Ejidatarios frenaron las labores en la mina de oro más grande de México conocida como Los Filos luego de discutir con directivos de la empresa canadiense Goldcorp los términos de renovación del convenio de explotación y de exigir el cumplimiento de medidas para garantizar a la población salud y agua potable.
Cientos de habitantes del poblado de Carrizalillo decidieron bloquear este martes los accesos a las dos minas a cielo abierto (Los Filos y El Bermejal), así como la subterránea, que se localizan en un predio de aproximadamente mil hectáreas en la parte serrana del municipio de Eduardo Neri.
En esta zona no sólo la “fiebre del oro” emprendida por la empresa extranjera ha devastado el lugar provocando muerte y enfermedades, el área también se encuentra colapsada por la brutal confrontación entre bandas criminales por la disputa de este importante corredor de drogas de la región centro de la entidad.
Julio Peña Celso, integrante del consejo de vigilancia del comisariado de bienes ejidales, explicó que ayer concluyó el convenio de explotación suscrito en 2009 entre ejidatarios y representes de la empresa minera.
Este acuerdo se dio luego de una protesta que se prolongó por 93 días y, durante ese periodo, los pobladores impidieron la extracción de oro de sus tierras, acción que terminó por doblegar a los directivos de Goldcorp.
La minera comenzó a explotar la veta más grande de oro a escala nacional desde 2007, aunque llevaba 12 años en fase de exploración, y había incumplido con acuerdos pactados con los pobladores, negligencia que detonó la histórica movilización popular, explicó Peña Celso entrevistado en el lugar de la protesta.
Ahora los directivos de Goldcorp solicitaron al consejo la ampliación del periodo de explotación por 10 años más.
A cambio, se comprometieron entregar a los ejidatarios el monto equivalente a 3.5 onzas de oro anuales por cada hectárea explotada.
La propuesta de la empresa fue rechazada por los miembros del consejo, quienes reclaman la entrega de cuatro onzas de oro por hectárea al año y el cumplimiento de obras de infraestructura hidráulica para garantizar agua potable a la población.
También exigen la aplicación de medidas de seguridad en la extracción del mineral para evitar enfermedades que están padeciendo los habitantes, debido a la que la explotación a cielo abierto es considerada como devastadora para el medio ambiente y la salud.
La propuesta del consejo fue rechazada por los representantes de Goldcorp y el diálogo se encuentra suspendido, por lo que el movimiento para frenar los trabajos de extracción de oro continúa, señaló el líder ejidal.
Peña Celso indicó que la afectación al medio ambiente es evidente durante estos siete años de explotación minera en el ejido de Carrizalillo, así como las enfermedades relacionadas por el polvo y el agua de los mantos freáticos que se encuentra contaminados.
Como ejemplo, refirió que en el yacimiento a cielo abierto de El Bermejal, la empresa Goldcorp ha destruido una zona arqueológica de la cultura Mezcala, y las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sólo han guardado silencio.
La firma canadiense también ha devastado una reserva natural de aves endémicas y, en contraste, la Profepa ha galardonado a la minera con certificados de empresa responsable con el medio ambiente.
“Nosotros no queremos que se vaya la minera, pero sí demandamos un precio justo por la explotación de las tierras y que se haga responsable del daño ambiental y las afectaciones a la salud de las personas”, indicó Julio Peña.
La ruta del narco
La movilización de los pobladores de Carrizalillo se enmarca en el contexto de la disputa del corredor de drogas que conecta la sierra con la zona del río Mezcala y la región centro, pugna que tiene en jaque a la sociedad y a los propios directivos de la minera, quienes han denunciado ante autoridades estatales que están siendo extorsionados por los grupos criminales que mantienen el control de la zona.
Documentos oficiales refieren que en esta franja minera operan dos grupos afincados en los poblados de Mezcala y Amatitlán, quienes mantienen una confrontación por el control de este corredor de drogas y se les atribuye la ola de asesinatos, secuestros y robo de autos ocurridos en la zona.
Incluso, los informes indican que la serie de atentados y robos de vehículos a decenas de ciudadanos y funcionarios de los tres niveles de gobierno que se han registrado sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del poblado de Mezcala y el crucero de Casa Verde, es consecuencia de la lucha por esta plaza del municipio de Eduardo Neri.