La jornadas de movilización en el marco del Paro Nacional y el Levantamiento ha sido una jornadas de exigencia activa y pacífica, enmarcada en nuestro derecho a la resistencia, a la participación, a la organización y a la libre expresión. Esta jornada de manifestación en la que hemos participado indígenas, sindicalistas, estudiantes, mujeres, médicos, jubilados y ciudadanos en general ha sido reprimida brutalmente por el estado ecuatoriano, dando como resultado varias personas heridas y decenas de detenidos en todo el país.
Repudiamos la represión y la violencia del Estado expresada de distintas formas. Rechazamos la presencia de personas infiltradas que generaron violencia en las calles, que según varios testimonios de personas manifestantes, pertenecerían a pandillas urbanas que se han pronunciado públicamente a favor del gobierno.
Responsabilizamos por la violación a los derechos de las personas que se han expresado de forma legítima.
Quito
30 personas fueron detenidas.
De estas, 23 fueron procesadas por flagrancia y 7, entre los que se encontraban Carlos Pérez, Salvador Quishpe, Katy Betancourt, fueron liberados, pero su detención fue arbitraria, ya que no estaban cometiendo ningún delito y nunca fueron puestos a orden de juez competente.
Es el caso también de Manuela Picq, periodista franco- brasileña, quien fue detenida de forma arbitraria e ilegal, llevada al hospital con resguardo policial, sin que ella pueda decidir sobre su movilidad y libertad, hasta el momento se mantiene con resguardo policial y el Ministerio de Exterior retiró su visa colocándola en situación irregular, y está a la espera de una audiencia de deportación.
De los 23 que fueron procesados por flagrancia, 6 son de la guardia indígena, los demás son jóvenes de otros movimientos y organizaciones de Quito. De los 23 que fueron procesados, 12 están en prisión preventiva y 11 fueron liberados y tiene medidas alternativas. De los 12 que están privados de la libertad, 1 es un compañero de Zamora y otro de Bolívar que eran de la seguridad indígena.
Todos son acusados de delito de Ataque o Resistencia, Art 283 del Código Integral Penal, que puede ser sancionado con 6 meses a 2 años de prisión. Norma que es inconstitucional porque el derecho a la resistencia es para proteger los derechos de las personas frente al poder, y no son derechos del estado. Este es un delito tan amplio, que cualquier persona que se manifieste en las calles podría ser acusada inconstitucionalmente.
Amazonia
Morona Santiago- Bomboiza
6 detenidos indígenas Shuar, uno de ellos, Presidente de la Asociación de Bomboiza, fueron detenidos y acusados por Ataque o Resistencia a la autoridad, Art 283 del Código Integral Penal. Fueron liberados con medidas sustitutivas.
1 niña herida por bomba lacrimógena está en el hospital.
Pastaza
30 detenidos, entre ellos dos menores de edad y una mujer de la tercera edad, quien denunció ser golpeada.
13 están siendo procesados. Algunos fueron liberados.
Azuay
3 detenidos, 2 son del Cantón Santa Isabel y 1 de Girón. Se les acusa del delito de Ataque o Resistencia, Art 283 Código Integral Penal.
Estas dos comunidades se oponen a la megaminería. Girón está impulsando una consulta popular para detener el proyecto minero en Kimsacocha.
Cotopaxi
10 detenidos, durante el desalojo en Chaski, a donde llegó el Ministro José Serrano, a comandar el operativo de represión, ordenando lanzar gases lacrimógenos, incluso desde el helicóptero, según testimonios de los manifestantes.
4 fueron procesados y los demás liberados. Como resultado de este operativo hay varios indígenas heridos, entre ellos, Luis Hernán Pallasco, presidente de la comuna Razu Yaku UNOCANC, quien perdió el ojo derecho por impacto de bomba lacrimógena.
Imbabura
5 detenidos en las jornadas del levantamiento.
Las comunidades expresaron su rechazo a la minería en Intag y en contra del cierre de las escuelas comunitarias.
— Comunicación CONAIE