24/11/2020
Posted by MARTÍN CATALÁN LERMA
Diputados, académicos y activistas rechazan a la industria minera por afectaciones y agravios a comunidades
Roberto de la Rosa, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad FOTO: LA JORNADA ZACATECAS
Ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo
Advierten que la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras
Roberto de la Rosa, representante de Salaverna, advierte que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas”
Durante un foro realizado este lunes sobre la industria minera en Zacatecas, organizado por la Legislatura en la entidad, diputados, académicos y activistas se pronunciaron contra ésta debido a las afectaciones y agravios que provoca en las comunidades; en contraparte, ex funcionarios y habitantes calificaron estas posturas como “satánicas” porque, desde su perspectiva, esta actividad ha generado empleo y desarrollo.
Sin embargo, la mayoría de los participantes en el foro fungieron como “voceros” o “paleros” de las empresas mineras, según advirtieron algunos asistentes al foro efectuado mediante la plataforma de videoconferencias de Telmex, lo que generó inconformidad en la diputada Gabriela Pinedo y en el académico Álvaro García Hernández.
Roberto de la Rosa Dávila, afectado por la minería en Salaverna, Mazapil, expuso en su intervención que la llegada de la empresa Frisco-Tayahua significó el acaparamiento de 3 mil 584 hectáreas, incluyendo el territorio ocupado por su comunidad. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad no tenían antecedentes registrales y por lo tanto sus escrituras no tenían legalidad jurídica.
En 2010, recordó, “el gobierno de Miguel Alonso y los abogados de Tayahua ayudaron a convencer a la gente de que debía aceptar una reubicación, hasta que en el 2012 nos dijeron que el cambio era necesario porque había una falla geológica y que Salaverna podía colapsar. Después, en diciembre de ese mismo año provocaron un hundimiento y es un atentado que no ha sido castigado”.
Según relató, siguieron las presiones hasta que, con el uso de la fuerza pública, intentaron sacar de Salaverna a las 17 familias que quedaban e incluso tumbaron viviendas con maquinaria pesada, ello mediante contubernio entre el gobierno y la minera.
“Hoy seguimos resistiendo y a mi manera de pensar personal, y por experiencia de vida, creo firmemente que la minería no ha sido una buena actividad para nosotros, porque la región donde se asienta es depredada y acaba con formas de vida. Sólo nos deja enfermedades, contaminación y escasez de agua”, dijo.
De la Rosa Dávila expuso que “el ejemplo claro de que la minería no es sustentable, es que muchas comunidades fueron abandonadas, como Providencia, Aranzazú, que están convertidas en un montón de escombros, además de que son un foco de contaminación para el entorno”.
Manifestó que la legislación ambiental debería tener como objeto la protección, preservación y conservación de los ecosistemas y la salud pública, y las actividades económicas deben realizarse de una manera racional sin que se comprometa la supervivencia de esta y las futuras generaciones.
Propuso que se retome el proyecto para declarar como Área Natural Protegida un territorio de 2 millones de hectáreas de semidesierto zacatecano y que se emita una nueva legislación minera que sea respetuosa de la soberanía nacional y de los derechos de las comunidades campesinas.
También propuso que se eleve a rango constitucional el derecho de las comunidades a decidir respecto a nuevos proyectos mineros, y que la Legislatura impulse una consulta ciudadana para avalar o prohibir la minería a cielo abierto en el estado.
La diputada Gabriela Pinedo Morales cuestionó que, en la primera edición del foro, se le dio la oportunidad de participación a los representantes de las mineras sin límite de tiempo para la defensa de sus intereses, pero en esta ocasión, en la que se suponía que se iba a hablar directamente con los afectados, se le dio más apertura a personas que fungieron como voceros de las empresas.
El caso concreto de Roberto de la Rosa, comentó la legisladora, se evidencia la manera en que las corporaciones mineras operan en el estado, al grado de que muchos lugares ya no son habitables por los daños que generaron las empresas mineras.
“Las empresas mineras se llevaron toda la riqueza y dejaron sólo muerte y destrucción para las futuras generaciones. La destrucción de pueblos enteros jamás se va a justificar por el interés económico de las empresas”, enfatizó.
En ese sentido, destacó el compromiso del actual Gobierno Federal de no otorgar más concesiones mineras, pues “el saqueo y el nivel de devastación ya no se puede permitir. Mucho tiempo se privilegió el interés económico antes que la vida de las personas y la autodeterminación de los pueblos y eso ya no se debe permitir”.
Pinedo Morales se refirió a la iniciativa que presentó, junto al diputado Jesús Padilla, para declarar como Área Natural Protegida a un polígono en el municipio de Mazapil, lo que impediría más proyectos mineros, y precisó que esa decisión no le corresponde a la Legislatura, pero es un exhorto para que las autoridades responsables lo consideren.
Reiteró que el foro tuvo un sesgo muy evidente, al grado que la lista de participantes original no se respetó, ya que tuvieron intervención más personas de las que se incluyeron en el programa, y todas ellas para dar posturas en favor de las empresas mineras.
“Hay cosas más importantes que toda la riqueza que se genera, que además no se queda en Zacatecas. Pero lo que sí se genera es despojo, afectaciones al medio ambiente, contaminación de mantos acuíferos con metales pesados que después generan muerte a todas las especies, generación de drenaje ácido, deforestación del suelo, entre otros”, agregó.
Álvaro García Hernández, docente de la Unidad Académica de Derecho, aseguró que la numerosa cantidad de personas que participa en estos foros, habitantes de las comunidades, es una estrategia que tiene la finalidad de crear una imagen positiva de las empresas mineras.
“Lo mismo pasó en Wirikuta, donde fueron concesionadas 70 mil hectáreas a empresas canadienses, Ahí se están utilizando indígenas y los están organizando en contra de quienes ya ganaron amparos para proteger la zona sagrada que también es un Área Natural Protegida. No me extraña que haya posturas aquí totalmente inciertas de lo que realmente pasa en Mazapil”, puntualizó.
Refirió que hay mucha evidencia sobre las afectaciones al agua, el suelo y salud de los pobladores a causa de las mineras; “¿Y ahora resulta que le vamos a prender veladoras a las empresas y a aceptar mentiras enormes de que nuestra economía se la debemos agradecer a las mineras?”.
Recordó que la riqueza que se obtiene a través de la minería no se queda en las comunidades, la región o el estado, sino que se acumula en los lugares de origen de las empresas.
García Hernández manifestó la necesidad de acudir a las comunidades para conocer los agravios y las afectaciones que las empresas han realizado, pues hay “agravios directos a los derechos humanos, se han pasado todas las declaraciones internacionales en materia de medio ambiente y en Zacatecas no se cumple un solo objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, y aun así vienen a decirles que la minería es fabulosa”.
En el foro participaron otros habitantes de Mazapil, entre ellos Sonia Cervantes, quien expresó que “la minería vista desde el punto de vista satánico nos puede dar una visión muy diferente a la que nosotros tenemos como habitantes de Mazapil”.
“Si bien es cierto que toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, yo puedo hablar de un Mazapil antes y después de la minería. Por eso, nuestros diputados y nuestras autoridades deben legislar sobre la coexistencia entre la minería y medio ambiente. Nosotros no ponemos al recurso económico encima del medio ambiente, pero hablamos de que coexista”, expresó.
Aricela Zapata, por su parte, aseguró que la empresa concesionada para el proyecto de Camino Rojo “nos apoya en todo y nos da información de lo que nos puede beneficiar y lo que nos puede perjudicar. Entonces estamos contentos con el apoyo que nos dan, ayudan mucho y nos informan sobre respetar las reglas de tránsito y respetar al medio ambiente”.
Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la BUAZ, distrito Zacatecas, manifestó que la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a no otorgar más concesiones mineras, y se decrete como Área Natural Protegida al municipio de Mazapil, “no es pertinente ni acertada”.
“Pareciera ser que la iniciativa pasa por alto el hecho completamente real de que, hoy en día, se hallen varias empresas mineras desplegando intensas faenas de exploración en esa región. Esto en estricto apego a la ley y, por lo tanto, intentar cambiar las reglas ahora, no sólo es un axioma de falta de certeza jurídica, sino que es también un claro mensaje que ahuyenta la inversión”, expresó.
http://www.remamx.org/2020/11/diputados-academicos-y-activistas-rechazan-a-la-industria-minera-por-afectaciones-y-agravios-a-comunidades/