TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Corte Federal canadiense anunció que analizará la viabilidad de investigar a la diplomacia de ese país en México que protegió a la minera Blackfire, implicada en el asesinato del líder del movimiento anti minero de Sierra Madre de Chiapas, Mariano Abarca Roblero, perpetrado en noviembre de 2009.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) dio a conocer que el juez Keith M. Boswell escuchó los argumentos de los representantes legales de la familia Abarca, presente en la audiencia, en el sentido de que la embajada de Canadá en México debe ser investigada por haber creado “un peligro sustancial y específico para la vida, la salud y la seguridad” del activista y otros residentes del ejido Chicomuselo, Chiapas, afectados por la mina de Blackfire.
A más de un año de la petición elaborada por la esposa e hijos de Mariano Abarca Roblero, quienes solicitaron la revisión judicial –junto con la Fundación Ambiental Mariano Abarca (FAMA), Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, la REMA y MiningWatch Canada–, la Corte Federal de Canadá aceptó por fin valorar el asunto.
El 5 de febrero de 2018, José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario Mariano Abarca (también asesinado) y sus colaboradores, presentaron un escrito ante al Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC), solicitando que se abriera una investigación a la Embajada de Canadá en México sobre su apoyo a las operaciones de la compañía minera canadiense Blackfire Exploration en Chiapas.
El escrito sostiene que los actos y omisiones de la sede diplomática pueden haber contribuido a poner en peligro la vida de Mariano Abarca. Asimismo, la Embajada podría no haber seguido las directrices establecidas respecto de las denuncias por corrupción.
Hasta donde se sabe, se trata de la primera vez en que se presenta una queja ante el Comisionado por el hecho de no seguir las directrices establecidas en esta materia por parte de la Embajada.
El 17 de abril de 2018, los reclamantes recibieron el anuncio de que el Comisionado se negaba a investigar la queja. Como respuesta, presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Canadá con fecha 16 de mayo de 2018.
Argumentaron que la decisión del Comisionado se basa en una interpretación restrictiva de su mandato, en la que se establece la conclusión errónea y mal argumentada de que no existían directrices a seguir por la Embajada, más allá de hacer lobby a favor de Blackfire.
Asimismo, subrayaron, debería haberse tenido en consideración si las acciones y omisiones de la Embajada de Canadá ponían en peligro la vida de Abarca.
En su Memorándum de Hecho, la oficina del fiscal general reiteró en diciembre la afirmación del Comisionado de que los documentos del gobierno y las declaraciones públicas no constituían una “política oficial” y, por lo tanto, los funcionarios no estaban obligados a seguirlos.
Tampoco explicó porqué el Comisionado no consideró el interés público de investigar este caso, a pesar de la desconfianza que genera en el papel de los diplomáticos canadienses y los comisionados de comercio cuando existen conflictos con las empresas mineras de ese país.
Tras la audiencia pública en el Tribunal Federal de Canadá, los reclamantes denunciaron hoy que la Embajada canadiense defendió los intereses de las compañías mineras sin importar las repercusiones sobre las personas en México y en otras partes del mundo.
Tras la audiencia, lograron que la Corte ordenara al PSIC que investigue los actos y omisiones de la sede diplomática en México, al considerar que contribuyeron a incrementar el peligro sobre Mariano Abarca antes de su asesinato.
Mariano Abarca era un miembro muy respetado de la comunidad que denunció y lideró las protestas contra los impactos sociales y ambientales de la mina de barita explotada por Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. Los empleados de la mina lo golpearon, lo detuvieron a petición de la compañía, lo amenazaron y finalmente lo asesinaron el 27 de noviembre de 2009.
Tres personas relacionadas con Blackfire fueron detenidas y acusadas inmediatamente después del crimen del activista, quedando todas ellas absueltas y puestas en libertad. La investigación sigue abierta.
Hasta que se disolvió, en agosto de 2017, Blackfire Exploration era una empresa privada con sede en Calgary que operaba la mina de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas. Su actividad se desarrolló desde fines de 2007 hasta poco después del asesinato de Mariano Abarca, cuando la autoridad ambiental de Chiapas cerró la mina.