, destrucción y empobrecimiento, guiado por el proceso privatizador de los bienes y que además del despojo patrimonial provocan desastres ambientales y descomposición social y cultural de comunidades.
Las principales zonas de incidencia minera en Colombia están empobrecidas, sin agua potable, sin atención sanitaria, con deficitarios servicios de educación, con hambre, con presencia paramilitar activa y con conflictos sociales latentes. Mientras tanto las empresas mas conocidas que dan cuenta de la efectiva confianza inversionista aumentan sus incalculables fortunas destacándose la Anglo Gold Ashanti Colombia S A., tercera productora de oro en el mundo, con 406 títulos mineros; Minerales Andinos de Colombia (Gran Colombia Gold) de capital canadiense cuyos accionistas mayoritarios son los mismos del Grupo Pacific Rubiales y la ex canciller María Consuelo Araujo, con 111 títulos mineros (las2orillas 2013, G.Rugeles); Negocios Mineros S.A., con 88 títulos; Continental Gold De Colombia con 67 títulos; Mineros S.A con accionistas como el Grupo Colpatria y Financiera Colombiana controlada por Ardila Lulle con 67 títulos y una producción anual aproximada de 120 mil onzas de oro.
Minería transnacional significa privatización, contaminación del agua, destrucción del entorno, elevado uso de energía, degradación de derechos y detrimento de la calidad de vida por enriquecimiento ajeno, lo que permite vislumbrar que crecerá la movilización social por la recuperación y defensa del agua, pero además por la recuperación de la soberanía y autodeterminación en todos los planos de la vida política, social,económica, ambiental y cultural.
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