El Espectador conoció un informe de la Fiscalía en el que se advierte que el uso de mercurio y otros químicos por parte de organizaciones ilegales tiene en jaque la biodiversidad en cinco regiones del país.
“Esta agua no has de beber” no es un refrán popular colombiano, es la sentencia de un informe alarmante de la Fiscalía en el que queda en evidencia el daño ambiental por el uso de mercurio y la remoción del lecho fluvial por parte de organizaciones ilegales que están acabando con los ríos más importantes del país, entre los que figuran Vichada (Meta), Acandí (Chocó), Quito (Chocó), Caquetá (Caquetá), Yarí (Amazonas), Arroyohondo (Valle del Cauca), Simití (Santander), Barbacoas (Nariño), Suesca (Cundinamarca) y Puerto Berrío (Magdalena).
En el documento, conocido por este diario, también se hace un balance de las operaciones que viene realizando el ente investigador para frenar las acciones de las organizaciones ilegales que encontraron en esta actividad un sustento económico y ahora están dejando a su paso las aguas contaminadas con el mercurio y el cianuro que se usan para separar el oro en la minería artesanal. En el más reciente operativo a orillas del río Nechí (Antioquia) fueron capturadas 32 personas, 13 de las cuales son de nacionalidad brasileña y 19 colombianas.
“Durante los operativos, peritos del CTI de la Fiscalía tomaron muestras del agua del río Nechí para establecer el nivel de contaminación del río”, señala una fuente del ente investigador. El tema no es de poca monta. La intoxicación por mercurio causa daños neurológicos, ceguera, malformación fetal, parálisis y muerte por consumo de pescado contaminado. En Colombia, la Ley 1658 de 2013 reglamenta el uso de ese metal en la industria, con la meta de erradicarlo en 2018.
La disputa ilegal
En 2015, la Fiscalía y el Ejército realizaron uno de los operativos más grandes para combatir la minería ilegal, denominado Plan Anostomus, que dejó como resultado la inmovilización de maquinaria (dragas y retroexcavadoras). En esa investigación se encontró que en el interior de la Reserva Natural Puinawai, una de las 56 áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, tres de los más importantes resguardos indígenas del Guainía, de las etnias puinaves y curripacos, fueron desplazados, sometiéndolos a ejercer la explotación minera y cambiando sus usos y costumbres.
“La actividad de minería ilegal sobre el tungsteno y el coltán, considerados minerales estratégicos por ser de interés nacional y permitir el desarrollo sostenible de la nación, se desarrollaba en la zona registrada en las inmediaciones de la vertiente del río Inírida a la altura del corregimiento de Morichal, Pana Pana y Puerto Colombia, generando contaminación ambiental al suelo y al recurso hídrico, y contaminación física por sedimentación”, señala el informe de la Fiscalía, que resalta que, para la época, el frente Acacio Medina de las Farc era el beneficiado con las actividades ilegales, pero hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz, la disputa por el territorio es entre las disidencias y el clan del Golfo.
Pero la mayor preocupación de la Fiscalía es que los esfuerzos se dirigen a un componente de minería ilegal, que también califica como “empresarial”. “Tienen nóminas de pagos en salarios, obtienen préstamos bancarios, incluso cobran vacunas hasta de 25 millones de pesos-mes por las máquinas con las que operan”, señalan fuentes del ente investigador. Toda esta actividad se está concentrando en Chocó, “las actividades mineras son adelantadas en inmediaciones de la Reserva Forestal del Darién, en el departamento del Chocó y en el área protegida que pertenece al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Playona, impactando el río Acandí Seco”, advierte el informe.
La destrucción del ecosistema en las cuencas de los ríos Quito y Atrato y la sedimentación de los afluentes por la agresiva extracción de minerales puso al descubierto el actuar criminal de los denominados Zares del Oro, una organización que se habría valido del uso de mercurio, maquinaria pesada y diversos permisos ambientales para obtener oro y platino. Los investigadores descubrieron la empresa Metalpac, que obtenía el mineral en los yacimientos mineros, lo transportaba a Istmina (Chocó), llegaba en un helicóptero al parque Divino Niño de esa población y trasladaba el oro y el platino a la ciudad de Medellín, donde lo entregaba a las comercializadoras internacionales Meprecol y Anexpo, que se encargaban de su venta y exportación.
Alcanzaron a realizar transacciones por más de $1,2 billones entre 2009 y 2013, según reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adicionalmente, lograron una fortuna de $3,4 billones producto de la minería ilegal en Chocó. Entre los elementos recopilados por la Fiscalía hay reportes de la comercializadora Meprecol a la Agencia Nacional Minera en los que solicitó el pago de regalías por la adquisición de oro proveniente del Alto Baudó durante 2011. Por estos hechos fueron capturados el alcalde de Nóvita (Chocó), Déyler Eduardo Camacho Mosquera, quien habría facilitado el ingreso de insumos a las zonas de extracción, y los representantes legales de dos comercializadoras.
Lo cierto es que este tipo de minería sigue siendo el negocio ilegal más rentable. En el último estudio de la Universidad Externado se identificó que son más de 80 los ríos del país que están contaminados con mercurio. Cada día se hacen más evidentes las secuelas de esta problemática.
Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/diez-rios-punto-de-desaparecer-articulo-730516