El miércoles 05 de enero el Grupo Renco hizo público el aviso de intención al Gobierno peruano, para iniciar un arbitraje internacional dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y el Perú.
Lo que habíamos anunciado se hace realidad.
Atrás quedaron las declaraciones del ex ministro Alfredo Ferrero, que afirmó que «el TLC no amparará a Doe Run» y que en los TLC sólo «se protege la inversión bien hecha», «más aún cuando es un tema ambiental».
Las protecciones a las inversiones privadas extranjeras que prevé el TLC con los Estados Unidos empiezan a hacerse efectivas con el anuncio del Grupo Renco. Al respecto, hay dos elementos que debemos tomar en cuenta: el primero es quién es el Grupo Renco y segundo qué escenario plantea un proceso de arbitraje internacional.
El Grupo Renco y su subsidiaria Doe Run Perú (DRP) han dado claras muestras de ser empresas con ínfimos estándares ambientales y con un mínimo de interés de asumir sus compromisos financieros, ambientales, de remediación de daños a la salud pública causados en La Oroya. Doe Run ha visto en el TLC una oportunidad para poner en jaque al Gobierno Peruano una vez más.
¿Qué es lo que alega DRP a través del grupo Renco?
Lo que se señala es que el Estado Peruano ha incumplido una serie de obligaciones como es la remediación de los suelos de La Oroya y asumir la responsabilidad por las demandas interpuestas por un grupo de pobladores de La Oroya en Estados Unidos. Renco considera haber recibido un trato injusto e inequitativo por parte del Gobierno del Perú, que además no ha cumplido con brindarle seguridad y total protección a sus inversiones. Por supuesto estos argumentos son totalmente cuestionables.
Sin embargo, no debemos olvidar dos hechos importantes que podrían estar detrás de la decisión del Grupo Renco. Hace algunos meses fue admitida en Missouri una demanda contra la empresa, por parte de un grupo de pobladores de La Oroya por los daños a la salud ocasionados por DRP. A raíz de ello, Renco inició una campaña mediante la cual buscó responsabilizar al Estado peruano por estos daños, alegando que el contrato de transferencia del complejo metalúrgico así lo establecía.
Por otro lado, está en curso un procedimiento concursal ante INDECOPI que definirá en los próximos meses el futuro de la empresa DRP. En efecto, la junta de acreedores deberá determinar si la empresa se reestructura o se liquida.
Es posible que estos dos hechos hayan condicionado la decisión de DRP a través del Grupo Renco y que lo que se busca es ejercer presión para que el Gobierno ceda y flexibilice nuevamente sus compromisos ambientales y financiar la millonaria deuda que tiene ante SUNAT. La otra posibilidad es que la empresa busque obtener una millonaria indemnización en un tribunal internacional pese a los débiles argumentos que presenta.
¿Tendrá éxito la estrategia de Doe Run?
Todo dependerá de lo que haga o deje de hacer el Estado peruano. Ya se han cometido varios errores como fue el otorgarle nuevos plazos para la ejecución de sus inversiones ambientales a una empresa que había demostrado ser irresponsable. No hay que olvidar que la primera ampliación fue otorgada antes de que entrara en vigencia el TLC con los Estados Unidos, por lo tanto la empresa no contaba entonces con el instrumento que hoy pretende utilizar.
Lo cierto es que la sola demanda obligará a que el Estado peruana tenga que destinar recursos y definir una estrategia que impida que esta empresa se salga con la suya.
*El Grupo Renco es un conglomerado de empresas de capitales de EEUU cuyo principal propietario es Ira Leon Rennert.
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