Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
Escribo estas líneas la víspera del 8 de junio, cuando los ciudadanos de diversas comunidades del Valle del Huasco, en Chile, realizan la décima Marcha por la vida y el agua contra Pascua Lama, proyecto minero del corporativo canadiense Barrick Gold, primer productor mundial de oro. La importancia de la movilización encabezada por el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco trasciende el ámbito local, no sólo por enfrentar a Barrick y su negro historial que la convierte en el sucio emblema global de las mineras canadienses, sino por la defensa del territorio y las reservas estratégicas de agua fósil de los glaciares, entre otros aspectos relevantes asociados a la urgencia de cancelar la megaminería a cielo abierto y replantear a escala mundial el modelo extractivo. Desde la llegada de Barrick a la provincia del Huasco los habitantes de la región han vivido en carne propia la experiencia de convivir con un poder trasnacional que, además de confrontar con mentiras y dinero a las comunidades, llegó al extremo de lograr que los gobiernos de Chile y Argentina le transfieran una franja de territorio binacional para su proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto en plena zona glaciar y periglaciar.
Las exploraciones mineras en la región donde se asienta Pascua Lama se iniciaron en los 70, mas la adquisición del proyecto por Barrick Gold, en 1995, fue parte de una estrategia de expansión que incluyó gestiones del gobierno canadiense. Para entonces habían pasado casi 10 años desde que en 1986 una pequeña compañía petrolera denominada Barrick Resources Corporation comprara la mina Goldstrike en Nevada, en medio de la revolución tecnológica provocada por el surgimiento de la megaminería de tajo a cielo abierto para extraer partículas de oro diseminadas en extensos territorios. Goldstrike, explotada en unos cuantos años, dotó a Barrick de capital y ambición suficientes para querer repetir la experiencia en África y América Latina. A comienzos de los 90, el corporativo organizó un peculiar consejo consultivo internacional formado, entre otros, por el ex presidente estadunidense George HW Bush y el entonces primer ministro canadiense Brian Mulroney, quien presumió años después haber pasado la mayor parte de su tiempo en África, América Latina y China trabajando en pro de los intereses de Barrick. En sincronía con sus trasnacionales, Canadá realizó gestiones con gobiernos latinoamericanos y desarrolló complicidades políticas, logrando marcos regulatorios ventajosos a sus intereses.
Uno de los resultados más lamentables de estas gestiones de corte neocolonial fue el Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno, firmado en 1997 por Carlos Menem y Eduardo Frei, que hace posible los proyectos de extracción minera en espacios formados por territorios de ambos países en zonas de frontera, y que tuvo dedicatoria para Barrick, pues Pascua Lama se compone en 70 por ciento de territorio chileno y 30 por ciento de argentino. Al principio, Barrick ocultó información sobre la presencia de glaciares en la zona del emplazamiento minero. Posteriormente planteó la remoción de tres de ellos en territorio chileno (Toro 1, Toro 2 y Esperanza) para liberar superficie de explotación, propuesta que ante la presión ciudadana fue rechazada por la autoridad ambiental de la Región de Atacama. En 2005, un informe difundido por Greenpeace determinó que la superficie de dichos glaciares disminuyó entre 56 y 70 por ciento a consecuencia de las actividades de exploración minera realizadas en tres décadas, y de forma acelerada a partir de la presencia de Barrick en la zona. No obstante, mediante un opaco proceso, Barrick obtuvo en 2006 la aprobación de sus estudios de impacto ambiental tanto en Chile como en Argentina.
Los severos impactos de la minería sobre glaciares y zonas periglaciares han sido ampliamente documentados; por ejemplo, la vulnerabilidad de estas formaciones frente a procesos geoquímicos propios de sitios mineros, como la liberación de metales pesados o la generación extensiva de drenajes ácidos que interactúan con el agua de descarga de los glaciares y contaminan hielos milenarios y ríos. Poca cosa para Barrick, que además de perseguir a sus críticos se le han documentado, entre otros, alianzas con señores de la guerra en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire); o encubrimiento de actos criminales como la inhumación en Tanzania de mineros artesanales vivos que se oponían a la expropiación de su territorio en favor de Sutton Mining, adquirida por Barrick; o la contaminación y destrucción del sistema hidrográfico en la zona de su mina Porgera, en Papúa-Nueva Guinea, situación que llevó a Noruega, por recomendación de su Consejo de Ética, a retirar en 2009 las inversiones de fondos de pensión en acciones de Barrick; o el bloqueo sistemático en Argentina a la ley que protege glaciares y zonas periglaciares.
El pasado mayo la autoridad chilena multó a Barrick por 16 millones de dólares y paralizó sus operaciones. La empresa reconoció como errores haber contaminado el río Estrecho, incumplir el Plan de Manejo de Protección de las Aguas y Glaciares, y haber omitido la construcción de infraestructura para prevenir contaminación. Barrick también enfrenta proceso judicial en la Corte de Apelaciones de Copiapó, que en abril ordenó paralizar completamente la mina. Mientras la sociedad avanza por la vía legal y con la razón en la mano, Barrick aprovecha la visita del presidente Sebastián Piñera a Canadá para buscar su apoyo político. Ante un horizonte de destrucción que podría extenderse por dos décadas de vida calculada para Pascua Lama, la movilización del Valle del Huasco nos recuerda que la solución no vendrá de los gobiernos cómplices de poderes fácticos trasnacionales, sino de la dignidad de los pueblos.
*Investigador de El Colegio de San Luis, AC