El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle absolvió al dirigente social de la localidad de Caimanes, Cristián Flores, acusado de desórdenes públicos y a los abogados Roberto Arroyo, Ramón Ossa, Sandra Dagnino e Iván Sanhueza, quienes fueron acusados de prevaricación, asociación ilícita, subscripción engañosa de documentos.
Los emprendimientos judiciales de Minera Los Pelambres contra dirigentes y abogados de la comunidad de Caimanes resultaron frustrados, lo que fue valorado por los imputados, que destacan, haber ganado este episodio contra el gigante empresarial que significa el Grupo Luksic.Las acusaciones, recordemos, las hizo la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, que mantiene hace largo tiempo un conflicto ambiental con la comunidad de la zona de la Cuarta Región, por el impacto de sus proyectos.
Los imputados, no escondieron su alegría por la determinación del Tribunal y el dirigente Cristián Flores, destacó que se le “dobló la mano al gigante”, y apuntó que “se ha dejado demostrado que una comunidad unida, resistente, ha podido doblarle la mano a una minera. Estamos hablando de una transnacional, la más grande del país quizá, y le torcimos la mano al gigante que nos puso la pata encima”.
Por su parte la abogada Sandra Dagnino, aseguró que esta decisión se tomó en base “a la realidad” que significaron los proyectos del Grupo Luksic en la comunidad y la zona: “Los argumentos son el centro de la realidad, al final del día las cosas son como son, Caimanes tiene un problema serio por la minera, que no ha tenido altura de miras y hacerse cargo de la comunidad. Es algo evidente, se probó incluso por la propia Fiscalía, Caimanes vivía feliz antes de esto”.
Por otra parte, el abogado querellante de MLP, Julián Herrera expresó su decepción por el veredicto del tribunal, señalando que tenían “la convicción de que se cometieron los delitos”.
“Creemos que el razonamiento de tribunales es equivocado y vamos a deducir los recursos que se ampara la ley que es el recurso de nulidad, eso estamos pensando lo que hay un plazo de 10 días desde el 18 de enero que es el día de la sentencia”, concluyó el querellante.