7 de mayo de 2012
Arturo Rodríguez García
Personal de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Gobernación (Segob) fue sorprendido en plena persecución a activistas y familias de mineros fallecidos en la zona carbonífera de Coahuila.
A través de una serie de fotografías, los integrantes del organismo captaron a personal de inspección de la STPS, quienes empezaron a seguirlos el jueves desde temprano, aun cuando no iniciaban las actividades públicas del memorial y desayunaban en una taquería.
Desde ese momento, un vehículo Honda azul marino, matrícula FEX-98-11, del estado de Coahuila, persiguió los autos en los que viajaban miembros de la OFPC, quienes los detectaron por la carretera federal 57, muy cerca de Sabinas, Coahuila. Al detenerse en una gasolinera, el vehículo de los empleados federales regresó a esperar que arrancaran.
Luego, cuando acudieron a visitar el predio del pozo Binsa, para colocar unas cruces, se percataron de que el mismo vehículo con dos tripulantes, había pasado por el atropellado terreno y se estacionó a la distancia, en medio de la nada.
De acuerdo con los activistas, el vehículo pertenece Antonio Berlanga Adame, quien es el director de la oficina Federal del Trabajo en Sabinas. Inclusive, las dos personas que tripulaban el vehículo siguiendo a los activistas fueron identificados como inspectores federales del trabajo.
En el mismo lugar, un agente de la Secretaría de Gobernación, de nombre Martín Berlanga, estuvo fotografiando con insistencia a la activista Cristina Auerbach Benavides, quien en el pasado ha sido objeto de agresiones, publicadas en su oportunidad por esta agencia.
Auerbach Benavides fue agredida por primera vez, en relación al caso Pasta de Conchos, el 19 de junio de 2007, cuando al llegar a su domicilio particular, fue golpeada por varios sujetos, quienes la despojaron de sus teléfonos, equipos de cómputo y memorias de almacenamiento de información, así como del equipo para controlarse la diabetes.
El 9 de septiembre de 2008 Auerbach descubrió averías provocadas en su vehículo, al cual le aflojaron los birlos de manera deliberada, por lo que interpuso una denuncia.
En agosto de 2008, la revista Proceso publicó un reportaje en el que se detallaron los movimientos de espionaje del agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien desde febrero de 2006 se infiltró haciéndose pasar como reportero entre los deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos ese año.
Sánchez Ortega, además de sus descubiertas actividades de espionaje en Coahuila, estuvo implicado en las investigaciones por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en marzo de 1994, y se le llegó a considerar el segundo tirador.
La OFPC dejó en claro que el acoso de los empleados federales y del nuevo agente del Cisen, se enmarca en el contexto de “la campaña de difamación” que lanzó contra Auerbach el exsecretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón.
“Lamentamos la cortedad y pusilánime actuación de la STPS, así como de la Segob y de la PGR, pues los recursos utilizado deberían servir para garantizar los derechos, la seguridad de los ciudadanos y los trabajadores, no para hostigar a defensores de derechos humanos”, expuso la OFPC en un comunicado.
El organismo exigió que a la STPS una aclaración pública de lo ocurrido, además de que debe dar a conocer quién dio la orden al personal para hostigar a Auerbach y a los integrantes de la OFPC.
Debido a la acumulación de agresiones, Auerbach Benavides consiguió que se implementaran medidas cautelares para garantizar su seguridad, pero ni el gobierno federal ni el gobierno de Coahuila, responsables de hacerlo, han concretado el trámite que inició desde enero de 2011.
Cristina Auerbach Benavides es una activista defensora de derechos laborales fundamentales que ha apoyado diferentes movimientos sindicales y que, desde el siniestro en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, se solidarizó con los deudos y otras víctimas de la minería del carbón, hasta trasladar su domicilio del Distrito Federal a la zona carbonífera de Coahuila.
El 3 de mayo del año pasado 14 trabajadores perdieron la vida en un pocito de carbón donde laboraban sin las condiciones elementales de seguridad, ni prestaciones de ley. Del accidente en Pasta de Conchos a la fecha, han muerto más de 130 mineros por condiciones de inseguridad y en la región, el único organismo en la zona que ha denunciado la situación –incluida la explotación infantil— es la OFPC a la que pertenece Auerbach.