Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado volvió a posponer la votación de las indicaciones correspondientes al proyecto que define a los glaciares como bienes de uso público. De seguir retrasando su aprobación, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, aseguró que se podrían ver afectadas las actividades productivas que requieren del agua para subsistir.
Eduardo Andrade
14/10/2020
Aunque para algunos parlamentarios, la intención era comenzar este miércoles con la votación del articulado correspondientes al proyecto de Ley de Glaciares, este proceso se vio retrasado debido a que el Gobierno solicitó ampliar el espectro de voces opinantes sobre el tema en la Comisión de Minería del Senado.
Uno de los principales riesgos respecto de este proyecto, según ha deslizado el Gobierno en las últimas semanas, tiene que ver con el escenario económico que vive el país en la actualidad, y en el que el desarrollo minero jugaría un papel trascendental.
Este argumento, sin embargo, ha sido tildado como un “campaña del terror”, por parte de algunos parlamentarios a favor de la aprobación del proyecto. Uno de ellos, el senador PPD, Guido Girardi, se refirió al tema horas antes de iniciada la discusión en la Comisión de Minera, resaltando que lo expresado por el Gobierno es una prueba de la intervención que las empresas mineras han hecho sobre las áreas que se pretenden proteger con la ley.
Guido Girardi.
“La campaña del terror que ha hecho el Gobierno y las empresas mineras, es totalmente inaceptable. Primero porque da cuenta de que efectivamente están interviniendo los glaciares. Si no estuvieran interviniendo los glaciares, no harían esta campaña del terror. Están diciendo que si se protege los glaciares, van a quedar miles de personas cesantes. Eso es falso porque la minería no es intensiva en mano de obra, pero además quiere decir que están interviniendo los glaciares”, cuestionó.
Ya durante la sesión, el argumento de Girardi fue respaldado por el geólogo y académico de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, quien además precisó que en la actualidad, el aporte de los glaciares que no están protegidos por el sistema de parques nacionales llega a representar un 60 por ciento del agua utilizada por las ciudades durante la estación cálida.
Por su parte, en representación del Gobierno, el subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf, indicó que el Ejecutivo no está precisamente en contra de la aprobación de la ley, pero que esta debe ser complementada con aristas que se hagan cargo del impacto social y económico que tiene la minería en el país.
Ivan Cheuquelaf.
“Hay un acuerdo del año 2015, que se firma en la ONU, la Agenda 2030, donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible para arrancar la pobreza con crecimiento económico, pero sin descuidar ninguno de los pilares de la sostenibilidad. Son 3 pilares, no solo el medioambiental, también hay que entender al pilar económico y al social, principalmente el social en una época donde tenemos altas tasa de cesantía”, manifestó.
Al respecto, una vez concluida la discusión en la comisión mencionada, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, conversó con nuestro medio y desmintió la gravedad del impacto de los proyectos cerrados tras la aprobación de la ley que plantea el Gobierno. Muy por el contrario, San Juan puntualizó que esto podría ser peor para otras actividades productivas que se verán afectadas sin una ley que cuide el agua contenida en los glaciares y sus ecosistemas.
“Hay que pensar la campaña del terror al revés. Sin agua, todo el resto de las actividades productivas no se pueden realizar y son las que aportan de mayor manera al PIB en los últimos años y que entregan mayor empleo, pese a todas las cifras que intenta deponer sobre la mesa la minería. Sin agua se pierde toda esa diversidad de producción económica, lo cual es muy grave, eso también significa pérdida de empleo, de sustento de familias, y eso es importante ponerlo en discusión”, señaló.
María Jesús Martínez.
Asimismo, para la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, María Jesús Martínez, el trámite legislativo del proyecto de Ley de Glaciares está sufriendo una dilación causada por el Ejecutivo, una estrategia que habría sido la misma desde que el tema saltó a la palestra a inicios de siglo.
“Este es el sexto intento de proyecto de ley para promulgar sobre la materia para proteger los glaciares. Esto se remonta a inicios de los años 2000. Aquí vemos un evidente abandono del Estado en la protección de los glaciares y con eso garantizar diversos derechos humanos, como el derecho humano al agua y también la supervivencia de los ecosistemas y la biodiversidad. Por el contrario, desde inicios de los 2000 a la fecha se han seguido aprobado proyectos emplazados en áreas glaciares a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, criticó.
Hay que recordar que uno de los proyectos a los que hace referencia Martínez es el de Pascua Lama. El mismo, a mediados de septiembre, fue clausurado en su totalidad por el Tribunal Ambiental, justamente porque no cumplió con los compromisos relacionados al plan de monitoreo de glaciares en la zona del valle de El Huasco, contribuyendo a su contaminación y posterior derretimiento.