En representación de sus organizaciones y rondas campesinas, dirigentes de Ayabaca y Huancabamba1, se reunieron el pasado jueves 16 de octubre, con la comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Fabiola Alburqueque. En dicha reunión, manifestaron su preocupación por la presencia activa de la empresa minera Río Blanco en su zona, a pesar de no tener la autorización de la municipalidad de Huancabamba, ni la licencia social de la población.
“Una vez más Río Blanco quiere imponerse a la fuerza en la zona” manifestaron. Y es que es sabido que la empresa ha realizado campañas escolares, y hace poco, ha contratado a la consultora Social Capital Group para hacer entrevistas a dirigentes y exdirigentes de la zona, como parte de un “estudio de percepciones” que muchos creen podría ser el capítulo referido al componente social del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero.
Al respecto, la Comisionada fue informada que inicialmente, Social Capital Group no comunicó que el estudio era un encargo de Río Blanco y logró sorprender a más de un dirigente. “Por mucho tiempo, se ha tratado de hacernos creer que es posible la convivencia entre la minería y la agricultura, pero nos reafirmamos en la defensa de nuestras lagunas, páramos y bosques de neblina, y en un modelo de desarrollo basado en la agricultura, ganadería y turismo”, concluyeron.
Asimismo, en la reunión se habló del rol del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en la zona, quien a pesar de tener pendiente la realización de un taller sobre Consulta previa, desarrolló ese mismo jueves en Huancabamba, un taller informativo sobre los derechos de los ciudadanos en zonas donde operan proyectos mineros. Llama la atención a los dirigentes que el taller fue convocado a través de todas las radios locales, con solo dos días de anticipación.
El taller, según manifestaron algunos asistentes, se inició con una charla introductoria sobre la importancia de la minería en la vida diaria, y poco se enfocó en explicar a profundidad, cuáles son los derechos que una población que convive con la actividad minera debe conocer.
Otra preocupación manifestada a la Comisionada, fue el de las persecuciones e intimidaciones hacia dirigentes, se denunció el caso del Presidente del Frente del Medio Ambiente de Huancabamba, don Pedro Aponte Guerrero, quien fue detenido sin motivo aparente el pasado 5 de octubre y encerrado 24 horas; también se denunciaron las difamaciones a través de la radio, pues han sido tildados de terroristas, antimineros y opositores al desarrollo, como el propósito de exacerbar a la población, y generar el rechazo hacia ellos.
“Ha habido muertos y torturados”, señalaron los Presidentes de las rondas de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, Rubén Jiménez Carrión, y Juan Rentería Rivera, respectivamente; quienes recordaron que el 2004 y 2005, Río Blanco provocó graves violaciones a los derechos humanos y persecución a líderes locales.
Finalmente, y ante la posible amenaza del desarrollo del proyecto minero Río Blanco, que pretende establecer un distrito minero en el norte del Perú, se habló de la urgencia e importancia de impulsar iniciativas de reforestación, que justamente se están realizando en la zona; con el fin de preservar el sistema de páramos y bosques de neblina, como ecosistemas frágiles y de necesidad pública, que asegure la vida de las poblaciones asentadas en sus territorios, y de toda la región Piura.
1 Salomón Mondragón Rivera, Presidente de la FEPROCCA de Ayabaca; Rubén Jiménez Carrión, Presidente de la Ronda Provincial de Ayabaca; Pedro Aponte Guerrero, Presidente del Frente del Medio Ambiente de Huancabamba; Juan Rentería Rivera, Presidente de la Ronda Provincial de Huancabamba y Verderiz Velazco Chanta, Secretaria de la Ronda Distrital El Carmen de la Frontera.
20 de octubre de 2014